En abril de este año el poder político brasileño acordó una medida de emergencia de cara a la crisis socioeconómica gatillada por la llegada del coronavirus: una renta mensual básica de 600 reales (111 dólares o 88.000 pesos chilenos) para los trabajadores informales o desempleados del país. Este monto además es el doble en caso de madres solteras, mientras que en familias donde dos personas cumplan con las condiciones, pueden sumar el beneficio.

Si bien esta medida fue un proyecto impulsado por el Congreso de Brasil, el cual alcanzó un acuerdo con el gobierno de Jair Bolsonaro, la puesta en práctica de este sueldo de emergencia ha aumentado la popularidad del presidente de dicho país, al tratarse de fondos que salen del Gobierno Federal.

Según consignó El País, la última encuesta Datafolha publicada el pasado 14 de agosto, arrojó que la aprobación al mandatario llegó al punto más alto hasta ahora registrado, con un 37%, mientras que el rechazo disminuyó diez puntos alcanzando un 34%.

El citado diario español además señala que gracias a esta medida ha aumentado la valoración positiva de Bolsonaro en el noreste brasileño, sector tradicionalmente ligado al Partido de los Trabajadores, liderado por el ex presidente Lula da Silva. Pero en contraparte, el actual mandatario ha perdido apoyo en la clase alta del país, debido a su mal manejo de la pandemia, el que mantiene a Brasil como el segundo país del mundo con mayor cantidad de muertos, específicamente, 108.536, al cierre de esta edición.

De igual manera, según informó el diario Folha de Sao Paulo, la renta de emergencia entregada en Brasil ha repercutido en una disminución temporal de la desigualdad en el país, como también ha impedido que 23,5 millones de personas caigan en la pobreza.

En el país el desempleo alcanza actualmente un 13,3% y este beneficio estatal ha favorecido a cerca de 60 millones de personas, con una inversión a la fecha de 46.500 millones de dólares.

La duda es la continuidad de la iniciativa. Puesto que inicialmente se consideró el pago hasta el presente mes, actualmente el gobierno y el Congreso se encuentran discutiendo la posibilidad de extender el programa de emergencia.

Algo que no resultó en Chile

La medida más parecida a la renta básica brasileña a nivel local es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual comenzó a aplicarse en Chile a fines de mayo, tres meses después de decretada la emergencia sanitaria en nuestro país.

Corresponde a un monto que puede llegar a ser 65.000 pesos por carga familiar, cifra que puede variar en caso de haber recibido otros beneficios, como el bono Covid o el bono para la clase media, que se descuentan de este ingreso.  

Según Cristián Monckeberg, quien era ministro de Desarrollo Social durante el inicio de este beneficio, hasta el 10 de julio 2.113.663 hogares habían sido beneficiados con el Ingreso Familiar de Emergencia.

Este tiene como requisito que las personas ingresen sus datos en el Registro Social de Hogares y que pertenezcan al 60% de la población más vulnerable, privilegiando a trabajadores informales que hayan perdido su fuente laboral y adultos mayores de 70 años o más con Pensión Básica Solidaria de Vejez y que pertenecen al 80% más vulnerable. 

Hace un mes, el gobierno decidió ampliar la cobertura de este ingreso, incluyendo a los con Pensión Básica Solidaria (PBS) desde los 65 años, lo que incorporó a 70 mil nuevos potenciales beneficiarios. También subió el monto del aporte a 100.000 por carga familiar y se eliminó el requisito de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares y el indicador socioeconómico de emergencia para acceder a este beneficio. Esto quiere decir que ahora llegaría al 80% más vulnerable de la población.