En septiembre de 2020, los querellantes en el Caso Asipes -arista del Caso Corpesca, y que investigó aportes de los pesqueros industriales a las campañas de parlamentarios- cuestionaron en duros en términos que la Fiscalía, tras cuatro años de pesquisas, no acreditara que los aportes a políticos del Bío Bío hayan configurado los delitos de cohecho y soborno. 

En esa oportunidad, la fiscal regional Marcela Cartagena no logró obtener pruebas para formular cargos contra políticos como la ex senadora Jacqueline van Rysselberghe, de la UDI; el ex diputado RN, Frank Sauerbaum, el ex subsecretario de Pesca, el socialista Raúl Súnico y el ex diputado PPD Cristian Campos.

Durante dicha investigación también fue salpicada la empresa Blumar, hoy apuntada por su eventual participación en el naufragio de la lancha 'Bruma' al ser la propietaria del 'Cobra', la nave sindicada como principal sospechosa del hundimiento que derivó en la tragedia. 

En 2017, Ciper reveló pagos de Blumar a militantes UDI, PS y DC, además de boletas a familiares y asesores parlamentarios. El exdiputado Fuad Chahín (DC) figura con una boleta por $2 millones emitida en 2009. También se detectaron pagos sin respaldo laboral provenientes de la ex Pesquera El Golfo a la red de boleteros de Pablo Longueira. En agosto y septiembre de 2016, la Fiscalía allanó las oficinas de Blumar en el marco de esas investigaciones.

"Los registros de la Pesquera Blumar, de las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz. Blumar es miembro de Asipes y ejerce en esa asociación gremial un rol relevante. La pesquera aparece pagándole a militantes UDI, PS y DC, incluido un diputado en ejercicio", consignó el medio en ese momento. 

El reportaje describe que "el 26 de marzo de 2015, Solange Hermosilla debió declarar ante Impuestos Internos (SII) por una boleta rectificada por $5 millones a SQM. Y fue entonces que reconoció que Carmen Luz Valdivielso, asesora de Pablo Longueira, le había solicitado que emitiera esa boleta falsa. Allí reconoció una segunda boleta falsa por $5 millones, la que le fue pagada por Pesquera El Golfo (entonces propiedad de la familia Yaconi-Santa Cruz). Luego de fusionarse con la Pesquera Itata (familia Sarquis), esa empresa dio paso a la actual Blumar".

"De la red de boleteros de Longueira, articulada por Carmen Luz Valdivielso, aparecen otras dos personas emitiendo boletas falsas para la ex Pesquera El Golfo: los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez. Ambos reconocieron ante la Fiscalía que las boletas que emitieron para El Golfo, y que totalizan $12,7 millones, no tenían trabajo de respaldo", complementa.

Ahora Cartagena debe investigar nuevamente a Blumar por el Caso Bruma, donde fue designada por el fiscal nacional Angel Valencia a una semana del naufragio en la comuna de Coronel. 

Fiscal bajo escrutinio

La decisión también fue cuestionada por Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás Bravo, pues la persecutora lideró la investigación en el caso del menor de edad, que fue hallado sin vida en Caripilún, en febrero de 2021, quien dijo que "dudo que ayude a gente humilde como nosotros". 

En ese sentido, Gutiérrez dijo en su momento que Cartagena cometió "negligencias gravísimas (…) por esas negligencias el caso no avanza".

Recientemente, en conversación con Página 7, la madre de Tomás Bravo se refirió al hecho de que sea ella misma quien esté a cargo del caso de los pescadores desaparecidos en la costa de Coronel.

"Primero que todo, es difícil la situación y una lamentable tragedia para todo el país y para sus familias (...) la verdad, me sorprendió un montón la decisión del fiscal nacional, de designar a la señora Marcela Cartagena, con todos los antecedentes que ella tiene", aseguró.

Asimismo, dijo sentir "dolor", por el hecho de que "no tiene consideración y empatía en casos tan delicados, como el de mi hijo. Dudo que también lo tenga con los demás".

Respecto a la figura de la fiscal Marcela Cartagena, Gutiérrez sostuvo que "mi opinión se sigue manteniendo. Nosotros, hace dos años, intentamos sacarla del cargo porque no tenía la empatía ni tampoco la disposición de ayudar".

"Cartagena es la típica fiscal soberbia que solo ayudará a quien más le convenga. Dudo que ayude a gente humilde como nosotros", expresó tajante.

"Ella no debía estar ejerciendo, pero como en este país las cosas funcionan tan mal, dio lo mismo el dolor de una madre, de una familia, les da lo mismo la muerte de un niño, de un trabajador o persona común y corriente", añadió.