Desde el principio fueron altas las probabilidades de que el miércoles 7 de de diciembre fuera una fecha fatídica para Pedro Castillo Terrones.

El presidente peruano enfrentaba un tercer intento por destituirlo por parte de una cada vez más fuerte oposición en el Congreso, acusado de dirigir una "organización criminal" que busca el tráfico de influencias y la obstrucción a la justicia, entre varias otras cosas, como la acusación de haber plagiodo de su tesis de maestría.

En la mañana de este miércoles no había claridad respecto de si la oposición obtendría los 87 votos parlamentarios necesarios para destituirlo (vacarlo, en el lenguaje jurídico peruano) por permanente incapacidad moral, pero estaba claro que estaban más cerca que las ocasiones anteriores, en las que Castillo logró zafar.

Castillo no esperó a que empezara el proceso en su contra en el Congreso, y decidió realizar una jugada al todo o nada, que le resultó muy mal,

A las 12:00 horas de Lima y 14:00 de Santiago, Castillo habló por televisión y anunció el cierre del Congreso, el estado de excepción y el gobierno por decreto hasta la pronta elección de un nuevo parlamento, esta vez con potestad constituyente.

Castillo no tenía entonces la atribución constitucional de cerrar el Congreso, pues el orden jurídico peruano contempla que eso solo puede realizarse si es que los parlamentarios rechazan la 'cuestión la confianza' en el Gabinete en dos ocasiones, lo que comporta en lo inmediato la destitución de todos los ministros y el llamado a elecciones para un nuevo Congreso.

Castillo no esperó a que empezara el proceso en su contra en el Congreso, y decidió realizar una jugada al todo o nada, que le resultó muy mal,

No era el caso, pese a que Castillo ha enfrentado varias presiones para forzar renuncias -de a una- de sus ministros. En noviembre, además, el ahora ex presidente buscó transformar la renuncia de su premier Aníbal Torres, como una 'cuestión de la confianza', pero el Tribunal Constitucional denegó tal salida, que habría permitido a Castillo cerrar el Congreso   

"La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y, correlativamente, la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos lo manifiestan, de su Tribunal Constitucional" dijo Castillo en su intento de justificar la legalidad del cierre del Congreso.

Prácticamente nadie lo siguió.

El primero en renunciar a su gobierno fue el canciller César Landa. “En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Pesidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, twitteó a las 12:15 (en adelante, todas horas de Lima).

En adelante, las desafecciones y las condenas se sucedieron con rapidez, y se comenzó a hablar de un golpe de Estado, siendo uno de los primeros en usar el concepto, el mentor de Castillo, Vladimir Cerrón, quien dijo: “Perú Libre no apoyará golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia”.

"El Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos lo manifiestan, de su Tribunal Constitucional" dijo Castillo en su intento de justificar la legalidad del cierre del Congreso.

A las 13.15 el Tribunal Constitucional aclaró que debía asumir la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, quien a las 13.15 declaró: “rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley".

A esa altura se sospechaba que Castillo buscaba asilarse en la Embajada de México, país que efecivamente le ofreció tal garantía, cuando llegó el tiro de gracia, a las 13:37 cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aclaró que no respaldarían al presidente. "Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú", se lee de un comunicado oficial.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó el siguiente hilo en Twiter: "Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución on el sui géneris precepto de "incapacidad moral". Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo".

A las 13:50, con 101 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, se aprobó la vacancia de Pedro Castillo y a las 14:10 se supo que el entonces ya ex mandatario se encontraba detenido en la Prefectura de Lima.

Finalmente, Castillo no solo fue destituído, sino que además muy posiblemente será acusado por los cargos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, lo que se suma a otros seis acusaciones criminales que están en la Fiscalía.

A esa altura se sospechaba que Castillo buscaba asilarse en la Embajada de México, país que efecivamente le ofreció tal garantía, cuando llegó el tiro de gracia, a las 13:37 cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aclaró que no respaldarían al presidente.

Con esto, además, la oposición principalmente de derecha del Congreso peruano cumplió su propia profecía que indicaba que Castillo no terminaría su mandato, cuando negó la sal y el agua al Gobierno de Castillo desde incluso antes de asumir, cuando la candidata derrotada, Keiko Fujimori, acusó un inexistente fraude electoral.

Castillo gobernó un año, cuatro meses y un poco más, y nunca pudo desplegar su proyecto político que buscaba realizar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, y desarrollar políticas redistributivas. Su gobierno envió cerca de 70 proyectos de ley, todos frenados en el Congreso, y su gestión se debió abocar a la defensa política y jurídica del propio Presidente y sus ministros, ante una agenda totalmente abocada a acusarlos, con y sin razones.

A las 15:50 juró como la primera presidenta del Perú Dina Boluarte, una abogada de provincias, cercana a Perú Libre, aunque renunció al partido, quien acompañó a Castillo en su improbable aventura electoral. Ante el curso constitucional que implicaba que asumiria el mandato si vacaban a Castillo, ella dijo que se iría con él, pero el golpe le dio la oportunidad de deshacerse de ese compromiso.

Boluarte convocó a un “amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no al Congreso” y pidió “una tregua política de unidad nacional”. Además dijo que su primera meta será “enfrentar a la corrupción [para] extirpar este cáncer que tiene la nación”.