En una sala de la Escuela de Carabineros se produjo hace poco una escena reveladora: el general director y su alto mando se sentaron a trabajar con Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y sus jefes regionales. No hubo sumarios ni denuncias. Fue una sesión de colaboración entre quienes dirigen la seguridad pública y quienes supervisan el respeto a los derechos humanos.

El sistema chileno evolucionó desde un enfoque puramente reactivo hacia un modelo preventivo. Desde 2009, el INDH promueve y protege derechos humanos. Una década después ganó un segundo rol: servir como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a través del CPT. Esta combinación protección-prevención crea un marco que no solo identifica violaciones sino que desarrolla herramientas para evitarlas.

Tomemos la "Guía de Monitoreo para la Prevención de la Tortura en Recintos Policiales", publicada por el CPT en 2024. El documento, sin precedentes en América Latina, transforma principios abstractos en instrucciones operacionales: cómo organizar turnos para prevenir fatiga de funcionarios, protocolos claros para registros de detención, mejoras de infraestructura para celdas y estándares de atención médica para detenidos.

Las instituciones policiales ven cada vez más este ecosistema no como amenaza sino como oportunidad de desarrollo profesional. Carabineros realiza entrenamientos regulares con la Defensoría de la Niñez, colabora con equipos de derechos humanos de la Fiscalía y trabaja con el CPT en procesos de monitoreo que han producido guías institucionales prácticas.

Esta apertura se materializó recientemente cuando el general director de Carabineros y su alto mando se reunieron con Yerko Ljubetic, director del INDH, y sus jefes regionales. No fue una investigación o audiencia, sino una sesión de trabajo que simboliza un cambio cultural hacia reconocer la supervisión externa como apoyo técnico antes que supervisión adversarial.

El liderazgo policial ha reconocido públicamente que el trabajo consultivo del CPT ayuda a elevar estándares de entrenamiento y mejorar custodia de detenidos. Varias recomendaciones técnicas han sido incorporadas en protocolos institucionales, demostrando que este diálogo produce resultados medibles.

La prevención resulta más eficiente que las respuestas reactivas. Identificar riesgos antes de que se conviertan en violaciones evita procesos judiciales, sanciones internacionales y crisis de confianza. Cada mejora de protocolo reduce la probabilidad de situaciones que dañan tanto a individuos como a instituciones responsables.

La legitimidad democrática de las fuerzas de seguridad descansa no solo en capacidad operacional sino en confianza pública. Esa confianza se construye cuando las autoridades operan dentro de parámetros verificables y transparentes. El ecosistema de derechos humanos no restringe el poder estatal: lo legitima.

Mientras muchas fuerzas policiales latinoamericanas enfrentan crisis de legitimidad, Chile ofrece un enfoque alternativo. La combinación de supervisión independiente y colaboración técnica permite al Estado autocorregirse sin perder autoridad. Este sistema no debilita las instituciones de seguridad: las profesionaliza.

El modelo resuena más allá de las fronteras chilenas. Observadores internacionales notan cómo el diálogo institucional puede fortalecer antes que socavar la capacidad estatal, ofreciendo lecciones para democracias que luchan por equilibrar necesidades de seguridad con protección de derechos.

Consolidar este modelo requiere reconocimiento político y social más amplio del trabajo del CPT y otras instituciones del ecosistema. Este reconocimiento fortalece la capacidad colectiva para la protección de derechos fundamentales.

Mientras los derechos humanos compiten por atención política, demostrar contribuciones concretas al fortalecimiento institucional se vuelve estratégicamente esencial. La arquitectura chilena prueba que derechos humanos y seguridad no son fuerzas opuestas sino elementos complementarios para construir capacidad estatal más sólida.

El marco representa una evolución hacia modelos de gobernanza democrática más sofisticados, donde prevención, colaboración técnica y supervisión independiente convergen para fortalecer el estado de derecho. Sugiere que la protección efectiva de derechos humanos requiere no confrontación con instituciones estatales, sino integración dentro de ellas: una lección con implicaciones que van mucho más allá de las fronteras chilenas.

*Daniel Soto Muñoz, Comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile