En una muestra de que el gobierno de Jair Bolsonaro de Brasil sigue la senda de Donald Trump de Estados Unidos, ese país sudamericano decidió allanar el camino para la extradición del llamado ‘comandante Ramiro’, ex frentista chileno que hace 17 años cumple una pena en ese país, a pesar de contravenir una serie de acuerdos y tratados internacionales.

El pasado viernes 16 de agosto las autoridades brasileñas trasladaron de manera silenciosa a Mauricio Hernández Norambuena, comandante del extinto Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desde la cárcel Penitenciaría de Avarê a dependencias de la Policía Federal de Sao Paulo. Ni siquiera su familia y su abogado supieron de este traslado, que es un paso previo para una posible extradición a Chile para este hombre sindicado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos sucedidos en 1991.

La buena conducta carcelaria de Hernández Norambuena en Brasil lo hacía beneficiario de un régimen de semi-libertad, lo que, según la justicia brasileña, aumentaba la posibilidad de fuga de ‘Ramiro’.

El chileno viene cumpliendo hace más de 17 años una pena por el secuestro del empresario brasileño Washington Olivetto ocurrido en 2001, pasando la mayor parte de su encierro bajo la modalidad de aislamiento total. ‘Ramiro’ cometió ese delito para recaudar fondos para el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, fuerzas a las cuales se unió tras su connotada fuga en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago el 30 de diciembre de 1996.

La extradición de Hernández Norambuena ha sido un largo anhelo de los distintos gobiernos de Chile y, en especial de la UDI, que ha buscado justicia por el asesinato del fundador de ese partido en abril de 1991. De hecho, la corte superior de Brasil accedió a la extradición de ‘Ramiro’, siempre y cuando se cumplieran una serie de condiciones estipuladas en convenios internacionales firmados por Brasil y Chile. Entre estas figuran que no se puede extraditar a un condenado a un país que cuenta con la pena de muerte o con presidio perpetuo efectivo. Y es en este punto donde surgen dudas, ya que Hernández Norambuena cuenta en Chile con penas por dos cadenas perpetuas efectivas.

Por ello, el abogado del ex frentista, Alberto Espinosa, declaró a la prensa ayer que “evidentemente estamos en presencia de una actuación ilegal si es que esta extradición o esta expulsión se concretara hacia Chile".

En una declaración pública, que fue recogida por gran parte de la prensa, la familia de Hernández Norambuena afirmo: “Es de conocimiento público en Brasil que la dependencia de la Policía de Sao Paulo es una unidad de tránsito, que tiene la función de albergar a quienes están a punto de ser extraditados o expulsados del país. La falta de información junto con la incertidumbre de lo que sucede con Mauricio y de las medidas que se quieren tomar contra él, nos inquietan y nos tienen en alerta”.

El problema legal es que, si bien Brasil ha cumplido con los requisitos para volver ‘extraditable’ a Ramiro -el propio ministro de Justicia, Sergio Moro, ex fiscal del bullado caso Lava Jato, rebajó su pena a inicios de año-, en Chile Hernández Norambuena todavía cuenta con sentencias de cadena perpetua, por lo que su eventual extradición contraviene los actuales tratados.

De todos modos, ello parece importar poco a Bolsonaro, quien sigue la senda rebelde y de desafío a las normas internacionales que aplica el inquilino actual de la Casa Blanca. De hecho, más allá del caso de ‘Ramiro’, el gobierno de Bolsonaro ha seguido una política general de expulsar del país a condenados extranjeros que cumplen pena en las cárceles locales.

De hecho, en abril de este año Brasil expulsó a la colombiana María Analía Bellón, quien participó en el secuestro de Olivetto. A diferencia de Hernández Norambuena, en su país no contaba con pena de cadena perpetua.

¿La invisible mano de la UDI?

A lo largo del último cuarto de siglo el poder judicial y los sucesivos gobiernos chilenos, independientes de su color político, han intentado traer de vuelta al país a un grupo de frentistas afincados en distintos países.

Sin embargo, las tratativas han fracasado una y otra vez. Suiza no sólo dio refugio, sino que también la nacionalidad a Patricio Ortiz Montenegro. Francia negó la extradición de Ricardo Palma Salamanca, mientras que Argentina le otorgó asilo político a Guillermo Apablaza en 2010, y aunque su refugio fue revocado por el gobierno de Macri, el ex frentista sigue en ese país. Raúl Escobar Poblete, alias ‘comandante Emilio’, en tanto, espera en México el desenlace de una petición de extradición de Chile. Y en el caso de ‘Ramiro’, hasta ahora todos los intentos de expulsarlo de Brasil han sido infructuosos, a pesar de que el ministro Mario Carroza ha pedido en varias ocasiones su extradición a Chile.

Si bien la política de expulsión o extradición se ha acelerado bajo el gobierno de Bolsonaro, no está claro si este es un caso más, o si responde a presiones silenciosas del gobierno o políticos chilenos. La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, mantiene una relación fluida con la familia Bolsonaro y los ha recibido en Chile y los ha visitado en Brasil. Pero no está claro que haya mencionado el caso del comandante Ramiro.

Hasta el cierre de esta edición, no obstante, ni el gobierno ni la UDI se han referido en mayores detalles a la posible extradición la que, según fuente de INTERFERENCIA, podría producirse incluso el jueves de esta semana. Y ello resulta extraño, toda vez que la posible extradición de ‘Ramiro’ podría constituir un gol de media cancha para la actual administración.