La participación ciudadana en el nuevo proceso constitucional está en marcha con la publicación de las casi 1.300 iniciativas populares de norma declaradas admisibles el pasado 23 de junio. Estas iniciativas ciudadanas pretenden añadir un nuevo artículo o modificar uno existente dentro del anteproyecto de constitución entregado por el Comité de Expertos al Consejo Constitucional el 5 de junio pasado.

Para entrar a la discusión constitucional, cada iniciativa popular de norma (IPN) deberá reunir 10.000 firmas, en al menos cuatro regiones distintas. Cada persona puede apoyar hasta 10 iniciativas dentro del plazo dado desde el 23 de junio al 7 de julio. Vale decir, 15 días.

Ahora bien, a menos de una semana del término de plazo, sólo tres iniciativas han conseguido los 10.000 apoyos necesarios para ingresar a discusión en el Consejo.

Este jueves lo logró ‘Con mi plata no’, iniciativa que se discutió durante la Convención Constitucional, cuando reunió 60.000 firmas en un mes. Y el viernes pasado lo consiguió ‘Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno’, iniciativa originada desde una corporación ligada al ex convencional Alfredo Moreno Echeverría (UDI).

Este jueves lo logró ‘Con mi plata no’, iniciativa que se discutió durante la Convención Constitucional, cuando reunió 60 mil firmas en un mes. Y el viernes pasado lo consiguió ‘Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno’, iniciativa originada desde una corporación ligada al ex convencional Alfredo Moreno Echeverría (UDI).

Hace pocas horas también consiguió las firmas necesarias ‘Chile por los animales’, iniciativa presentada por la Fundación Derecho y Defensa Animal.

Al momento de la redacción de esta nota la lista la completan ‘Por un estado sin pitutos’, con 9.900 firmas y ‘Una policía que nos proteja’, con 8.000 firmas. Por lo que, hasta ahora, sólo cinco IPN se perfilan para lograr el umbral de los 10.000 apoyos.

Si bien queda tiempo, el interés y la participación ciudadana ha sido claramente inferior al proceso constitucional pasado, que con un periodo de recolección de firmas de dos meses consiguió la aprobación de 78 iniciativas populares de norma, que además, requerían de un número mayor de firmas, 15.000.

En general, el proceso de democracia directa de la Convención Constitucional contó con 2,8 millones de firmas de parte de 980.000 personas, las que apoyaron un total de 2.456 iniciativas publicadas.

Al momento de la redacción de esta nota la lista la completan ‘Por un estado sin pitutos’, con 9.900 firmas y ‘Una policía que nos proteja’, con 8.000 firmas. Por lo que, hasta ahora, sólo cinco IPN se perfilan para lograr el umbral de los 10.000 apoyos.

En tanto, en el presente Proceso Constitucional, las IPNs han conseguido 71.000 participantes y 118.000 firmas. Vale decir, sustantivamente menos participación y menos apoyo.

La derecha descubre la democracia directa parte 2

Al igual que en el proceso anterior, en el que Interferencia publicó el artículo La derecha descubre la democracia directa…, este nuevo proceso de iniciativas populares está marcado por la preeminencia de las propuestas de derecha.

Hasta ahora la iniciativa con más firmas es ‘Con mi plata no’, presentada por Constanza Burnier en nombre de la organización Con mi plata no. Cabe señalar que esta propuesta nació al calor de la discusión por la propiedad de los fondos previsionales durante la Convención Constituyente y los retiros del 10% de las AFP.

En aquella ocasión el asesor del entonces convencional, Bernardo Fontaine, y fundador de la Centro Derecha Universitaria, Francisco Orrego, era la cara más visible del movimiento. A diferencia de los apoyos, en su sitio web Con mi plata no afirma haber recolectado 128.000 firmas “para defender tus ahorros y cotizaciones”.

Otra iniciativa de la derecha que entrará al Consejo Constitucional es ‘Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno’. Esta IPN fue presentada por la corporación Vive Chile Rural, a nombre de Claudio Aravena Flores, quien es tesorero de la Federación Deportiva Nacional de Rodeo.

Otra iniciativa de la derecha que entrará al Consejo Constitucional es ‘Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno’. Esta IPN fue presentada por la corporación Vive Chile Rural, a nombre de Claudio Aravena Flores, quien es tesorero de la Federación Deportiva Nacional de Rodeo.

Durante el proceso anterior, el ex convencional Alfredo Moreno Echeverría presentó su candidatura, siendo presentado en La Tercera como presidente de la corporación Vive Chile Rural. Al momento de esta publicación, el sitio web de vivechilerural.cl se encuentra caído.

Una IPN coyuntural al caso Democracia Viva que está pronta a lograr las 10 mil firmas es ‘Por un estado sin pitutos’, presentada por los centros de pensamiento liberal Pivotes, Horizontal e IdeaPaís.

El primero de ellos, Fundación Pivotes, es presidido por Bernardo Larraín Matte, ex presidente de la Sociedad del Fomento Fabril (Sofofa) y líder del clan Matte, dueños de la generadora Colbún y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC).

De perfil más político es el centro Horizontal, en el que se encuentran varios ex ministros de Piñera: Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Enrique Paris, Pauline Kantor, además del ex convencional de Evópoli, Hernán Larraín Matte. 

De perfil más político es el centro Horizontal, en el que se encuentran varios ex ministros de Piñera: Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Enrique Paris, Pauline Kantor, además del ex convencional de Evópoli, Hernán Larraín Matte.

Como colaborador asociado del centro promotor de ‘Por un estado sin pitutos’ se encuentra Benjamín Salas Kantor, hijo de la ex ministra del Deporte de Piñera, durante cuyo mandato fue uno de los asesores más importantes del segundo piso de La Moneda. Actualmente, Salas es abogado de Foley Hoag, bufete que fue elegido por el gobierno de Piñera para ser la defensa de Chile en una de las causas de arbitraje internacional que enfrenta el país ante el Ciadi, del Banco Mundial.

En una línea política más discreta se encuentra ‘Una policía que nos proteja’. Se trata de una iniciativa elevada por el grupo Yo Apoyo a Carabineros (YAAC), representada por Luis Baeza Valenzuela, quien fuera parte de La Coordinadora, una organización de dirigentes políticos de bajo perfil ligados a los gobiernos de Piñera. (Lea el artículo El ADN partidista y piñerista de la 'Franja Ciudadana por el Rechazo').

En el caso de Baeza -quien fuera director de acción territorial de La Coordinadora- durante los gobiernos de derecha fue asesor del gabinete de Julio Isamit en Bienes Nacionales, asesor de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, Bárbara Soto (UDI), y coordinador de la Unidad de Vinculación durante la alcaldía de Felipe Alessandri (RN) en Santiago.

La iniciativa de YAAC plantea agregar al proyecto de nueva constitución que el empleo de la fuerza de Carabineros esté “amparada por el Estado de Derecho y exenta de responsabilidad penal”. Especialmente, para “la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber”.