Extrañeza produjo entre los agentes fiscalizadores de la Municipalidad de Vitacura y vecinos de la comuna lo que pasó la tarde del miércoles 20 de agosto pasado a partir de las 15:45 en un inmueble ubicado justo arriba del restaurante La Calma, en avenida Nueva Costanera 3832, oficina 22.
Luego de descubrir en el lugar cientos de botellas de licores -el cual no estaba habilitado para dicho fin y el que contaba con camarines y refrigeradores con marcas comerciales, que hacían sospechar de que se trataba de un garito o clandestino-, estos agentes municipales de la Dirección de Rentas ordenaron el inmediato decomiso de estos productos, en virtud de la Ley de Alcoholes.
El inmueble pertenece a Mauricio Fredes, quien también es dueño del restaurante La Calma, emplazado justo debajo, y tiene un giro de "oficina administrativa y de contabilidad", lo que no lo habilita para expender alcoholes, esto es venta o distribución de los mismos. Algo que incluye un eventual servicio de bodegaje para La Calma. Fredes es conocido por su anterior proyecto, la Vinoteca, y por ser hijo de María Angélica Álvarez, la Jupi, la antaño mejor amiga de Michelle Bachelet y factotum de su primer gobierno.
Set fotográfico, adjunto en el Informe de Fiscalización de la "oficina" de Fredes.
Llamo la atención de los fiscalizadores -según el Informe de Fiscalización del caso (adjunto en este reportaje)-, la "presencia de camarines con duchas y lockers e instalaciones que no corresponden a la actividad declarada y autorizada en la patente municipal".
La funcionaria del restaurante Claudia Jara reconoció a los fiscalizadores que la oficina 22 era empleada como bodega y camarín para La Calma.
Con estos antecedentes, los inspectores consideraron que la Ley de Alcoholes califica a esta oficina como "clandestina", por lo que procedieron a solicitar la requisa de las botellas de licores a Carabineros, conforme los procedimientos habituales para estos casos.
Mientras llegaba el contingente policial, el chef de La Calma, Ignacio Ovalle, insistió en retirar los alcoholes del clandestino para evitar la requisa, y ante la negativa de los inspectores, llamó al abogado Guillermo Mackenna, quien se apersonó en el lugar. Ante uno de los fiscalizadores, Mackenna reconoció las infracciones aunque de todos modos intentó evitar el decomiso por parte de los funcionarios municipales, quienes se negaron a ello.
Estos funcionarios cursaron citaciones por expender bebidas alcohólicas sin patente y por infringir la Ley de Rentas, ya que en el lugar se ejercía una actividad distinta a la autorizada por la patente comercial.
"Dado todo lo descrito y al determinar fehacientemente que estamos en presencia de un clandestino, se procede a coordinar con la subdirectora de Fiscalización srta. Natalia López González, a quien se solicitó apoyo con la presencia de inspectores de Seguridad Pública y Carabineros de Chile, para aplicar el procedimiento de decomiso", dice el Informe de Fiscalización.
"Dado todo lo descrito -reza el Informe de Fiscalización- y al determinar fehacientemente que estamos en presencia de un clandestino, se procede a coordinar con la subdirectora de Fiscalización srta. Natalia López González, a quien se solicitó apoyo con la presencia de inspectores de Seguridad Pública y Carabineros de Chile, para aplicar el procedimiento de decomiso".
A eso de las 16:45 el equipo fiscalizador de Rentas se fue del lugar, una vez que llegaron en su reemplazo los inspectores de Seguridad de la misma Municipalidad de Vitacura.
Todo se enreda
Todo parecía un decomiso más en la labor fiscalizadora de la Municipalidad de Vitacura, la cual ha sido particularmente severa en este aspecto, pero el asunto empezó a enredarse cuando la funcionaria López les dijo a las inspectores de Rentas -que ya se habian retirado del inmueble- que Carabineros había indicado que "nuestro procedimiento fue mal ejecutado", según dice el Informe de Fiscalización. Razón por la cual, los inspectores debieron volver a toda prisa a La Calma.
Al momento de su regreso, en las afueras del restaurante había una patrulla de Carabineros y el sargento 2° Freddy Abello estaba rodeado por los trabajadores del inmueble fiscalizado.
Abello cuestionó el actuar de los inspectores, aduciendo que el inmueble se trataba de un domicilio particular. Algo que fue desmentido rápídamente por los funcionarios municipales con documentación en mano. Ante eso, los inspectores hiceron ver a Abello que la Ley de Alcoholes, en su artículo 43, "le ordena a Carabineros la incautación de las especies".
Tras el intercambio, el sargento Abello -siempre siguiendo el Informe de Fiscalización- "procede a efectuar llamados telefónicos e indica que llamó a su superior el mayor Rodrigo Silva, el cual instruyó que NO se realizara el decomiso". Ante lo cual, los funcionarios municipales inquirieron al sargento; "por qué días antes sí se ejecutó un decomiso en similares condiciones, con oficiales de la misma 37° Comisaría y por qué ahora el mayor instruye que no se realice". Según el sargento, el decomiso no aplicaba por no existir venta de alcohol en el lugar.
"Al no recibir una respuesta apegada a la normativa vigente, el equipo de inspectores de Rentas y los inspectores de Seguridad Pública se retiraron del lugar, dejando constancia de los hechos".
Informe de Fiscalización de La Calma.
Extrañeza y suspicacias
La decisión causó extrañeza en el ambiente comercial de Vitacura, pues la administración de la alcaldesa Camila Merino ha sido particularmente severa, y cualquier irregularidad en las que posiblemente haya un delito ha terminado en denuncias inmediatas ante el Ministerio Público.
Incluso los funcionarios municipales que fueron descubiertos en un acto sexual en el edificio de la Municipalidad, fueron recientemente desvinculados. Todo esto, en un clima de tolerancia cero a escándalos, luego de lo sucedido con el ex alcalde Raúl Torrealba, sobre quien recaen acusaciones por fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios.
En el marco de la las leyes infringidas, algunas fuentes municipales indican que es primera vez en mucho tiempo que en Vitacura se frustra un decomiso de alcoholes, y que muchos de los decomisos recientes comparten las mismas características que el caso de La Calma, pero con un resultado de una decisión administrativa diametralmente opuesta.
En el marco de la las leyes infringidas, algunas fuentes municipales indican que es primera vez en mucho tiempo que en Vitacura se frustra un decomiso de alcoholes, y que muchos de los decomisos recientes comparten las mismas características que el caso de La Calma, pero con un resultado de una decisión administrativa diametralmente opuesta.
Dicen también que la clave está en el concepto de 'expendio' de alcoholes contenido en la ley, el cual no se homologa exclusivamente a 'venta' (expendio consumado), por lo que la presencia de cientos de botellas hacen presumir un "volumen comercial", estando eventualmente dispuestas para 'distribución' ilegal al restaurante La Calma, evitando el control legal de existencias.
También pasaron los meses y como no había noticias sobre el caso, la atención recayó en la figura de Mauricio Fredes Álvarez, dueño de La Calma desde 2022 y conocido por ser el hijo de María Angélica Álvarez, la Jupi.
Si bien Álvarez y Bachelet hoy están distanciadas, vecinos y funcionarios sospechan que Jupi o sus cercanos mantuvieron algunos contactos de poder, los que -a juzgar por el extraño comportamiento de Carabineros- podrían constituir redes de influencia que se activaron en la jornada del 20 de agosto.
Habla Fredes
Al respecto, Mauricio Fredes conversó con Interferencia y cuenta que efectivamente se produjo el operativo, pero que él se encontraba en Europa, por lo que desconoce los detalles.
De todos modos, descarta cualquier vínculo suyo con la policía. "Cuando llegó Carabineros, que es lo que me contaron a mi, dijeron que no era lo que corresponde al procedimiento y no se los llevó. Es todo lo que sé respecto de la participación de Carabineros en este asunto", dice Fredes.
"No conozco al funcionario de Carabineros que fue, no tengo ningún contacto con Carabineros. Mi chef, que estaba ahí, ni la persona de administración que estaba ahí, tampoco, que yo sepa, por lo que hacer una persecusión a Carabineros o alguna denuncia no corresponde, porque por ahí no va el asunto. Acá hay una conspiración carabinerística porque a alguien en la Municipalidad se le ocurrió".
Asimismo Fredes dice que no tiene sentido centrar el caso en él, por los vínculos con su madre, por una figuración pública de ella de la cual ya han pasado muchos años.
El empresario informa que pagó las multas asociadas a esa inspección [por infringir el Artículo 3 de la Ley de Alcoholes "expender bebidas alcohólicas sin contar con patente de alcohol que lo autorice" y por infringir la Ley de rentas por "mantener, bodegas, camarines y duchas", según dicen las citaciones judiciales].
También señala que subsanó el mal uso de su segundo inmueble, devolviendo a La Calma las al rededor de 160 botellas de vino que según Fredes había en el lugar.
"Acá hay una conspiración carabinerística porque a alguien en la Municipalidad se le ocurrió", dice Fredes. Asimismo dice que no tiene sentido centrar el caso en él por los vínculos con su madre, por una figuración pública de ella de la cual ya han pasado muchos años.
Pero, Fredes niega que haya habido ahí algún garito o algún expendio de alcohol. El empresario dice que las botellas están inventariadas en La Calma y que puede demostrar que no han sido vendidas fuera de esa operación.
"Cuando fui a la Municipalidad dije; todas las botellas de vino que están acá, son del restaurante de abajo, no deberían estar arriba en esa cantidad y las bajé. Pero les dije que habían todas las boletas, todas las facturas de compra y todas las facturas de venta del restaurante, con lo cual no había un garito, un clandestino", dice el empresario.
Según Fredes en su caso no habría ningún tipo de "expendio", el que según él, se entiende según si corresponde a 'patente de expendio', para vender dentro del local, a diferencia de la "patente de depósito", que es para vender productos para ser consumidos fuera del local. Fredes dice que nada de eso había, sino que solo 160 botellas de vino que no cabían en el restaurante.
Un memo de última hora
En eso Interferencia fue advertida de los antecedentes, ante lo cual solicitó información vía ley de Transparencia tanto a la Municipalidad de Vitacura como a Carabineros. En el caso de la Municipalidad se consultó si es que se habían dispuesto los antecedentes de fiscalización ante el Ministerio Público.
En el caso de la administración de la alcaldesa Merino, ésta aceleró la entrega de los antecedentes solicitados, e incluyó un memo de la División de Asesoría Jurídica (también adjunto en este artículo), el que de algún modo responde a la pregunta relativa a las denuncias penales correspondientes, en tanto está fechado ayer 27 de noviembre de 2025 y fue realizado en el marco de las consultas de este periódico.
En este memo se afirma que "resulta procecente que, frente a una determinada inspección, sean dicha institución [Carabineros] los que evalúe la procedencia de aplicar dicha medida preventiva [el decomiso]", por lo que Vitacura considera que "la actuación Carabineros de Chile. se efectuó dentro del marco de sus competencias, por lo que no amerita iniciar ningún procedimiento al respecto".
Memo de la División de Asesoría Jurídica, sobre el decomiso de alcoholes en La Calma.
En el análisis de fuentes municipales, el memo entraña una serie de dificultades e inquietudes. Por un lado, considera que la ley es clara en mandatar a Carabineros a realizar los decomisos, sin dejar espacio a la interpretación policial. Por otro, sienta un peligroso antecedente de superioridad de la policía frente a los fiscalizadores municipales, siendo que la ley establece facultades homólogas para ambos, lo que entraña una curiosa auto-desautorización de las facultades municipales.
En tal sentido, la Municipalidad validó la interpretación que hizo Carabineros de la ley que establece que es la venta y no el expendio (en sentido lato) el que detona la decisión de requisar. "De ese modo, puede concluirse que su proceder no fue falto de motivación o arbitrario, sino que se fundó en una interpretación distinta de los hechos".
En el análisis de fuentes municipales, el memo entraña una serie de dificultades e inquietudes. Por un lado, considera que la ley es clara en mandatar a Carabineros a realizar los decomisos, sin dejar espacio a la interpretación policial. Por otro, sienta un peligroso antecedente de superioridad de la policía frente a los fiscalizadores municipales, siendo que la ley establece facultades homólogas para ambos, lo que entraña una curiosa auto-desautorización de las facultades municipales.
También ha llamado la atención de algunos vecinos que no se haya realizado nada ante la Inspección del Trabajo, dada la existencia de camarines y duchas presumiblemente para empleados, en una oficina no dispuesta ni autorizada para dichos fines.
En el caso de Carabineros, la información todavía no es facilitada por la institución, aunque fuentes municipales contaron a Interferencia que oficiales policiales están recabando información en la Municipalidad de Vitacura.
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