El 4 de septiembre de 1970, mientras los chilenos concurrían a las urnas para elegir al socialista Salvador Allende como nuevo presidente de la República, tres sujetos se reunían en el bar “Los Peleadores”, en Brooklyn, Nueva York, para acordar la hora en que un hombre rana se sumergiría en las frías aguas de la bahía en busca de una bolsa de plástico que contenía 21 kilos de cocaína. La droga sería arrojada por un compinche desde la cubierta del buque mercante “Maipo”, perteneciente a los registros de la Compañía Sudamericana de Vapores, CSAV, que había llegado poco antes procedente del puerto de Valparaíso.
Nicodemus Olate Romero, alias “El Nico”, Mario Sepúlveda –cuyo verdadero nombre era Víctor Armando Dragón Ramírez– y Luis Ampuero Otey, formaban parte de una nueva red chilena tejida por el primero de los mencionados desde fines de los años 60’ para traficar cocaína hacia distintas ciudades de Estados Unidos, donde la comercializaban otros miembros de la organización sudamericana.
La droga era producida en laboratorios instalados en ciudades del norte y del centro de Chile, y embarcada periódicamente en diversas naves de la CSAV, en cuya flota la banda contaba con tripulantes que servían de “burreros” y a los que se les pagaba US$ 1.000 por cada kilo del polvo blanco que fuese desembarcado sin problemas en los puertos del país norteamericano.
Los “cocineros” de cocaína, como se denominaba a los que fungían de químicos para fabricar el alcaloide, eran Filiberto Olmedo Rojas, alias “El cara de diablo”, y los hermanos bolivianos Jesús Felipe, Carlos Alejandro y Luis Berríos Palza, quienes mantenían laboratorios en Arica, Andacollo, Limache, Algarrobo, San Bernardo y Santiago, entre otras ciudades, y que no sólo abastecían a esta nueva organización, sino que proveían de droga a los menos a otra docena de distribuidores internacionales.
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En 1959, trabajando de taxista en Arica, Olmedo Rojas, había conocido a dos ancianos, uno chileno y otro boliviano, que lo introdujeron en los secretos de la producción de cocaína. Poco después fue contactado por Cristián Alvear, un traficante santiaguino que enviaba importantes partidas de la droga al exterior. A través de éste, “El cara de diablo” pudo vincularse a Jorge Marín Flores, alias “El raja negra” y al Yayo Fritis, los dos más importantes “movedores” de droga en el norte de Chile. Conoció también a los hermanos Berríos, con quienes se asoció en la instalación y manejo de varios laboratorios en la zona central durante casi toda la década del 60’.
Al promediar 1969, Filiberto Olmedo estaba instalado muy cerca del balneario de Algarrobo, en un laboratorio oculto en una casa ubicada en el camino al pueblo de San Pedro, donde podía producir cientos de kilos de cocaína al mes. La droga se la entregaba a Marín Flores y a los Berríos, quienes a su vez la distribuían entre los demás integrantes de la denominada “Hermandad de Santiago”, grupo de traficantes que controlaba la distribución local e internacional, y que dirigía el uruguayo Adolfo Sobosky Tobías, a quien se le atribuye haber sido representante en Chile de Joe Colombo, el jefe por esos años de la Cosa Nostra estadounidense, quien dirigía a las cinco principales familias de la mafia en Nueva York desde sus oficinas ubicadas en Brooklyn.
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Operación conjunta
Lionel Tuckett y John Cipriano, dos agentes antinarcóticos estadounidenses, vigilaban ocultos aquella madrugada del 7 de septiembre de 1970 las evoluciones del hombre rana que rescataba la bolsa con 21 kilos de cocaína lanzada al mar desde la cubierta del “Maipo”. Ellos ya tenían identificados a algunos miembros de la organización chilena, pero querían cazarlos a todos y, en la medida de lo posible, con las manos metidas en el polvo. En los días siguientes, los policías siguieron de cerca los movimientos de los traficantes en los suburbios de Brooklyn. Un segundo embarque llegó a los muelles neoyorquinos en la misma nave, esta vez de 43 kilos de cocaína, a mediados de noviembre de 1970. El cargamento tenía varios destinatarios: siete kilos eran para Mario Sepúlveda; ocho kilos para Justo Quintanilla; dos para Amada Ramírez Arcaya; cuatro para los hermanos Víctor y Martín Hernández, y Madeline Pineda; y, el resto, para Nicodemus Olate.
Minutos después de cada una de las entregas, los agentes procedieron al arresto de los traficantes. Todos eran chilenos, salvo un ciudadano estadounidense, Celestino Valverde, quien había colaborado con el financiamiento de la operación. En los meses y años siguientes, las autoridades judiciales norteamericanas reunirían diversos elementos de pruebas para solicitar a sus colegas chilenos que procesaran y condenaran a los traficantes. Esa fue la primera iniciativa formal conjunta entre ambos países orientada a sancionar la producción y el tráfico de estupefacientes.
El grupo de chilenos implicado en el envío de cocaína a Brooklyn a bordo de buques mercantes de la CSAV era sólo una de las bandas locales relacionadas a esa actividad desde fines de la década de los 50’. Varias de ellas se habían formado a partir de los vínculos establecidos por “lanzas” y carteristas que viajaban a “trabajar” en Buenos Aires y en algunas ciudades italianas, donde poco a poco establecieron férreos lazos de amistad e incluso de parentesco.
La mafia siciliana requería de nuevas rutas y correos para llevar cocaína a Europa e internar heroína a Estados Unidos. Los argentinos, uruguayos y chilenos dispuestos eran también hábiles falsificadores de documentos y tenían la apariencia necesaria para no despertar sospechas en los puertos, en las fronteras y en las aduanas.
En Chile, además, estaban los mejores químicos de la cocaína y no faltaban los precursores para elaborar la pasta base de coca traída desde Bolivia. Aparte del ya mencionado Olmedo Rojas, a quien incluso se le atribuye haber conseguido producir clorhidrato de cocaína en un 100 por ciento, de los hermanos Berríos y del “Chato Marín”, destacaba el “Chino Wong”. Nadie parece conocer el origen de las habilidades de estos químicos formados en la práctica y con escasa educación, pero algunos viejos policías creen que los maestros fueron unos hermanos de origen árabe de apellido Huassaf, naturales de la ciudad de Ovalle, un inmigrante griego de nombre olvidado que se radicó en Arica en 1960 y algunos inmigrantes alemanes conocedores de los secretos de las pipetas y los precipitados.
Los que no aprendían, ufanos de sus blancas camisas de nylon traídas de Miami al puerto libre de Arica, morían quemados cuando el roce de éstas provocaba chispas que hacían explotar los gases de los laboratorios clandestinos instalados en Quillota, La Calera, Quinteros y otras ciudades interiores de Valparaíso.
Al llegar el hombre a la Luna, en 1969, en Chile existían numerosos laboratorios artesanales donde se refinaba desde medio kilo de cocaína, hasta otros con los instrumentos necesarios para producir decenas de kilos a muy alta pureza. A comienzos de 1971, la Brigada contra Estupefacientes y Juegos de Azar, BEJA, de la Policía de Investigaciones, informó que el número de laboratorios detectados iba en aumento.
Juicios sumarios de guerra
Varios agentes antinarcóticos de Estados Unidos viajaron a Chile durante el gobierno de la Unidad Popular para abocarse a la investigación de las redes locales dedicadas a la exportación de cocaína, en conjunto con funcionarios de la Dirección de Investigaciones de Aduanas, DIA, y del Consejo de Defensa del Estado de Chile.
La periodista Alejandra Matus, en su investigación titulada “El Libro Negro de la Justicia Chilena”, reveló antecedentes hasta ese momento desconocidos sobre los vínculos que mantenían algunos altos funcionarios judiciales de la zona norte del país con las organizaciones dedicadas a la producción y al comercio de cocaína.
Matus, quien debió asilarse en Estados Unidos luego de ser prohibido su libro en Chile, entregó detalles sorprendentes acerca de cómo algunos traficantes protegidos por jueces de la Corte de Apelaciones de Iquique trasladaban desde Santiago grandes partidas de productos de primera necesidad obtenidos en el mercado negro para intercambiarlos por pasta base de coca en Bolivia.
Pocos días después del golpe militar de septiembre de 1973, varios de esos jueces, coludidos con militares de alto rango, ordenaron bajo la excusa de juicios sumarios de guerra el asesinato de varios funcionarios de Aduanas y de un abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado de Iquique, quienes habían recavado amplios antecedentes que comprometían a varios magistrados y empresarios locales en las redes de la cocaína.
A los menos cinco de ellos fueron ejecutados en el centro de detención de Pisagua, pese a los esfuerzos de abogados del CDE e incluso de algunos agentes antidrogas de Estados Unidos que estaban en Chile. Casi al mismo tiempo, el Departamento de Justicia norteamericano solicitó a las nuevas autoridades militares chilenas, que encabezaba el general Augusto Pinochet, la expulsión de una veintena de narcotraficantes, acusados de producir y comercializar cocaína.
Los requeridos y rápidamente expulsados fueron Carlos Alejandro Baeza Baeza; Vladimiro Lenín Banderas Herreo; Jorge Segundo Dabed Sunar; Eduardo Fritiz Colón (“El Yayo Fritis”); Francisco Jesús Guinart Moral (“El Chato Guinart”); Jorge Rosendo Lazo Vargas; Oscar Humberto Letelier Buzeta; Rafael Enrique Mellafe Campos (“El Ñato Rafael”); Nicodemus Olate Romero (“El Nico”); Hugo Domingo Pineda Riquelme (“El Cachorro”); Sergio Napoleón Poblete Mayorga (“El Pilolo”); Emilio Ascencio Quinteros González (“El Chico Parola”), ranqueado por el FBI como el segundo “lanza” del mundo; Carlos Mario Silva Leiva (“El Cabro Carrera”); Selím Valenzuela Galdámez (“El Turco”); el argentino Juan Carlos Canónico Carrasco; Carlos Segundo Choi Ceballos (“El Chino Choi”); Jorge Guillermo Marín Flores; Guillermo Antonio Mejías Duarte (“El Toño”); Filiberto Olmedo Rojas (“El Tito”); la brasileña Enair Pucci Bertolo; el uruguayo Adolfo Sobosky Tobías; y, Luis Rodolfo Torres Romero (“El Olfo”).
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La mayoría de ellos, sin embargo, recuperó prontamente su libertad y viajó a diversos países de América del Sur y de Europa para incorporarse a diversas asociaciones dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos. En Chile, mientras, desde los servicios secretos del régimen militar y desde ciertas esferas policiales se entregaron a algunos periodistas antecedentes que vinculaban con el comercio de drogas al fallecido presidente Salvador Allende y a varios de sus colaboradores en el gobierno de la Unidad Popular.
En el libro “Septiembre. Martes 11. Auge y Caída de Allende”, de los periodistas Luis Álvarez Baltierra, Francisco Castillo y Abraham Santibáñez, publicado el 4 de noviembre de 1973 por Ediciones Triunfo, se afirmó: “Descubrimientos recientes indicaron que también altos dirigentes de la UP estuvieron mezclados en el tráfico de estupefacientes. El nuevo director de Investigaciones acusó a la administración anterior de su servicio de haber recibido al menos treinta mil dólares mensuales para facilitar un corredor por Chile de venta de narcóticos a Estados Unidos y Europa. El dinero obtenido se empleó en la adquisición de armas”.
Antecedentes como este y otros similares se repitieron en los meses y años siguientes en medios de prensa de todo mundo y también fueron recogidos por investigadores del narcotráfico en algunos libros. No obstante, nunca se comprobaron de manera fehaciente. Por el contrario.
Pese al riguroso control de las fronteras y a la severa represión en todas las actividades ejercida por la policía secreta de Pinochet, la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, que comandaba el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, varios de los narcotraficantes expulsados del país en diciembre de 1973 volvieron a instalarse en Chile. Otros, que no habían sido tocados, no sólo mantuvieron sino que ampliaron sus negocios con la colaboración de argentinos, bolivianos, peruanos y, especialmente, italianos.
Los ejemplos abundan. En abril de 1974 fue detenida Vasilia Meneses Contreras con dos kilos de cocaína que pretendía llevar a Estados Unidos. La mujer sindicó a Mario Silva Leiva, “El Cabro Carrera”, como su proveedor.
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Un mes después, en mayo de 1974, efectivos del recién creado OS-7 de Carabineros, un grupo destinado en su origen a reprimir el narcotráfico, apresó en la acomodada comuna de Providencia a Carlos Humberto Moya Salinas, alias “Carlos La Pescada”. El acusado fue condenado a siete años de cárcel, pero estuvo sólo seis meses en prisión y luego viajó a Bolivia.
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Trece años después, en mayo de 1987, fue arrestado en su elegante departamento de Vía Tartini, en Milán. La policía italiana lo vinculó a la mafia siciliana y lo acusó de distribuir drogas en diversos países de Europa.
En octubre de 1978, la policía de Investigaciones descubrió un laboratorio en el balneario de Algarrobo, muy cerca de Santiago, e incautó 13 kilos de cocaína. Los agentes estimaron que en ese lugar se habían procesado más de 400 kilos de la droga. El principal detenido fue Waldo Gribaldo Álvarez, quien declaró que “El Cabro Carrera” era el financista del lugar.
En 1980, siete años después de haber sido expulsado a EE.UU, volvió a ser detenido en Chile el traficante Francisco Jesús Ginart. Se le incautaron más de 45 kilos de cocaína. La policía desarticuló a tres grupos de narcotraficantes que lo secundaban. Poco después se desmontaron cuatro laboratorios para refinar pasta base de coca en Valparaíso y se arrestó a Sergio Ramírez y Filiberto Olmedo, dos antiguos y muy conocidos “cocineros” de la droga, socios también de Mario Silva Leiva.
Vínculos en Chile
En agosto de 1990 un accidente automovilístico ocurrido en la esquina de las calles Alonso Ovalle y Nataniel, a metros de la hoy Plaza de la Ciudadanía de Santiago, puso en alerta a la Brigada de Narcóticos de la Policía de Investigaciones. Una de las víctimas de la colisión era Giuseppe Ciulla Salutte, integrante de una familia mafiosa de Palermo, acusada de haber tenido a su cargo durante varios años la introducción de morfina y heroína en Milán y cuyos miembros estaban en Chile desde fines de 1987. La mujer herida, esposa del italiano, era la chilena Elena Guerrero Espinal, conocida como ‘‘La Canalla’’, de largo prontuario en el tráfico de drogas local.
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Los policías sabían que los viejos capos criollos de la cocaína, expulsados de Chile en diciembre de 1973, estaban regresando luego de establecer sólidos contactos con las organizaciones de narcotraficantes de América y Europa. El retorno de los jefes ocurría en los momentos en que los carteles colombianos de Cali y Medellín sostenían una guerra implacable por el control del mercado de drogas de Nueva York. Los colombianos también negociaban con las mafias europeas las condiciones para enviar cocaína a las costas de Portugal y de Galicia, en España.
En febrero de 1988, Pablo Escobar Gaviria se había reunido con miembros de la mafia gallega en Brasil para sellar el pacto y además iniciar los cultivos de adormidera -la planta de la cual se extrae la heroína- en las sierras y en los valles andinos.
En enero de 1989, tras asentar las bases de operaciones y las redes de distribución, los hombres del cartel de Medellín, dirigidos por Gustavo de Jesús Gaviria, recogían paquetes de droga en algún punto de la frontera entre Colombia y Brasil para arrojarla desde avionetas al mar cerca de la isla venezolana de Margarita. De allí, la cocaína era transportada a las costas portuguesas y luego en lancha hacia Galicia, donde la mafia gallega se encargaba de introducirla en el resto de España.
Los Ciulla Salutte viajaron a Chile alentados por Elena Guerrero Espinal luego de ser asesinado en Palermo el hijo mayor de la familia cuando abandonaba una cárcel. A fines del 87 llegaron al aeropuerto de Pudahuel Pietro Ciulla y Viscenza Salutte con sus hijos Giuseppe, Cesare y Salvatore. Este último estaba casado con otra chilena, una hija de Oscar Guzmán Peña, prontuariado como traficante de drogas.
En junio de 1992 la policía civil chilena recibió desde Italia una petición para que fuesen detenidos Cesare y Salvatore Ciulla, acusados de haber introducido 600 kilos de morfina base y de heroína a ese país europeo. Los hermanos ya habían desaparecido.
Los detectives sabían que desde mediados de los años 80’ habían sido detenidos en el exterior más de 200 correos o burreros chilenos. Y sabían también que los financistas y mandantes de los arrestados, en muchos casos, eran casi los mismos expulsados en 1973.
En los meses siguientes, un grupo especial de detectives empezó a revisar las listas de inversionistas que estaban ingresando a Chile. Las alertas rojas de Interpol contenían decenas, cientos de nombres, de los representantes de las mafias italoamericanas que estaban buscando nuevos mercados para sus negocios.
Por esos mismos días, la Tercera Sala de la Corte Suprema tramitaba una petición de la justicia estadounidense para que fuera extraditado desde Chile el ex jefe de la Brigada de Asaltos de la policía de Investigaciones, el prefecto Sergio Oviedo, quien había dirigido las pesquisas para identificar y detener a los autores del atentado en contra de Pinochet realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en septiembre de 1986.
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La Drugs Enforcement Administration, DEA, acusaba a Oviedo de “conspiración para importar cocaína e importación de cocaína” a Estados Unidos. Los antecedentes fueron examinados en primera instancia por el presidente de la sala, el juez Enrique Correa Labra, y el fiscal del tribunal, Marcial García Pica, quienes recomendaron no dar curso a la extradición.
Oviedo recuperó su libertad en junio de 1992. Cinco años después, entre 1997 y 1998, al culminar la denominada “Operación Ana Frank”, que llevó a la cárcel a Mario Silva Leiva y desbarató una amplia red de tráfico de drogas y lavado de dinero montada en América y Europa, quedó en evidencia que el fiscal García Pica era uno de los principales contactos del “Cabro Carrera” en los tribunales. El mundo de narcotráfico, en realidad, parecía un pañuelo.
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Mañana: El debut de los colombianos
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