El pasado lunes 10 de abril se cumplió una fecha importante para el funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y ex dirigente sindical de la institución, Luis Guerrero. Ese día ocurrió la primera audiencia de formalización en contra del carabinero que le disparó una lacrimógena el 6 de diciembre del 2019, mientras él ejercía sus funciones como observador de derechos humanos en una de las manifestaciones en el contexto del estallido social.

A tres años y cinco meses de ocurrido el incidente, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público formalizó al funcionario de Carabineros que disparó, por el delito de apremios ilegítimos que perpetró en contra de un funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y aunque el INDH y el Ministerio Público, la víctima, Luis Guerrero, busca ir más allá, al acusar al uniformado de homicidio frustrado por su causa.

En entrevista con INTERFERENCIA, Guerrero cuenta estar satisfecho con el avance del proceso judicial, pero reconoce que su caso ha demorado.

Desde el pasado lunes, el suboficial Eduardo Guamparito Sarmiento quedó con arraigo nacional, firma mensual, obligación de informar cualquier nueva destinación, prohibición de acercarse a la víctima, su familia y domicilio, y arresto domiciliario nocturno. Además, se abrió un plazo de 120 días para la investigación.

En entrevista con INTERFERENCIA, Guerrero cuenta estar satisfecho con el avance del proceso judicial, pero reconoce que su caso ha demorado, mientras que otros casos ocurridos durante el estallido social, que no involucraban a uniformados, avanzaron mucho más rápido.

“A tres años y cinco meses de ocurrido el ataque en mi contra, recién tenemos la primera audiencia del juicio, la audiencia de formalización. Uno se pregunta por qué si las personas que se manifestaban en el mismo periodo fueron imputadas, condenadas, yo recién estoy en la primera audiencia a mi agresor. Sabiendo que la justicia qué no se ejerce en el momento que corresponde es injusta”, opina Guerrero.

“Uno ve una demora de parte del persecutor, que es un diseño de cómo llevar estas causas, a la larga permite perpetuar la impunidad”, agrega.

Brazo lesionado de Guerrero tras disparo de lacrimógena.

Brazo lesionado de Guerrero tras disparo de lacrimógena.

El impacto de la lacrimógena que lo golpeó en el brazo izquierdo lo mantuvo lesionado por años y con secuelas no sólo físicas, sino también psicológicas. En medio de este proceso, Guerrero también participó como dirigente sindical en una de las asociaciones de funcionarios del INDH, cargo que dejó hace unos meses para dedicarle más tiempo a su caso judicial.

“A mi me interesa obtener una condena justa y razonable por este hecho, que atienda la gravedad de la situación y los riesgos qué pudiese haber provocado en la vida, en este caso mía o de cualquier persona también, esa práctica dolosa. A mi me dispararon al cuerpo, y el protocolo establece qué se deben disparar a un ángulo de 45 grados”, comenta Guerrero.

"Tras caer, no recibí ayuda de los uniformados. Mi querella se distancia de la que hacen la Fiscalía y el INDH, que es por apremios ilegítimos, porque yo planteo que aquí se cometió un homicidio frustrado”, afirma.

Guerrero se encontraba cumpliendo sus funciones como observador de derechos humanos, en el contexto de su trabajo como funcionario del INDH, cuando ese 6 de diciembre del 2019, desde una tanqueta de carabineros, el uniformado Guamparito Sarmiento, encargado de manejar el arma de lacrimógenas en ese carro, disparó directamente a su cuerpo a 38 metros de distancia, impactando una lacrimógena en su brazo izquierdo.

“Fue un impacto muy fuerte en mi brazo izquierdo, que quedó grabado por mi cámara y la de mis compañeros. Tampoco recibí ayuda de los uniformados. Mi querella se distancia de la que hacen la Fiscalía y el INDH, que es por apremios ilegítimos, porque yo planteo que aquí se cometió un homicidio frustrado”, afirma.

Guerrero cree que el avance en su caso puede establecer un precedente para que otros casos de funcionarios del INDH, que también sufrieron algún tipo de lesión por parte de uniformados, puedan avanzar en tribunales. Su caso, al menos, es el primero que involucra a un funcionario del INDH como víctima que ha avanzando a esta etapa de formalización del acusado.

“En el parlamento se está discutiendo un proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza de Carabineros, vale decir, que la fuerza que ejercen no sea en base a un  protocolo qué ellos mismos se otorgan, sino fijada por ley.  En ese contexto este proyecto tiene la posibilidad de fijar prohibición absoluta de la agresión a defensores de los derechos humanos y creo que mi caso puede aportar antecedentes para que ese proyecto avance”, reflexiona Luis Guerrero.

El funcionario afirma, además, sentirse respaldado por el INDH, quienes emitieron un comunicado con el resultado de la formalización el lunes pasado.

“Sergio Micco, como director del INDH, en realidad nunca condenó este hecho, nunca condenó qué hayan agredido a un funcionario del INDH ejerciendo la labor pública. Ahora uno puede ver una reacción distinta de parte de la dirección”, valora.