Varios han sido los cuestionamientos generados por el operativo de la PDI en Temucuicui el 7 de enero pasado, en el cual participaron 850 efectivos para incautar poco más de mil matas de marihuana y $ 12 millones de pesos en efectivo, junto a algunas armas de fuego en esa comunidad mapuche.

Una aparatosa operación, la más grande realizada por la policía de Investigaciones en su historia y que incluyó al 10% de la plana total de los funcionarios de la institución, y que resultó en un completo fracaso, pues se invirtió una enorme cantidad de recursos públicos en una incautación discreta de marihuana (en lo que va del año ya hay 8 incautaciones más grandes), no se detuvo a quienes estaban en la nómina de Fiscalía, falleció un detective y otros once quedaron heridos, y se filtró un audio que revela que los policías amenazaron a una menor de edad con “matarla".

Tanto es así, que los cuestionamientos a la magnitud del procedimiento así como también a que se haya realizado en los mismos instantes en que se leía el fallo judicial por el caso Catrillanca no sólo vinieron de organizaciones pro Mapuche y del mundo civil. También provinieron desde las filas de la PDI.

Es así que un funcionario policial que participó en el allanamiento escribió tres días después una ácida carta contra el mando de la PDI que ha estado circulando entre el mundo vinculado a temas de seguridad. “Han sido tres días decepcionantes, un detective asesinado, dos graves, muchos heridos, cascos destruidos, chalecos antibalas perforados y un director general que nos ha mentido. La sangre de nuestro compañero no nos dará la fuerza necesaria para levantarnos, pues su muerte técnicamente fue por el impacto de un proyectil, pero estuvo acompañado de negligencias graves, que deben ser investigadas por un órgano externo a la Policía de Investigaciones, pues sus conclusiones podrían llevar a algunos de sus miembros a la separación de filas, sanciones penales, civiles, administrativas y un director junto a su alto mando, que por amor a la PDI debería renunciar o ser al menos acusado constitucionalmente”.

INTERFERENCIA junto con La Red, conversó con este policía, que mantiene su nombre en el anonimato por temor a represalias, así como también con Esteban Infante, un ex carabinero y estudiante de derecho que formó la ONG Equánime, con la que hoy -según dice Infante- defiende a los funcionarios de ambas policías que se encuentran en conflictos con el poder. 

Infante cuenta que son alrededor de 40 funcionarios de la PDI quienes le han solicitado su intervención. Acusan haber recibido una “orden maldita”, dice el ex policía. 

“Hay un malestar y una rabia y como defensor de los policías creo que es terrible que haya muerto un colega. No se hizo una estrategia para intervenir esta comunidad y el resultado fue terrible. Hubo una muerte y eso no debería haber pasado. Vamos a presentar una querella criminal para que cosas como estas no ocurran nunca más porque debe haber responsabilidades y no podemos permitir que tengan a nuestros PDI como conejillos de indias”, dice Infante.

“Se cometieron equivocaciones y esas equivocaciones se debieron haber evitado”, dice Infante, quien agrega: “Lo que cuestiono es el tema de la seguridad de los agentes del Estado, nuestros PDI están pasando por lo mismo. Es increíble que hayan ido con chalecos vencidos, eso demuestra que no se está haciendo la pega bien y los responsables deben pagar por ello”.

Tanto la carta del funcionario anónimo, como la actuación pública de Infante ha ido cuajando en un sentimiento de malestar generalizado en la PDI, el cual ha podido ser constatado por los medios antes señalados en varias otras conversaciones en off the record con detectives.

De tal modo se ha ido construyendo en la subjetividad de muchos policías ciertas ideas inquietantes, como los "mandaron a morir" a Temucuicui.

Policías de escritorio bajo fuego

Cerca de un tercio de los 850 funcionarios que fueron a Temucuicui eran -en lo que se conoce en jerga- policías de escritorio. Es decir, funcionarios que no cuentan con ningún entrenamiento como para ser lanzados a un operativo rural en el que no conocen el territorio.

Además, los policías reclaman que no contaron con ningún factor sorpresa al dejarlos en un estadio durmiendo la noche anterior al allanamiento.

A eso se suma una serie de contratiempos y elementos que muestran falta de previsión del mando, que crisparon aún más el ánimo de los funcionarios en terreno. En particular se habla de una tanqueta que quedó en pana, algunas fallas en las armas, chalecos antibalas vencidos y autos sin blindaje.

“Por eso el descalabro”, señala uno de los detectives que participó del allanamiento. “Estamos sintiéndonos como conejillos de indias nos tienen los teléfonos pinchados prohibiendo toda información a los medios. Saben la embarrada que se mandaron", continúa este funcionario.

"Esto empezó en diciembre a petición del fiscal Enrique Vásquez. Nos pareció raro, si Carabineros tiene el control en eso mayormente nosotros no nos metemos, pero ofrecieron cuatro días de viáticos al 100%. Nada malo para salir de la rutina", cuenta este funcionario su experiencia.

"Llegamos de todas las Erta [equipos de reacción táctica] de Chile a un gimnasio en Angol en donde el fiscal nos instruyó allanamientos masivos, pero nuestro mando nos dejó solos y concurrimos al lugar sin conocer, sin planificación”, remata.

En la misiva mencionada, que es de otro detective, se lee que: “el día 6 [de enero] salí a las 17:00 horas hacia Angol, nos dijeron que llegaríamos y allanaríamos altiro, pero de pronto llegó una orden que debíamos reunirnos en un el estadio de Angol. Había cientos de vehículos, ví a ex compañeros que trabajaban en el norte y sur de Chile, colegas a los cuáles conocíamos por ser extremadamente buenos para usar armas, otros que son excelentes investigadores, detectives que han pasado toda su carrera en oficinas. No teníamos claro que sucedía, hasta que comienza un rumor que iríamos a Temucuicui y comenzaron a cambiar nuestros rostros… Luego pensé en mi familia, ¡¡¡por la mierda!!!! no había llamado a mis padres en una semana…. Comenzaron a decir que no podíamos llamar, que no habláramos por celular, que no los usáramos”.

Hay malestar en las filas, también por el día y la hora en que se hizo el allanamiento. Este debía ser de madrugada, al menos eso les habían informado. Sin embargo, terminó siendo al mediodía, justo al momento en que se conocía el fallo por el caso de Camilo Catrillanca, quien perteneció a la comunidad de Temucuicui. 

Contrariamente a lo que el ministro del Interior Rodrigo Delgado quiso hacer creer a la opinión pública cuando señaló que “fue coincidencia que el operativo y la lectura del fallo fueran a la misma hora”; la misma PDI desmintió posteriormente la versión al asegurar se planificó exactamente para que fuera durante el evento judicial, considerando que habría menos mapuche en la zona, pues estarían en Angol acompañando el fallo.

La molestia es en parte porque esa estrategia no calculó que los detectives quedarían “a plena luz del día visibles y con vestimenta y equipamiento de ciudad”, como dice uno de ellos.

 La idea de este cruce de horarios, señala el PDI en su carta, era que “tomaríamos por sorpresa a los narcotraficantes, que entraríamos a buscar porque estarían pendientes de la lectura de sentencia del caso Catrillanca… Ahí pensé: ¿A que nos mandaron?, ¿cómo van a prender este infierno? cómo darles más motivos para odiarnos, cómo no respetarles siquiera ese día, aunque yo piense lo peor del mártir Catrillanca, de su familia y comunidad, pero a veces al enemigo lo debes respetar, es como si nos metiéramos en su funeral”.

Otro elemento que genera resentimiento entre los detectives es que se les envió con una aplicación de celular, tipo woki toki, que requería de buena señal de internet para funcionar, algo que no hay en Temucuicu. 

La carta señala al respecto: “me quebraron el espíritu antes de ir a ese lugar, sentí ganas de llorar pero no de miedo, sino de rabia, no podía salir de ese lugar sin gritarle a mi jefe “porque, mientras me mandó a ese lugar sin avisarme a qué”. Maldito regional que me quito mi fusil, por qué [Héctor] Espinosa no me protegió de esos maricones… Comenzamos a informarnos que parece que murió un detective, que habían muchos heridos, que todo había sido un desastre, estaban ya las imágenes en que se veía nuestra caravana en redes sociales de movimientos mapuches, ya estaba destrozado internamente, llamé a casa y lloré, les dije que ya no quiero estar en esta institución en manos de estos asesinos de mierda, pero no me refería a quienes nos emboscaron sino a quienes nos mandaron a ese lugar”.

El fallecido era Luis Morales Balcázar, quien falleció al parecer repeliendo un ataque a su sección, producto de un disparo en su cara.

“Nos enviaron a algo para lo cual no estábamos preparados, van a decir que la planificación era perfecta, sin errores, pero ya saben lo que pasó, de primera fuente, aunque deba ser de manera anónima pues en la PDI, si se sabe quién soy, termino con mi cabeza en Visviri como nos dicen los jefes en nuestras listas de personal”, dice la carta.

El dinero

Los funcionarios policiales entrevistados para este reportaje acusan que fueron informados sólo dos días antes de este procedimiento y que muchos accedieron antes por el incentivo económico que correspondía a un porcentaje de su sueldo sacado a valor diario y que variaba entre 55 mil y 240 mil pesos según el rango y los años de servicio. Esto por cada día de los 3 ó 4 en los que debían estar en el operativo. 

Según un artículo de INTERFERENCIA en el cual se consultó por Transparencia a la Policía de Investigaciones cuánto gastaron en el operativo, la institución acreditó el gasto de $ 121 millones de pesos, cifra que al parecer se refiere a uno solo de los 3 días de operativo. Esto, pues los números no calzarían de otro modo; si es que solo se calculan los viáticos para 850 policías en $ 70,000 pesos promedio diario, la cifra total se más que duplica.