Me gustaría que pudieran publican lo siguiente, ya que es una oportunidad de articulación histórica acá en Ñuble. De antemano Gracias! "En el contexto de las manifestaciones sociales que como país hemos presenciado desde el 18 de octubre en adelante se han podido documentar, constatar y denunciar, sistemáticas y graves vulneraciones de derecho, especialmente a niñas, niños y jóvenes las que nos parecen cobardes, atroces y repudiables. Considerando la realidad país y basados en nuestro compromiso ético, Trabajadoras/es de Infancia y adolescencia de la Región de Ñuble, autoconvocadas/os declaran lo siguiente a la opinión pública: La Infancia y adolescencia viene siendo vulnerada sistemáticamente y de manera horrible desde hace ya mucho tiempo. El año 1990 Chile firma la Convención Internacional de los Derechos del Niño, compromiso de Estado, que garantiza el disfrute y goce de los derechos enunciados en dicho documento. A pesar de esto, según datos de dominio público, entre el año 2005 y 2016, en Chile mueren 1313 niñas, niños y jóvenes en centros de SENAME. Esta cifra es más dolorosa aún, si sumamos los 2071 casos de violencia y maltrato grave, y 310 agresiones sexuales que ocurrieron el 2017 en estos mismos centros. Estas irracionales cifras nos hablan de la decidía e inoperancia con que el Estado ha abordado el tema de Infancia. Señalar que, el Estado de Chile aún no se responsabiliza de la protección de niños, niñas y jóvenes en situación de abandono, pese a que han pasado casi 30 años de la ratificación de la convención referida. El Estado ha delegado la función de protección de los sujetos de derecho a terceros, denominadas como Organizaciones Colaboradoras de Sename – OCAS, las cuales son instituciones privadas, desligándose del compromiso suscrito en la convención, respecto de velar por el bienestar integral de niños, niñas y jóvenes; otorgando en la actualidad, recursos mínimos para el funcionamiento de programas residenciales, lo que se traduce en condiciones precarias tanto para niñxs y jóvenes, como también para trabajadores que se desempeñan en el sistema residencial. Las estadísticas antes mencionadas, dejan fuera a los niños víctimas de las operaciones policiales del mal llamado “conflicto de la Araucanía”, que no es otra cosa que la protección de las inversiones forestales de privados en esos lugares. En las “zonas de conflictos”, las niñas, niños y jóvenes pertenecientes a nuestros pueblos originarios, son víctimas y testigos de violencia diaria, sin contar con organismos garantes que puedan interceder por ellas/os. Hacemos manifiesto nuestro rechazo a las formas de control social que ha implementado el estado, en especial con la población infanto adolescente y que han derivado en graves violaciones de derechos ampliamente difundidas y denunciadas por estos días en distintos medios. Como equipos multidisciplinarios que intervenimos en historias dolorosas y de abandono físico y/o afectivo sabemos que los proceso reparatorios de este tipo requieren de un proceso largo y especializado, mermando el normal desarrollo evolutivo de estas personas. Concordamos con la defensoría de la Niñez quienes han señalado a través de su vocera Patricia Muñoz, que “en Chile se han violado grave, sistemática y generalmente los derechos humanos”. Según el INDH y el Colegio médico, la cifra de personas detenidas es de 5012 personas, siendo en su mayoría Niñas, niños y adolescentes y de ese universo, un porcentaje importante son los que socialmente llamamos “Niños SENAME”. Ya a esta altura estos organismos han cuantificado a 22 muertos, 5 de ellas/os por acción directa de agentes del Estado. Se debe añadir que además existen causas por apremios ilegítimos, violaciones, abusos sexuales, torturas confirmadas y formalizadas en fiscalía, además de los más 300 traumas oculares severos, todas acciones irracionales en las que nuevamente son las niñas, niños y jóvenes quienes aparecen como las victimas más recurrentes. Emplazamos a las autoridades a corregir a la brevedad estas atrocidades, generando los mecanismos técnicos y financieros que se requieran para garantizar el pleno ejercicio y goce de sus derechos a la población infanto juvenil de Chile. Necesitamos que la institucionalidad en su totalidad sea garante de estos derechos. Hacemos un llamado a las trabajadoras y trabajadores que intervienen en infancia a sumarse a esta instancia regional de organización y diálogo. Chillán, noviembre de 2019.-"