El pasado 22 de enero, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado respaldó la idea de legislar sobre el proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.

Lo anterior, se trata de un proyecto que se separó de la tramitación de la nueva Ley de Pesca que impulsa el Gobierno, el que divide cómo y cuánto porcentaje se va a extraer de una serie de recursos marinos entre ambos sectores a lo largo del país. 

Así, a fines del mes pasado, la iniciativa que cursa su segundo trámite constitucional recibió 4 votos a favor y 1 en contra.

Durante la votación en general, el presidente de la Comisión, el senador Fidel Espinoza (PS) reclamó por la ausencia durante la tramitación del ministro de Economía y recordó que “la ley del 2013 tuvo vicios de corrupción, condenados por la justicia chilena, pero no podemos decir que es una ley corrupta porque fue mejorada con los dirigentes de todo Chile (…)”. 

A su vez, dejó constancia de su preocupación sobre las licitaciones, “porque las que hubo con la antigua ley los únicos beneficiarios fueron los mismos que cometieron corrupción. El llamado es a que seamos capaces de construir algo más justo en ese proceso”.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS), manifestó durante esas jornadas su preocupación por la importancia biológica y la subsistencia del recurso. El congresista, que reemplazó a la senadora Loreto Carvajal en la Comisión, argumentó su voto a favor, pero dejó constancia de que no se debe “soslayar el tema constitucional”. Con todo, instó al “funcionamiento sistémico” del trabajo, aspectos sociales, desarrollo humano y económico.

Lo cierto es que ambos senadores han estado en un constante tira y afloja con el Gobierno desde el comienzo de la tramitación, con mensajes cruzados en prensa y acciones que no han sido bien recibidas dado el carácter oficialista de ambos miembros de la Cámara Alta. 

En diciembre del año pasado, ambos concurrieron a la fábrica de harina y aceite de pescado Landes en Talcahuano, ocasión en la que criticaron la premura que el Ejecutivo estaba impulsando a la discusión sobre el fraccionamiento, lo que generó críticas en el sector artesanal.

“Nos vamos con la impresión de que tenemos que seguir dialogando con el Gobierno para, de una u otra manera, buscar los mecanismos para que se compatibilicen ambas actividades. Potenciar la pesca artesanal debe también significar el hecho de mantener la empleabilidad”, apuntó Espinoza, añadiendo que “nosotros esperamos que el Gobierno sea consecuente con dejarnos escuchar a todos los actores, a los trabajadores, pescadores, gente que trabaja en la industria. Por eso, coartar la discusión poniéndole discusión inmediata sería una inconsecuencia”. 

Por su parte, el senador Saavedra expresó en dicha ocasión que “uno no entiende por qué tanta premura del Gobierno. La crítica a la Ley de Pesca actual es que se hicieron las cosas a escondidas. En este caso, ¿por qué tendríamos que apurarnos sin dejar ver los impactos que provocaría la distribución de recursos que plantea esta Ley de Fraccionamiento?”.

“El llamado al Presidente Boric, al ministro de Economía, al subsecretario de Pesca, es a tener la cautela suficiente, no la premura. Es extraño que haya tanta presión para legislar algo que, a todas luces, es malo para la industria pesquera, el sistema pesquero”, enfatizó Saavedra.

Su postura tuvo eco además en su hijo, Eduardo Saavedra, nuevo alcalde de Talcahuano por esos días, quien aprovechó la visita de Espinoza en la zona para solicitar que la propuesta de fraccionamiento que se evacuó desde la Cámara de Diputados fuese corregida en el Senado. 

Anteriormente, durante el mismo mes, el senador por el Biobío ya había marcado distancia con el oficialismo en la discusión del fraccionamiento pesquero. En entrevista con El Desconcierto, Saavedra abrió la puerta a un posible recurso al Tribunal Constitucional, junto con criticar los supuestos intereses electorales detrás de los cambios a la propuesta original en la Cámara de Diputados, además de comentar la incertidumbre laboral que generaría la iniciativa en el sector industrial. 

En enero, tras ser despachada la iniciativa a la Comisión de Hacienda del Senado, Saavedra expresó técnicamente su postura y vaticinó que lo más probable es que, por la disparidad entre las propuestas de ambas cámaras, el proyecto se termine discutiendo en una comisión mixta.