La libre elección en el ejercicio del derecho a la salud fue uno de los debates más acalorados de la comisión de expertos constitucionales. Mientras los juristas de la derecha bregaron por consagrar esa supuesta libertad en el anteproyecto de la nueva Constitución, los dueños de las Isapres siguieron demoliéndola, hasta convertirse en símbolos del fracaso del sector privado en la provisión de derechos sociales.

La fantasía de la libre elección ha sido una cautivante droga para aliviar la enfermedad de la segregación en materia de educación y seguridad social. Incluso para la minoría que realmente pudo ascender desde las catacumbas del sector público al pináculo del privado, la libertad ha resultado ser un gran fraude.

Bien lo saben los 300 mil enfermos que se atienden por GES en prestadores privados y sufren la incertidumbre sobre el destino de su tratamiento, gracias a la ineficiente administración de sus aseguradoras de salud que, para colmo, los utiliza como rehenes para salvar a su industria del imperio de la Ley. 

Los afiliados enfermos de los que siempre han querido deshacerse, ahora son un valioso escudo humano para proteger a las isapres del fallo de la Corte Suprema que los obliga a devolver cobros excesivos y a cumplir la tabla única de factores.

El sistema estaba condenado al fracaso por las deficiencias estructurales de su propia codicia y mediocridad. Logró mantenerse a flote evitando regulaciones razonables, a través de la captura de políticos por la vía del financiamiento de sus campañas y cupos en sus directorios. Los mismos políticos que han presentado una reforma constitucional para ahorrarle a las isapres el cumplimiento de sus obligaciones. 

Si la futura Constitución “protege la libre elección” del sistema de salud, como desea la derecha, el mercado seguirá segmentando a las personas por su ingreso, porque el 80% de la población no ejerce esa libertad pese a que su ley fundamental se la promete. 

Y para los afortunados que pueden elegir dónde cotizar, la ilusión también es falsa, porque la propia Ley permite su secuestro como “cotizante cautivo”, es decir, su género, su edad, sus enfermedades o las de sus familiares le impiden cambiarse de Isapre. El artículo 170 del DFL Nº1 del año 2005 define expresamente al cotizante cautivo como aquel “cuya voluntad se ve seriamente afectada por razones de edad, sexo o por la ocurrencia de antecedentes de Salud”. Dicho en simple, usted puede optar por la cárcel que prefiera. 

La libertad que nos concede el sistema de salud consiste en dejar fuera al 80% de la población y apropiarse de la voluntad del 20% de mayores ingresos, que queda encarcelado tras las rejas de sus vulnerabilidades y preexistencias.

La realidad indica que la única libertad de los afiliados de las isapres es la de irse a Fonasa cuando no pueden pagar sus planes. Esa es la decisión libre y soberana que han tomado en el último año y medio cerca de 550 mil personas, según la superintendencia de Isapres. A este ritmo, y con el actual maltrato de las aseguradoras a sus cotizantes, en menos de 6 años podrían migrar a Fonasa los 3 millones de usuarios que quedan; sin mediar quiebras, leyes cortas ni campañas del terror, sino por la sola mano invisible del mercado, que encuentra en el Estado una relación precio/calidad mucho más razonable.

Los usuarios que transitan desde las isapres a Fonasa pueden acceder a las mismas clínicas y centros médicos que los atendían cuando “eran libres” y tienen la posibilidad de mitigar el encarecimiento de la atención con seguros complementarios. 

Pero es ahí donde aparecen los otros rehenes de las isapres, los prestadores privados, a los que le deben más de 500 mil millones de pesos; aunque varios son de los mismos dueños de las aseguradoras. Como ha escrito el economista David Debrott “el verdadero problema de esta crisis del sistema de seguros privados de salud, subsidiados por la cotización obligatoria de la seguridad social, es que se transforme en una crisis sanitaria, por sus consecuencias en la situación financiera de los prestadores privados y hacia la atención en el sistema público, así como una crisis política que afecte al gobierno”.

Esta situación no partió con el fallo de la Corte Suprema, sino con la propia ineficiencia de las aseguradoras privadas, cuyas exorbitantes utilidades se diluyeron “aguas arriba”, en los grupos económicos que las sostienen, hasta que las secuelas de la pandemia y su propia ineficiencia llevó las pérdidas “aguas abajo”, o sea, a los cotizantes y a la sociedad entera.  

A pesar de gozar del subsidio de la cotización obligatoria descontada por planilla a los trabajadores, el gasto de administración y ventas de las isapres fluctúa entre el 12% y el  24% del total de sus ingresos, mientras el despreciado Estado desembolsa, a través de Fonasa, apenas el 1% en administración, para atender a 5 veces más usuarios. 

El sistema estaba condenado al fracaso por las deficiencias estructurales de su propia codicia y mediocridad. Logró mantenerse a flote evitando regulaciones razonables, a través de la captura de políticos por la vía del financiamiento de sus campañas y cupos en sus directorios. Los mismos políticos que han presentado una reforma constitucional para ahorrarle a las isapres el cumplimiento de sus obligaciones. 

Dejaron pasar 2 millones de recursos de protección perdidos en 15 años y una década de incumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional que desahució a las tablas de factores. Otros tres años transcurrieron sin cumplir la nueva tabla única definida por la Superintendencia de isapres en 2019. Pero en lugar de contener costos, siguieron elevando sus planes. Como eso tampoco era suficiente, solicitaron liberar las garantías que protegen a la sociedad de un mal sistema de salud privada. 

Esas garantías son los depósitos que deben hacer las isapres en entidades financieras, equivalentes a sus deudas con prestadores y beneficiarios. Pero como la libertad es suprema, la ley les permite solicitar la recuperación de parte de las garantías. Y por supuesto, usaron esa libertad en el último año del Gobierno de Sebastián Piñera, cuando obtuvieron la autorización para recuperar 77 mil millones de pesos, sin haber saldado ni un centavo de sus deudas.

Así llegamos a la actual crisis sistémica, frente a la cual las isapres adoptan la estrategia de los camioneros. El gremio del trasporte de carga obtiene sus prebendas bloqueando carreteras y desabasteciendo a la población. Este otro gremio es aún peor: amenaza la vida de los chilenos y culpa de la desgracia al Estado… el único que ha hecho su trabajo.