El territorio mapuche ancestral, el Wallmapu, está compuesto por diferentes identidades territoriales, una de ellas, la tierra mapuche del cono sur del oeste, denominado como Gulumapu, hoy bajo el dominio de Chile, y el Puelmapu, la tierra mapuche del este en Argentina. En ambas zonas, los Estados anexaron mediante la violencia millones de hectáreas que pertenecían al pueblo mapuche, lo que ha provocado diversos episodios de reivindicaciones políticas.

En el caso de Argentina, principalmente las tierras de la Patagonia son objeto de disputa, donde las recuperaciones de comunidades indígenas, han sido catalogadas como “episodios de violencia y sedición como si estuvieran desconectadas de una larga historia de racismo estatal”, tal como indica el estudio Coordinación represiva contra el pueblo mapuche del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en cooperación con la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, publicado en octubre de este año.

La investigación del CELS, una organización no gubernamental argentina con sede en Buenos Aires, orientada a la promoción y defensa de los derechos humanos, da cuenta “cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas”.

"En Argentina se ha vuelto a poner en la discusión pública la cuestión de la violencia mapuche", dice Manuel Tufró director del área de Justicia y Seguridad del CELS.

Manuel Tufró director del área de Justicia y Seguridad de dicho centro, comenta a INTERFERENCIA que el estudio es el resultado de más de tres años en los que han reunido información. “Decidimos hacerlo público ahora, no solo por el valor histórico, sino por el contexto complicado que estamos viviendo en Argentina donde se vuelve a poner en la discusión pública la cuestión de la violencia mapuche”.

Sobre esto, el escrito indica que en la construcción de la imagen de los “mapuches violentos” en el caso de Argentina, “participan activamente tramas locales, con el apoyo de importantes medios de comunicación que en distintos momentos despliegan verdaderas campañas de miedo que, además, le dan alcance nacional a la cuestión. Esta estrategia es central para legitimar distintas formas de violencia contra formas de acción directa y también apuntala la ofensiva política, policial y judicial contra las múltiples comunidades que litigan por la tierra en Chubut, Río Negro y Neuquén”.

El modelo chileno

Según el documento quienes impulsan en la Argentina la idea de la “violencia mapuche” encontraron en la experiencia chilena “no sólo una fuente de inspiración sino un verdadero modelo, que intentaron aplicar desde 2016”. 

Herramientas penales extraordinarias que debilitan garantías; la militarización de los territorios y el espionaje ilegal son parte del "modelo chileno" según el estudio.

Manuel Tufró explica que el modelo chileno tiene al menos tres características: “Articula herramientas penales extraordinarias que debilitan garantías; en segundo lugar, la militarización de los territorios con el consecuente uso abusivo de la fuerza letal; y finalmente, el espionaje ilegal, incluyendo la fabricación de pruebas por parte de los servicios de inteligencia”.

“Este modelo viene asociado a una serie de construcción de relatos sobre la ‘violencia extrema mapuche’ y el ‘terrorismo’, lo que tiene consecuencias directas sobre los cuerpos de las comunidades y sus territorios. Para el caso argentino, y en Chile pasa algo similar, nos interesa destacar que toda esa discusión pública sobre la violencia mapuche, en realidad funciona como una coartada que permite no dar las discusiones importantes, que tiene que ver cómo van acceder a sus reclamos de autonomía y reivindicaciones, así los grupos con grandes intereses en las tierras de la Patagonia, puedan salirse con la suya digamos y que no se dé la discusión de fondo”. añade.

"Nos interesa destacar que toda esa discusión pública sobre la violencia mapuche, en realidad funciona como una coartada que permite no dar las discusiones de fondo", dice Manuel Tufró.

Trufó ejemplifica con la Ley Antiterrorista en Chile: “Aquí en Argentina se intentó utilizar lo mismo, no prosperó, pero sí el gobierno anterior promovió la figura de la flagrancia para detener personas en el momento que supuestamente estaban cometiendo delitos, estamos hablando en general de activistas y manifestantes, para poder detenerlos sin orden judicial. También el uso de servicios de inteligencia de manera ilegal, en el caso de de Chile, la causa Huracán ha mostrado el montaje, mientras que Argentina también han existido episodios de inteligencia ilegal”.

Inteligencia ilegal de Gendarmería y Carabineros

Otro elemento del informe tiene que ver con reuniones de funcionarios políticos, judiciales y de las fuerzas de seguridad de ambos países, cuando en 2017 los jefes de inteligencia de la Gendarmería Nacional Argentina mantuvieron un fluido contacto con los integrantes de la unidad de Carabineros, fuera del marco institucional.

“El secuestro del celular del ex mayor Patricio Marín Lazo, que en 2017 era jefe de la UIOE en la Araucanía, permitió conocer sus frecuentes comunicaciones con al menos dos importantes funcionarios de la Gendarmería argentina: el ex comandante mayor de Gendarmería Nacional Jorge Antonio Domínguez, por entonces director de Inteligencia Criminal, y el ex comandante Rafael Antonio Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia, subordinado a Domínguez. Estas comunicaciones sucedían a través de aplicaciones de mensajería y con un alto nivel de informalidad”.

El informe señala que las reuniones entre funcionarios de Argentina y Chile, transmitieron una manera de entender el conflicto de parte de los Carabineros hacia los gendarmes. 

También se relata cuando los funcionarios de Gendarmería estuvieron en Chile en enero de 2017. “Volvieron a reunirse a mediados de agosto, cuando ya había ocurrido la desaparición de Santiago Maldonado. Entre el 14 y el 16 de ese mes se llevó a cabo una reunión en Temuco de la que participaron los jefes de la inteligencia de Gendarmería, Domínguez y Benz, y el jefe de inteligencia de la región Araucanía de Carabineros, Marín Lazo, entre otros. CIPER accedió a la minuta de esa reunión”. Y la “Operación Andes”, la cual interesó al gobierno argentino, “que veía en ella la oportunidad de darle existencia real a la idea del terrorismo mapuche transfronterizo”.

El informe señala que esas reuniones no sólo evidenciaron el traspaso de información puntual, sino la transmisión de toda una manera de entender el conflicto de parte de los Carabineros hacia los gendarmes. 

El caso del lonko Facundo Jones Huala

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el lonko mapuche argentino Facundo Jones Huala, fue sentenciado a nueve año de prisión, acusado por tenencia de armas y por ser considerado partícipe en un ataque incendiario en el fundo Pisu Pisué, en la Región de Los Ríos, en 2013, hoy cumple condena en la cárcel de Temuco.

Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, este caso es importante “no solo se articuló intercambio más fluido entre fuerzas de seguridad y de servicios de inteligencia de los dos países, sino que aquí en Argentina las comunidades que han apoyado al lonko y a su familia, han sido de las más castigadas por la represión”.

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Facundo Jones Huala. Imagen Radio Universidad de Chile.

“Los tránsitos de Facundo de Chile a Argentina han sido uno de los argumentos que más se han utilizado aquí para establecer esa idea que hay organizaciones terroristas transnacionales, y que Facundo sería una de las encarnaciones de ese fenómeno que no ha sido comprobado judicialmente. Su persecución, extradición, ha sido bastante irregular. Aqui en Argentina se dieron todo tipo de episodios, desde torturas a testigos para que delataran, incumpliendo los pedidos de organismos internacionales de que no se suspendiera la extradición hasta que se esclarecieran situaciones, creo que en ese caso se puede ver como funciona este modelo en ambos lados de la cordillera”.

"En Argentina las comunidades que han apoyado al lonko y a su familia, han sido de las más castigadas por la represión", dice Manuel Tufró.

En octubre de este año, por medio de un comunicado, Facundo Jones Huala, luego que se le negara la libertad condicional, acusó a representantes del gobierno Argentino de intervenir en sus audiencias “para forzar al Poder Judicial chileno e impedir que pudiera acceder al beneficio carcelario. La independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina. ¿Qué dudas caben de la prisión política? Y no vengo a llorar, sino a decir las cosas como son”, manifestó.

Finalmente, respecto al actual estado de excepción en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío y las provincias de Cautín y Malleco en la Región de La Araucanía, decretado por el Presidente Sebastián Piñera el 12 de octubre, y que el 9 de noviembre fue prorrogado por 15 días aprobado por el Senado, Tufró sostiene que “este tipo de decisiones lo que hacen es empeorar la situación”.

“Me parece que tienen todo el sentido las demandas de actores políticos y comunidades de terminar con la militarización no solamente con esta fase aguda, sino con la que viene hace varios años, con zonas fuertemente militarizadas, operativos en zonas rurales como si fueran zonas ocupadas. Todo eso retroalimenta violencia, suscribimos también con el pedido de terminar con militarización en Wallmapu y abordar una política de diálogo, pero no cómo sucede en Argentina, un diálogo estancado, que genera nuevas frustraciones, tiene que haber decisiones de fondo, soluciones reales para abordar los conflictos”, concluye el director del área de Justicia y Seguridad del CELS.