En la película Vice, la inspirada biopic del vicepresidente estadounidense Dick Cheney, hay una escena muy significativa para comprender el mundo actual. Cheney, el verdadero poder en Washington, no George W. Bush, hace su entrada triunfal en un evento de la AFT (Americans for Tax Reform), una organización destinada a convencer a la sociedad estadounidense de los beneficios de que las grandes empresas y los millonarios paguen menos impuestos.

La película muestra cómo la AFT, financiada por las grandes petroleras y tabacaleras, contrató a un gurú del marketing, quien demostró a través de focus group que la gente común y corriente está más predispuesta a reducir la carga tributaria de los que más tienen según el nombre del gravamen. Las personas eran indiferentes al llamado impuesto a los bienes raíces, que grava a aquellos que heredan propiedades de más de dos millones de dólares, pero se mostraban contrarias al mismo impuesto si se le denominaba impuesto a la muerte.

En los meses siguientes, Fox News comenzó a machacar el concepto por todo el país, y terminó de viralizarse cuando estrellas de Hollywood queribles, como la afroamericana Whoopi Goldberg, aparecieron en televisión exigiendo que se derogara el siniestro impuesto por morirse. 

“Los empresarios volverán a invertir”. “Se crearán empleos”. “Beneficiará a las pymes”. “La clase media accederá a viviendas más baratas”. Todas estas aseveraciones del presidente Sebastián Piñera y del ministro Felipe Larraín son versiones menos sofisticadas de la misma estrategia adoptada por la ATR para enriquecer a los que ya son ricos, la que busca connotar la recaudación fiscal con el aletargamiento de la economía. 

Las reformas dependen del ciclo económico

No hay nada intrínsecamente bueno ni malo en reducir impuestos. No es ni una panacea ni una receta mágica para estimular la actividad económica. Tampoco implica necesariamente una degradación de la recaudación fiscal destinada a recortar programas y derechos sociales. Todo depende de cuándo se adopte la medida, tal como es distinto adelgazar cuando se tiene sobrepeso que hacerlo cuando se está flaco.

En 1984 la dictadura cívico militar chilena realizó una reforma que redujo la carga tributaria de las empresas y sus dueños, y el país no dejó de crecer durante los quince años siguientes a tasas espectaculares producto de esa medida, en buena proporción. Pero, en 2000 el equipo económico de George W. Bush redujo los impuestos de los más ricos (gracias a la triple alianza ATS, Fox News y un Congreso controlado por los republicanos) y los efectos fueron nefastos para Estados Unidos y el mundo entero. 

¿Por qué la diferencia? 

Reducir o subir los impuestos es un problema de economía del comportamiento, es decir, de la manera cómo los beneficiados o perjudicados por la medida teman decisiones en función del contexto que enfrentan.

A fines de 1984 la economía chilena estaba en la UTI y el equipo económico encabezado por Luis Escobar Cerda diseñó una reforma cuyo elemento central fue circunscribir el pago de impuestos únicamente cuando las empresas distribuyeran utilidades. Más aún, los dueños de las empresas (personas naturales u otras sociedades) podían usar estos gravámenes para restarlos de su propio impuesto a la renta. 

Estas medidas implicaron que el fisco dejara de recaudar miles de millones de dólares. Sin embargo, el país venía saliendo de una recesión brutal y estaba lleno de terrenos sin explotar, de galpones, fábricas y máquinas inmovilizadas, y de miles de cesantes dispuestos a trabajar por salarios bajos. Con el ahorro de impuestos, las empresas volvieron a invertir y poner en marcha estos recursos subutilizados. La productividad simplemente explotó.

En 2000 Estados Unidos no estaba en recesión. Todo lo contrario: el fisco tenía superávit y no había grandes holguras ni capacidad productiva ociosa. Por ello, los cientos de miles de millones que dejó de recaudar el fisco no se fueron a inversión productiva, sino a gasto suntuario y especulación. Fueron los años de la burbuja puntocom y de la burbuja inmobiliaria, que reventaron con siete años de desface provocando la peor recesión desde los años 30 del siglo XX.

Con la reforma tributaria de Piñera no cabe ponerse en ninguno de los dos escenarios: ni el virtuoso chileno de 1984, ni en el catastrófico de Bush en 2000-2008. Pero tiende más a parecerse al segundo. Al menos es claro que no contribuirá a devolver a Chile a los buenos tiempos en que crecía a tasas espectaculares.

La promesa de campaña que alegró a Sanhattan

Recordemos que durante el gobierno de Michelle Bachelet el sistema de 1984 se modificó y se crearon dos regímenes: uno para empresas pequeñas, con pocos socios (personas naturales generalmente) y otro para grandes empresas, con estructuras de propiedad complejas de tipo cascada (sociedades dueñas de sociedades que a su vez son dueñas de otras sociedades).

Se determinó que -en el primer régimen- se pagaran impuestos por todas las utilidades generadas, se distribuyeran o no, pero se mantuvo el total de lo que se conoce como crédito fiscal, que permite que los beneficios repartidos no fueran considerados en el impuesto a la renta de sus dueños, que es el impuesto a las personas. En el segundo régimen, en cambio, solo es posible descontar el 65% de ese crédito fiscal, pues los dueños de la empresa son otras empresas, cuyos dueños son otras empresas. La idea era aumentar recaudación y con ello el gasto social de un país que ya formaba parte de la OCDE y cuya población estaba envejeciendo.

Recordemos que durante la campaña presidencial Piñera prometió volver al sistema antiguo. Ganó, y la Bolsa despertó de su letargo y volvió a crecer como en los viejos tiempos. La ida de tributar solo por distribución de utilidades y con integración total entre las declaraciones de las empresa y de sus dueños, era simplemente un bálsamo para Sanhattan, y una excelente noticia para los más ricos del país, los dueños de las sociedades de las empresas más grandes, quienes se beneficiarán directamente del cambio fiscal. 

El gobierno de Piñera, a través del ministro Larraín, entró al Congreso en 2018 con una propuesta que -de haberse aprobado- no solo hubiese impactado duramente las cuentas fiscales, sino que también sus beneficios resultaban dudosos en términos de reactivar la actividad económica.

Como se encontró con una negativa cerrada por parte de la oposición, volvió este año a la carga con el mismo proyecto, pero con la inclusión de una serie de medidas para compensar la pérdida de ingresos fiscales. Estas, básicamente, consisten en gravar los seguros con ahorro y las ventas de activos en poder de extranjeros, derogar algunas exenciones a los sectores financiero y forestal, y aumentar la fiscalización. No están mal diseñadas, pero reducirán aún más el impacto macroeconómico ya dudoso de la reforma.

Como señalamos, hoy Chile no está en los 80, ni viene saliendo de una recesión. Carece de holguras: no quedan terrenos ni galpones sin utilizar, como cuando Los Prisioneros cantaban Muevan las Industrias.

El país está sembrado de viñedos, frutales y paltas, en el mar ya casi ni queda donde poner más jaulas para salmones. La ley del mineral de las minas está bajando y hay una crisis hídrica de proporciones. Ni siquiera hay mercados nuevos que abrir, ya que tenemos acuerdos comerciales hasta con el Sultán de Brunéi. 

Por lo tanto, la reforma a la reforma, o la contrarreforma, no es una medida reactivadora sino un gesto para la galería de cuello y corbata que campea a gusto en el Hotel W y un beneficio para el propio presidente, quien pese a que tiene sus activos en un fideicomiso ciego, se beneficiará sí o sí personalmente de una rebaja impositiva de esa naturaleza, por la naturaleza de los activos en los que el fideicomiso puede invertir. El presidente y varios de sus ministros.