El 29 de abril de 2019 el empresario agrícola Luis Alberto Ferrada fue informado de que una empresa estaba robando áridos de su propiedad en Pitrufquén, un predio agrícola colindante con una faena desde la cual se extrajeron cerca de 250.000 métros cúbicos (m3) de material pétreo, de los cuales 90.000 m3 corresponderían a su predio, por un valor de $1.430 millones de pesos. 

La empresa se llama Transportes Terranova, y se trata de uno de los principales subcontratistas de Forestal Mininco, filial de CMPC, la cual luego vendió los áridos ilegalmente extraídos, a la misma forestal, por el monto antes mencionado, según cálculos que hizo el demandante a partir de información judicializada del Servicio de Impuestos Internos (SII) acerca de las compras de áridos de la forestal.

Ese día marcó el inicio de un pleito legal y medioambiental que hoy, a tres años de iniciado, podría dejar a la forestal de propiedad de la familia Matte sin la certificación internacional entregada por NEPcon (Preferred by Nature), de Forest Stewardship Council (FSC, Consejo de Administración Forestal, en español), la cual acredita un estándar internacional en el manejo de la producción forestal, clave para ingresar a los mercados internacionales, y permanecer en ellos.

Lo anterior, sin contar con la querella criminal interpuesta ante la Fiscalía por Ferrada en julio de 2021, contra ejecutivos de Terranova y Mininco, por la compra de los áridos ilegales -según el empresario agrícola- a sabiendas de que éstos eran robados, lo que -en caso de comprobarse- implicaría el delito de receptación en el caso de Francisco Ruiz-Tagle, el representante legal de la forestal.

El delito y el proceso kafkiano en Chile

“El 2 de mayo de 2019 viajo a la zona, me percato del hurto de áridos y una vez recabados los antecedentes hago denuncias en Fiscalía, Policía de Investigaciones, Dirección de Obras Hidráulicas [DOH, del Ministerio de Obras Públicas], Superintendencia de Medioambiente, y luego de un tiempo para recabar más antecedentes, al Servicio de Impuestos Internos [SII], Contraloría General de la República, Mininco y NEPcon”, narra Ferrada sobre el inicio del caso.

Según Ferrada, todo esto fue posible gracias a una serie de engaños y falsificaciones a nivel de la documentación municipal, lo que terminó inicidiendo en que el permiso municipal de extracción de áridos de Pitrufquén terminase incluyendo terreno de propiedad del denunciante.

Todo esto fue posible gracias a una serie de engaños y falsificaciones a nivel de la documentación municipal, lo que terminó inicidiendo en que el permiso municipal de extracción de áridos de Pitrufquén terminase incluyendo terreno de propiedad del denunciante. 

Todos estos organismos recibieron los antecedentes recabados por Ferrada, sin que al día de hoy haya avances significativos respecto de las sanciones y reparaciones, pese a que se ha logrado acreditar lo sustantivo de la denuncia: que se sustrajo ilegalmente 90.000 m3 de áridos de la propiedad de Ferrada por parte de Terranova, los cuales fueron vendidos a Mininco.

“Esto es una lucha tremenda y un desafío interesante por la magnitud de los contendores y del daño en mi propiedad", dice Ferrada, quien afirma que estos años de litigio no han sido fáciles, pues Mininco, con su poder e influencias ha ralentizado los procesos de la investigación en diferentes instancias y organismos. "Por eso a estos 'señores' nunca les pasa nada, pero esta vez les salió gente al camino”, afirma. 

En concreto, Ferrada se refiere a la lentitud con que ha actuado la PDI, Fiscalía, y la Superintendencia de Medioambiente, organismos que además habrían tomado determinaciones que terminaron ralentizando el avance del caso. 

"Tengo documentado cada obstáculo que fueron poniendo en este caso", asegura Ferrada.

Esto, sin incluir la actuación de los funcionarios de la Municipalidad de Pitrufquén, especialmente durante la administración edilicia anterior, de Jorge Jaramillo Hott (PPD), habiendo un informe de Contraloría de abril de 2021 en el que se recrimina la no entrega de información importante respecto del caso, con más de un año de plazo.  

Respecto a la Superintendencia, Ferrada cuenta que -luego de mucha insistencia- logró conseguir una reunión con el superintendente subrrogante del Medioambiente, Emanuel Ibarra, en abril de 2022 para hacerle ver todas las irregularidades y tardanzas en los procesos legales. 

"Me aseguró que tendría una respuesta, pero ha pasado más de un mes y no hay nada", dice Ferrada sobre la reunión con Ibarra.

Me aseguró que [el superintendente] tendría una respuesta, pero ha pasado más de un mes y no hay nada", dice Ferrada sobre la reunión con Ibarra. 

Según la información recabada por Interferencia, Ferrada acompañó sus denuncias con varios informes técnicos que acreditan cada aspecto.

Entre ellos, hay uno particularmente llamativo. Es un documento del DOH que señala la improcedencia del permiso otorgado por la Municipalidad de Pitrufquén para la extracción de estos áridos, el cual constata que dicho permiso no contó con la autorización debida del propio DOH, y el que además muestra que se presentó documentación falsa de un lote de terreno inexistente, para justificar la extracción desde la propiedad de Ferrada.

En particular se trata de la delimitación falsa o errónea de los lindes de su parcela, con la que se le enajenó -en el papel- media hectárea en favor del lote colindante, perteneciente a su hermano Eduardo Ferrada, quien fue contratado por Terranova para servir de base de la extracción. Justo la media hectárea en la que se le extrajeron los áridos.  

Ferrada incluye entre la evidencia, fotografías de los daños sufrido en su predio con esta extracción y documentación que muestra cómo fueron alterados los plan0s de subdivisiones prediales, para 'agregar' dicha media hectárea al permiso de extracción, lo que constituiría el delito de usurpación y obstrucción de la justicia (en tanto habrían demorado y escondido información relevante). Esto tal y como se señala en el escrito judicial que complementa la querella interpuesta por el propietario contra los ejecutivos de Mininco y Terranova, a quienes acusa de estar coludidos en la acción delictual.

Entre los antecedentes presentados por Ferrada, llama también la atención una declaración jurada ante la Corte de Apelaciones de Temuco de agosto de 2019, por parte de Julio Baeza Plasser, dueño de Terranova. en la que afirma que sí extrajeron áridos del terreno de Ferrada, pero en un volumen muy menor: 39.000 m3, en circunstancias en que se probó que fueron 90.000 m3 los extraídos.

El dato erróneo fue proporcionado en el marco de la defensa de Terranova por un recurso de protección, pero fue desestimado luego de que la Fiscalía cotejase la información con el SII, y la venta a Mininco. 

La evidencia apunta no sólo a que Minico compró áridos ilícitamente en fechas previas a la comunicación entre el afectado y la forestal; sino que además -afirma Ferrada- se hicieron compras de estos materiales cuando ya estaban avisados sobre el ilícito.

Cabe señalar que la investigación sigue en curso, y se han solicitado al SII más antecedentes por parte del fiscal especial Jorge Granada, nombrado por la Fiscalía Regional en febrero de 2022, ante la tardanza, para completar los antecedentes faltantes de la extracción irregular efectuada, la que en total suma aproximadamente 250.000 m3 de áridos.

Mininco en escena 

El reclamo de Luis Alberto Ferrada está en conocimiento de Mininco, pues consta la existencia de un correo de la empresa enviado con fecha 24 de julio de 2019 en el que se acusa el recibo de llamadas telefónicas por parte de Ferrada, intentando comunicarse con Jorge Matte Capdevila -miembro del directorio de CMPC y de la rama forestal del mismo conglomerado familiar- para hacerle presente los delitos e irregularidades. 

En la carta de Mininco se informa que Matte envió a Eduardo Hernández, gerente de Operaciones Bosques y Maderas de la CMPC, a investigar el caso. De esta investigación -dice Ferrada-, hasta el día de hoy no hay resultados y la empresa sigue señalando que la compra de áridos fue legal.

Lo anterior, pese a la evidencia que apunta a que no sólo se compraron áridos ilícitamente en fechas previas a la comunicación entre el afectado y la forestal; sino que además -afirma Ferrada- se hicieron compras de estos materiales cuando ya estaban avisados sobre el ilícito. Esto puede comprobarse porque legalmente la empresa está obligada a registrar y transparentar las compras de áridos, con información del origen del producto y y la identificación del proveedor. Datos que fueron proveídos por el SII en el caso.

Ante la actitud de Mininco, Ferrada decidió presentar su caso fuera de Chile, haciendo un reclamo a NEPco y Forest Stewardship Council (FSC), pues -a su entender- el actuar de la forestal contraviene las pautas de conducta que guían la certificación que le fue entregada a la forestal chilena.

En un principio, FSC se limitó a incluir el caso en su auditoría de 2019, razón por la cual el afectado se dirigió directamente a Assurance Services International (ASI), una acreditadora que supervisa la labor de  las certificadoras. Fue así como ASI decidió en abril de 2022 enviar un fiscal especial a terreno, para que -conforme sus conclusiones- se tomen las medidas correspondientes frente a la gravedad de los hechos denunciados. 

Entre las medidas que podrían adoptarse, incluso Mininco podría perder su certificación internacional, ya que se le acusa de receptación y a su contratista, Transportes Terranova, de perjurio, falsificación de instrumento público, obstrucción a la justicia y usurpación de terrenos.

Entre las medidas que podrían adoptarse, incluso Mininco podría perder su certificación internacional, ya que se le acusa de receptación y a su contratista, Transportes Terranova, de perjurio, falsificación de instrumento público, obstrucción a la justicia y usurpación de terrenos.

Interferencia se contactó con el Departamento de Comunicaciones de la CMPC y de Mininco por este artículo, desde donde se indicó que la forestal no tuvo relación con Terranova sino hasta abril de 2019, por lo que no estaría involucrada en el caso.

La versión se mantuvo, pese a que desde esta redacción se contrapreguntó con los antecedentes del SII que muestran ventas posteriores a ese mes, y hasta agosto siguiente, cuando fueron extraídos los áridos.

Además, según Mininco, "los hechos denunciados se encuentran en el marco de diferencias comerciales entre hermanos", en referencia a distintos miembros de la familia Ferrada, vecinos en la zona.