¿Qué hacen 500 empresarios y ejecutivos de las grandes compañías del país en el centro financiero de Europa reunidos con las autoridades nacionales? Sin registro de lobby de por medio, pues los encuentros fuera del territorio nacional no lo requieren, lo más granado de gerentes y directivos de las principales compañías chilenas, junto a las mayores autoridades económicas, se dieron cita en Londres el jueves y viernes de la semana pasada. Regulados y reguladores en un mismo evento.

El llamado “Chile Day” (Día de Chile) se estrenó en 2008 en Wall Street, Nueva York, y desde 2011 se realiza en Londres. La idea de esta iniciativa pública-privada ha sido “vender” a los grandes fondos extranjeros las ventajas de inversión que ofrece nuestro país.

A más de 11.000 kilómetros de Santiago -y sin tener que rendir cuentas al Congreso o a la prensa chilena, ni tener que registrarse por la Ley de Lobby- los ejecutivos de las AFP, bancos y aseguradoras tuvieron acceso libre para intercambiar ideas y propuestas legislativas con las autoridades.

Fue en ese contexto que la Superintendencia de Pensiones, liderada por Osvaldo Macías, encabezó un encuentro con las AFP y otros empresarios para darles a conocer detalles del proyecto de reforma al sistema de pensiones.

Así, mientras millones de chilenos sufren con las bajas pensiones que reciben, este grupo analizaba en Londres a puertas cerradas el futuro de un sistema de cotización que ha sido rechazado por cientos de miles de chilenos que han marchado en las concentraciones convocadas por el movimiento No + AFP.

Los máximos ejecutivos de la industria no quedaron conformes con que el gobierno sólo aspirara a mantener el status quo. Después de todo, ellos han sido foco de una fuerte crítica ciudadana en los últimos años.

El único medio que tuvo acceso a esa reunión que podría definir el futuro de jubilación del país fue El Mercurio. Curiosamente, fue ese diario el que informó que se trataba de un “encuentro cerrado a la prensa, al que tuvo acceso”.

A comienzos de octubre el gobierno de Sebastián Piñera ingresará al Congreso el proyecto que reformará el sistema de pensiones. Uno de los grandes desafíos para La Moneda será elevar de manera sustancial las jubilaciones. En enero de 2017 el monto promedio que entregaban las AFP a los retirados apenas superaba los 190.000 pesos, según datos de la superintendencia.

De todos modos, las reuniones sin registro de lobby entre autoridades públicas y representantes de las AFP en el extranjero no son nuevas. En octubre de 2015, el ministro de Hacienda de Bachelet, Rodrigo Valdés, hizo un viaje relámpago a Nueva York para reunirse con inversionistas. En marzo de 2016, en la comisión investigadora por la fusión de Cuprum Argentum, Valdés reconoció que en dicho viaje se reunió con ejecutivos del grupo Principal, el mismo que adquirió Cuprum al grupo Penta y cuya operación generó una ácida polémica por los beneficios tributarios que obtuvo la firma estadounidense. Fue tanta la polémica que a inicios de 2016 tuvo que renunciar la superintendenta de pensiones Tamara Agnic, quien había visado la operación. (Ver: http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/03/09/el-desconocido-rol-de-rodrigo-valdes-en-la-polemica-fusion-afp-cuprum-argentum-baj/ )

La cofradía londinense

En Londres, el superintendente Macías se dio tiempo para conversar con las gestoras privadas y contarles cómo venía la mano en la reforma de pensiones. Reafirmó a los asistentes a la reunión que el gobierno descartaba cualquier cambio de fondo al sistema, como volver a un sistema de reparto o destinar parte del 4% que se agregará al actual 10% que hoy ahorran las personas a un fondo solidario, como propuso Bachelet el año pasado.

Los máximos ejecutivos de la industria no quedaron conformes con que el gobierno sólo aspirara a mantener el status quo. Después de todo, ellos han sido foco de una fuerte crítica ciudadana en los últimos años.

En la reunión a puertas cerradas el presidente de la AFP Habitat, Cristián Rodríguez, cuestionó a Macías, pues a su juicio la propuesta del superintendente no soluciona los problemas de fondo. Esa interpelación no fue conocida en Chile ni mencionada en la cobertura de El Mercurio. INTERFERENCIA tuvo acceso a escuchar partes del audio de esa cita, donde Rodríguez le propone a Macías que un grupo de afiliados, aquellos con menos de 10 años de cotizaciones, puedan retirar parte o todo de sus fondos.

Rodríguez le recordó a Macías que más del 40% de las personas que se pensionaron en 2017 había cotizado en un AFP menos de 10 años. El periodo es escuálido porque normalmente una persona que se jubila trabaja 30 a 40 años. Pero en un mercado laboral precario como el chileno, el incentivo es a que las empresas reduzcan costos y que la gente prioriza su sueldo antes que su ahorro para la vejez.

“Aunque aumente la pensión en un 40% en el futuro para todos, hablamos de pensiones de 30.000 a 45.000 pesos y eso no soluciona el problema. Sería bueno hacer la devolución en vez de estar pagando pensiones de 5.000 pesos mensuales", dijo Rodríguez. 

Rodríguez, respaldado por el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, advirtió a Macías que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que imposiciones por menos de 10 años no califican como cotización y, por ende, no son válidas para pagar una pensión.

Lo cierto es que la preocupación de Rodríguez y las AFP por las definiciones de la OIT no son una mera inquietud por el futuro de las pensiones. En 2015, la llamada Comisión Bravo –que organizó la ex Presidenta Bachelet– emitió un informe donde realizaba un crudo análisis de la realidad de las jubilaciones. Según sus números las pensiones autofinanciadas, es decir sin aportes del Estado, apenas pasaban los 100 mil pesos y son las AFP, las que deben enfrentar la crítica pública pues ante ellas se jubilan los afiliados.

Como se trata de un promedio, allí están metidos todo tipo de pensiones. Y en ese promedio influye la jubilación que obtienen personas que han cotizado poco o nada. Entre ellas el señalado grupo de trabajadores y trabajadores que impusieron menos de 10 años.

Los audios revelan que Rodríguez le propone a Macías que los contribuyentes que no hayan alcanzado los 10 años de cotizaciones no se transformen en pensiones, y que simplemente se les devuelva el dinero.

Se trata de una jugada inteligente. Con ello las AFP no sólo podrían dejar contento a esa parte de la población, sino que de paso el promedio matemático de las pensiones podría subir de manera sustancial, mejorando la imagen de estos fondos. El peligro, advierten personas que participaron de la junta, es que esta medida abra las compuertas para un “escenario peruano”. El superintendente habría sido el más reacio a esta fórmula, por temor a que todo el sistema se pueda desplomar si se abre esa compuerta.

El temido escenario peruano

La insólita escena de que una AFP le diga al gobierno que permita a algunos ahorrantes retirar sus dineros, pero que la propia autoridad se niegue a considerarlo, no es nueva en la región.

Jaime Delgado, un ex congresista de Perú, fue el artífice del proyecto de ley que permitió a los peruanos retirar hasta un 95% de sus ahorros a la hora de jubilarse, y retirar incluso mucho antes del retiro hasta un 25% de los mismos para decidir por su propia cuenta en qué invertirlo.

“La clave de lo que hicimos fue que estábamos en periodo electoral y la propuesta tuvo tanto apoyo a nivel ciudadano, que ni siquiera el fujimorismo pudo oponerse”, afirma a INTERFERENCIA el ex parlamentario que hoy lidera una de las mayores organizaciones de consumidores en el país andino.

Las AFP de Perú y el entonces presidente Ollanta Humala temían que, si se aprobaba una propuesta así, las personas se gastarían su dinero rápidamente y luego acudirían al Estado para asistirlos. Pero sucedió todo lo contrario. Miles de peruanos han ejercido el derecho que les otorgó la ley y han invertido sus dineros en distintos instrumentos, como depósitos a plazo, obteniendo incluso retornos superiores a los que tenían en las AFP, asegura Delgado. Otros, afirma el ex congresista, han usado su dinero como pie para comprarse una casa o departamento.

Se estima que desde 2016, cuando comenzó a implementarse la ley, se han retirado más de US$ 800 millones sin generar, al parecer, una crisis de ahorro en Perú.