El Banco de Crédito e Inversiones enfrenta una nueva acción judicial por competencia desleal, esta vez interpuesta por A-Zigurat SpA, una pequeña empresa de asesoría, ingeniería y gestión inmobiliaria. La demanda, presentada ante un Juzgado Civil de Santiago, acusa al banco de haber operado durante más de un año con un proveedor sin suscribir jamás el contrato correspondiente, para luego terminar la relación de forma intempestiva mediante un escueto correo electrónico del 31 de julio de 2025.

Según el libelo, A-Zigurat comenzó a prestar servicios de custodia de inmuebles al BCI en julio de 2024, a requerimiento expreso del banco, que le adjudicó la guardia de una propiedad en la comuna de Providencia por 15 UF mensuales. Con el tiempo, la empresa llegó a custodiar cuatro inmuebles en Providencia y Quinta Normal. Pese a enviar toda la documentación comercial solicitada y preguntar reiteradamente por la firma del contrato, nunca obtuvo respuesta.

La presentación de esta demanda tiene un vínculo directo con el trabajo de Interferencia. Según consta en el libelo, fue la lectura del reportaje de este medio, —que en abril de 2026 reveló cómo el BCI enfrenta una demanda por competencia desleal interpuesta por Bodegas Maquirent, tras terminar unilateralmente un contrato de custodia de bienes y negarse a pagar $330 millones en facturas—, lo que motivó a A-Zigurat a reconocer en esa historia un patrón idéntico al que había experimentado y a decidir acudir a tribunales.

El banco tampoco pagó un informe de consultoría que le encargó en 2025 para mejorar la rotación de activos inmobiliarios en stock, y que A-Zigurat entregó el 4 de julio de ese año, días antes de recibir la notificación de término.

La demanda invoca la Ley N° 20.169 sobre Competencia Desleal —específicamente su artículo 4°, letra i), que tipifica como desleal el establecimiento de conductas abusivas en desmedro de proveedores— y además acumula una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual. El monto total exigido asciende a $56.506.060, contemplando daño emergente (550 UF por los servicios impagos), lucro cesante (proyección de 12 meses de facturación promedio, equivalente a $14,2 millones) y daño moral por $20 millones.

El caso tiene un antecedente directo que Interferencia ya documentó: la demanda de Bodegas Maquirent contra BCI, también bajo la Ley N° 20.169, por una cláusula contractual que el medio calificó como abusiva. La coincidencia entre ambas causas abre una pregunta relevante: si BCI designa el mismo estudio jurídico para su defensa, podría anticiparse que buscará derivar el conflicto al Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM), tal como ocurrió en el caso Maquirent.

La presentación de esta demanda tiene un vínculo directo con el trabajo de Interferencia. Según consta en el libelo, fue la lectura del reportaje de este medio, —que en abril de 2026 reveló cómo el BCI enfrenta una demanda por competencia desleal interpuesta por Bodegas Maquirent, tras terminar unilateralmente un contrato de custodia de bienes y negarse a pagar $330 millones en facturas—, lo que motivó a A-Zigurat a reconocer en esa historia un patrón idéntico al que había experimentado y a decidir acudir a tribunales.

Interferencia contactó a BCI para obtener sus declaraciones. Hasta el cierre de esta nota, el banco no respondió a las consultas de este medio.