El allanamiento de la comunidad de Temucuicui ya es más que un dolor de cabeza para Héctor Espinoza, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al creciente malestar de muchos funcionarios que participaron del operativo, y el video de INTERFERENCIA que muestra sus serios problemas estratégicos y tácticos -lo que apunta directamente a la responsabilidad del mando de la institución-, se suma la arremetida judicial de Carmen Gloria Balcázar, la madre de Luis Morales Balcázar, el subinspector que perdió la vida en la acción, quienes preparan diversas acciones judiciales por negligencia contra el Estado, la PDI y su director Espinosa.

Dicen cercanos a la familia que “lo hacen porque los han denostado como familia, y necesitan aclarar los hechos, pues no es claro cómo falleció Luis”.

De tal modo, dice una fuente allegada, que la madre de Luis Morales está preparando en los próximos días una querella contra el Estado y la PDI por negligencia en la muerte de su hijo. Esto, señala la fuente, “porque hubo muchas incongruencias en el operativo, falta de preparación, falta de contención, falta de estrategia y muchas cosas que hicieron que el operativo no fuese bien realizado y que le costara la vida a Luis".

Según la fuente, además, hay molestia porque "el jefe del comando Erta [equipo de reacción táctica] al que pertenecía Morales Balcázar, no estuvo apoyando a sus subalternos en terreno, hasta donde nos han comentado; éste se dirigió a otro operativo a último momento y dejó a los detectives solos”.

Dudas sobre la bala y la autopsia

Según relata esta fuente, cuando el hermano y la madre de Morales participaron en el tragün (reunión ceremonial) de la comunidad de Temucuicui, días después de a muerte del subinspector, “varios de los que conversaron con la familia les dijeron que había que llegar hasta las últimas consecuencias, pues a ellos les llamaba la atención que hubiese sido asesinado por balas de algún peñi (mapuche) pues los peñis estaban en la lectura del fallo".

Según la fuente cercana a la familia, los mapuche en la ocasión les dijeron a la madre y el hermano de la víctima que no había el poder de fuego que relata la PDI, y al ver el video mostrado por INTERFERENCIA, en la que tres desconocidos con una escopeta, repelen a una veintena de agentes, en medio del caos táctico, se acrecentaron sus dudas respecto del origen de la bala que último a su familiar.

Además “Cuando falleció Luis, su madre llamó a la Fiscalía de Temuco y esta le negó el acceso a la autopsia, le dijeron que la podría ver cuando se terminara la investigación, algo que puede pasar perfectamente en dos años más. Por eso la familia decidió hacerse parte de la causa penal, para así poder conocer los antecedentes en torno a la muerte de Luis”, comenta la fuente ligada a la familia.

Según lo que lo que se ha establecido del cuestionado allanamiento mediante fuentes policiales, cuando los policías comenzaron a recibir disparos dentro de la comunidad, decidieron retirarse antes de concluir todos los objetivos del allanamiento, que tenía como destino 20 casas de Temucuicu. Fue entonces cuando habría sido atacado la camioneta de retaguardia de uno de los grupos erta -equipo de reacción táctica- que iban en retirada. En el hecho, dicen los policías, le llegó a Morales un proyectil en el cuello, el que le causó la muerte inmediata.

Según trascendió, la madre y el hermano del policía abatido en la comunidad mapuche está peleando además para que se anule el recurso de protección interpuesto en contra de La Red y el periodista José Antonio Neme, en cuanto este -presentado por Paula Morales Balcázar, también hermana de la víctima- “empaña a otros familiares, con antecedentes falsos sobre su historia familiar, usados para desacreditar sus dichos”, señala esta misma fuente. En particular, se dijo que madre y hermano, no sostenían una relación afectiva con el policía fallecido, y que ella había abandonado el hogar años atrás. "Algo que la familia desmiente taxativamente", dice la fuente.

Denuncia en Contraloría

La semana pasada ingresó a Contraloría una solicitud firmada por Germán Vásquez Ortega, ex funcionario de la institución, en la cual se pide abrir un sumario investigativo contra Héctor Espinosa por el costo del operativo de Temucuicui y sus deficientes resultados. Se solicita a la Contraloría instruir este sumario pues se duda de la transparencia que podría tener una investigación de estas características si es realizada por la propia institución.

Como antecedente de la denuncia, se agrega una lista de los vehículos perdidos en el operativo por la acción de terceros o simplemente por quedar abandonados en Temucuicui; también se señala la pérdida del helicóptero institucional  y el alto costo del operativo.

“A la vista de todos, quedó claro que las consideraciones de planificación operativa, no se condicen con los resultados, porque estos demostraron falta de análisis de inteligencia, acuciosidad, experiencia operativa, entre otros. Llama la atención los vehículos policiales que quedaron parados en una larga fila y donde finalmente algunos resultaron ser un blanco fácil”, señala el escrito.

Además, la presentación agrega que no es correcto hablar de un operativo “exitoso”, como señaló el director de la PDI en los medios de comunicación ya que “ello resulta desproporcionado considerando las bajas humanas y daños materiales producto del procedimiento. Incluso pudo haber sido mucho peor, sino hubiese sido por la ayuda que prestó Carabineros de Chile, rescatando alrededor de 100 funcionarios del lugar. Hay que agregar además que por parte del gobierno y de la propia PDI, aún no se han referido respecto a la gran cantidad de errores cometidos en el procedimiento y menos han querido asumir la responsabilidad de ellos”.

Se acrecienta el malestar entre detectives

En las filas de la institución, en tanto, los funcionarios que participaron en el allanamiento han señalado ser víctimas de persecuciones para no hacer presente públicamente sus reclamos por la ineficiencia demostrada en el operativo, en el cual una tanqueta falló provocando un taco entre los vehículos al ingreso a la comunidad, al menos una subametralladora no funcionó, no hubo una preparación táctica apropiada y se solicitó tardíamente apoyo de Carabineros.

“Estamos sintiéndonos como conejillos de India, nos tienen los teléfonos pinchados prohibiendo toda información a los medios. Saben la embarrada que se mandaron. Esto empezó en diciembre a petición del fiscal Enrique Vásquez, pero se planificó por meses antes de que se concretara la solicitud. Nos pareció raro que nos enviaran a nosotros si Carabineros tiene el control de esa zona. Llegamos de todas las Erta de Chile a un gimnasio en Angol en donde el fiscal nos instruyó allanamientos masivos pero nuestro mando nos dejó solos y concurrimos al lugar sin conocer la zona, sin planificación… Y lo peor, nos mandaron con escopetas con perdigones de goma, una vez en el lugar muy poco se pudo hacer”, señala una fuente de la PDI.