A comienzos de abril llegó un pantallazo a un grupo de Whatsapp de mujeres estudiantes de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP). Allí se veía cómo un profesor ayudante de la carrera respondía insistentemente a las historias de Instagram de una de sus alumnas. En esta suerte de chat privado, le ponía unos corazones. Luego de un rato, en el mismo grupo de Whatsapp, otra de las estudiantes reconoció que el profesor ayudante había hecho algo similar con ella.

Con el paso de los minutos comenzaron a llegar más y más pantallazos. Corazones, aplausos y la palabra “preciosa” se repetía en varios de ellos. En total, más de 20 mujeres de la carrera eran acosadas a través de sus redes sociales por Francisco Cañas, abogado egresado en 2014 de la misma universidad y profesor ayudante hace siete años, quien fue identificado por todas ellas como acosador.

Algunas eran sus alumnas, mientras que otras pensaban que Cañas, debido a su juventud, era un compañero más de la facultad. Otras no lo conocían. El miedo y la incomodidad fueron otros factores en común. Ya no se sentían seguras compartiendo el espacio académico con él. Comenzaron a organizarse para denunciar no solo este caso, sino que otras situaciones de acoso por parte de profesores ayudantes.

A medida de que conversaban los hechos, se enteraron de una denuncia de abuso en contra de Cañas que había sido desestimada por el Departamento Jurídico de la Universidad Diego Portales –entidad encargada de investigar las denuncias– debido a que esta habría ocurrido fuera de instalaciones de la universidad. La situación impulsó un paro y la reacción del plantel docente y administrativo. La directora del Departamento de Género, Mariana Gaba, realizó una charla sobre por qué denunciar este tipo de hechos y sobre el funcionamiento de la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual. En los pasillos, los profesores se preguntaban: “¿y cuándo van a denunciar?”, según indican las estudiantes.

Denuncia y exposición

Fue así como a mediados de mayo, cinco de las más de 20 estudiantes afectadas por Cañas optaron por someterse al proceso de poner una denuncia formal ante la universidad, bajo el patrocinio de dos profesoras que se ofrecieron trabajar como abogadas defensoras. A esta denuncia se sumaron otras dos en contra de otro ayudante.

Al momento de presentar la denuncia en contra de Francisco Cañas, el grupo de estudiantes solicitó tres medidas de protección; que no hiciera clases, que no revisara pruebas y que se le prohibiera la entrada a la facultad. Según indica la Normativa en su artículo 23, la Dirección Jurídica tiene un plazo de cinco días hábiles para acoger o denegar las medidas de protección solicitadas por las denunciantes. Sin embargo, las autoridades se demoraron 17 días en resolverlo y decidieron rechazar la última medida, argumentando que ellos no tenían la facultad de negarle el libre tránsito a Cañas.

Una vez resuelto esto, la Dirección Jurídica debía notificar a la Escuela de Derecho sobre las medidas adoptadas en contra de Cañas, según indica el mismo artículo 24, que además agrega que “estos deberán colaborar para lograr su adecuada implementación, resguardando la dignidad e intimidad de los involucrados”. Sin embargo, nuevamente las indicaciones de la normativa no se cumplieron y se rompió la confidencialidad, lo que según esta misma se considera como una falta grave y tiene sanciones diferenciadas para estudiantes y profesores.

Esto ocurrió cuando la Dirección Jurídica notificó de las medidas a la directora de la escuela, Soledad Cabañas, y esta compartió la resolución con el jefe del Departamento de Derecho Público, Rodolfo Figueroa, departamento al cual pertenece Cañas. La resolución contenía la información personal de todas las denunciantes, incluyendo sus nombres y RUT.

A su vez, Figueroa reenvió el correo a todos los profesores del área, exponiendo a las estudiantes y rompiendo el acuerdo de confidencialidad. Esto generó una segunda crisis. Las estudiantes quedaron expuestas y comenzaron a ser ridiculizadas por varios profesores. En clases comentaban que las denuncias eran falsas. Al pasar lista, miraban fijamente a las denunciantes y decían “¿qué significa un like en Instagram? ¿te pueden denunciar por un me gusta? ¿qué tan terrible es eso?”, según confidencian varios alumnos testigos de ello.

La exposición pública de sus denuncias afectó emocionalmente a las estudiantes, quienes fueron re-victimizadas por un protocolo que no se cumplió. Algunas de ellas congelaron sus estudios. De las siete denunciantes, solo cuatro rindieron los exámenes de fin de semestre. Se sienten observadas y juzgadas por el resto de la comunidad universitaria.

Las estudiantes enviaron una carta de reclamo dirigida a la jefa de carrera, a la directora del Departamento de Género, a la secretaria general de la universidad y a la Dirección Jurídica, denunciando no solo la violación al principio de confidencialidad, sino que también la violación a los plazos establecidos en la Normativa, y pidieron sanciones al respecto. Sin embargo, la única sanción que recibió Francisco Cañas fue una amonestación escrita.

Ante toda la exposición, las estudiantes mantienen que no le recomendarían a ninguna otra compañera a denunciar formalmente, pues el costo personal es muy alto. Además, no descartan interponer querellas criminales o civiles.

La indignación en torno a este caso movilizó a las estudiantes a levantar una toma de la facultad que fue aprobada de manera unánime este martes 20 de agosto. Manifiestan que la universidad se ha encargado de condenar a las víctimas y de proteger a los victimarios.

INTERFERENCIA se contactó con Fabricio Jiménez, director jurídico de la universidad, quien declaró no poder referirse al tema. Esta universidad privada publicó ayer un comunicado a través de su Secretaria General, en la que rechazaron la toma feminista de la Facultad de Derecho. “La ocupación de espacios físicos de la universidad es una acción que infringe las reglas vigentes. Los y las estudiantes tienen a su disposición amplias formas de diálogo en los órganos de cada facultad para, mediante sus representantes, hacer valer sus puntos de vista”, se afirma.