La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló una inquietante disminución del afecto ciudadano con la democracia, con solo un 49% que la considera “preferible a cualquier otra forma de gobierno”. Un cuarto de los encuestados dice que le da lo mismo si el régimen es autoritario o democrático y un 19% cree que a veces es mejor el primero. Cuando se pregunta qué tan bien funciona la democracia, el 36% opina que mal o muy mal y casi la mitad dice que regular.

"La opinión pública está diciendo que su miedo a ser víctima del crimen se suma a tantos otros miedos como enfermarse, envejecer y carecer de una educación que permita superar la exclusión social".

La buena noticia es que se trata solo de un episodio, porque la trayectoria de esta medición indica que en Chile suele haber un aprecio importante a la democracia, que incluso ha superado el 55% de valoración en la mayoría de las encuestas del Latinobarómetro -trece veces de un total de un total de 22 mediciones desde 1995-. De hecho, el declive de valoración democrática conocido esta semana no es el primero ni el peor, pues en 2001 bajó a 45% y en 2007 cayó a 46%. Justamente estos lamentables retrocesos muestran que la tendencia autoritaria es una excepción que confirma la regla en un país de demócratas.

El desafecto hacia la democracia puede ser en realidad una demanda de mejor democracia, una expresión de insatisfacción por la incapacidad del sistema político de responder a las crisis de seguridad sanitaria, de seguridad económica y de seguridad pública. Esa es la verdadera alerta que levantan estas cifras; la democracia representativa se deprecia cuando los y las “representantes” se comportan como elites ensimismadas o mezquinas y cuando enarbolan agendas legítimas pero excluyentes.

Cuando la CEP pregunta por los principales problemas del país, la delincuencia sobresale con un 60% de menciones, pero la suma de otros desafíos sociales como la salud (32%), las pensiones (31%) y la educación (26%) supera a la delincuencia. La opinión pública está diciendo que su miedo a ser víctima del crimen se suma a tantos otros miedos como enfermarse, envejecer y carecer de una educación que permita superar la exclusión social.

Sin embargo, la política está lejos de responder a esta demanda. Con injustificada soberbia, la oposición actúa como si el triunfo del rechazo fuera un mandato para el sabotaje a la administración de Gabriel Boric. A su turno, el gobierno confundido y errático, se toma demasiado tiempo en rehacer su hoja de ruta tras el plebiscito de septiembre. Ambos parecen pasar por alto que los momentos de inclinación conservadora y autoritaria son más emocionales que estructurales. Los chilenos no alteran de la noche a la mañana sus valores, pero en situaciones de crisis lo que necesitan las personas son certezas. Por eso reaccionan negativamente cuando reciben de la política y de las instituciones solo señales de inestabilidad.

"Más encima, el “recordatorio” de la Corte Suprema sobre la separación de poderes demostró una hipersensibilidad que no había tenido frente a comentarios hostiles de otros presidentes en el pasado".

La falta de oportunidad y las fallas en la comunicación también conspiran en este clima de incertidumbre. Por ejemplo, que un gobierno cumpla con sus compromisos de campaña es un valor, pero sus promesas deben materializarse con rigurosidad, en el momento apropiado y con el relato correcto. No cabe duda que el Presidente cometió un grave error para determinar cuándo debía ejercer su facultad de indultar e improvisar luego una explicación en código de dirigente político y no de Primer Mandatario. No obstante, como el indulto es una institución jurídica y política legítima, nada justifica la actuación de trinchera con que la derecha decide desahuciar el acuerdo nacional por la seguridad y amenazar incluso con acusaciones constitucionales al Primer Mandatario.

Más encima, el “recordatorio” de la Corte Suprema sobre la separación de poderes demostró una hipersensibilidad que no había tenido frente a comentarios hostiles de otros presidentes en el pasado. Más que proteger el Estado de Derecho, queda la impresión de que los “supremos” pretendieron recordar su poderío e influencia en las decisiones públicas y, por qué no, vengar la defensa gubernamental a una propuesta de constitución que creaba el Consejo de Justicia.

La misma defensa corporativa y política pequeña que hemos visto en el Senado por el nombramiento del fiscal nacional, con acciones que sobrepasan cualquier medida de la prudencia, precisamente en relación a la institución más relevante en la lucha contra el crimen. La disputa por los intereses individuales de cada senador y la incapacidad del Ejecutivo para contenerlos, finalmente terminará imponiendo al candidato del establishment, a costa de un creciente desprestigio de las instituciones.

Desde la galería de este espectáculo, la ciudadanía responde de la única manera que le permite su agobio económico: con pullas a la democracia. Cuando el CEP pregunta a sus encuestados si se sienten representados por la frase “a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario”, un 25 por ciento responde afirmativamente.

"Cuando el sistema político no entiende que le están demandando más y mejor democracia se abren las puertas a líderes populistas, dispuestos a utilizar el malestar ciudadano para destruir las instituciones".

Es probable que por eso el informe de la última encuesta regional del Latinobarómetro 2021 explica que la ciudadanía de los países de la región expresa un rechazo a las “democracias capturadas”, es decir, recela de unas élites políticas y económicas que defienden sus intereses en desmedro de las personas. Tal es la desconfianza, que desde 2009 en América Latina se manifiesta una creciente percepción que se gobierna para los intereses de unos pocos, fenómeno que en Chile llegó al 81%, superando la media regional de 73% .

Cuando el sistema político no entiende que le están demandando más y mejor democracia se abren las puertas a líderes populistas, dispuestos a utilizar el malestar ciudadano para destruir las instituciones, concentrar el poder y obtener riquezas personales. Y en la actual política chilena hay varios candidatos y candidatas disponibles para aquello.