Un fallo del 2º Juzgado de Letras del Trabajo condenó a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a pagar 36 millones de pesos a Osvaldo Garay, ex Contralor de esa casa de estudios. El tribunal consideró que su remoción fue una represalia debido a la participación que  tuvo en la discusión de la Ley de universidades estatales realizada en el Senado el 8 de enero de 2018.

Scott Libert, CEO de Kauai Labs, está preocupado por el emprendimiento de los hijos del Presidente, ya que usan “nuestro mismo nombre y nuestro mismo giro”. Dice que en cuanto se enteró de la noticia de INTERFERENCIA, avisó a sus clientes en todo el mundo, y que no descarta interponer acciones legales contra la empresa chilena.

La comuna de descanso de la elite chilena está envuelta en un torbellino. Gustavo Alessandri parece sentirse traicionado y ha emprendido una cruzada de transparencia, "caiga quien caiga".

El escrito de los ediles busca que el órgano fiscalizador se pronuncie sobre la legalidad de los contratos suscritos entre el Municipio y la multinacional Veolia. Hace unas semanas, la Corte Suprema indicó que dichos vínculos estaban fuera de norma.

La acción se suma a la demanda interpuesta en su contra el fin de semana y a los cuestionamientos de consejeros de la Conadi ante la Contraloría. Pese a estar cercado en tres frentes, el gobierno y el afectado mantienen que todo está en orden.

Los trabajadores de los Astilleros de la Armada reclaman un bono por asignación de zona que dejaron de percibir en noviembre de 1995, mientras que la empresa se niega a reconocer el beneficio, argumentando en base a dictámenes de la Contraloría. La defensa de Asmar corre por cuenta del Consejo de Defensa del Estado, en un flanco que podría costarle miles de millones de pesos.

INTERFERENCIA accedió al documento que a fines del gobierno de Michelle Bachelet concedía 309,5 mil hectáreas al parque y que no fue considerado por Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales. Según Nivia Palma, la ex titular de la cartera, el asunto de fondo siempre fue la entrega o no de territorio para una minera australiana.

Con el fin de obtener los permisos para construir el relave minero más grande de Sudamérica, la empresa del Grupo Luksic manipuló estudios arqueológicos. Expertos afirman que se trata de la mayor pérdida de patrimonio precolombino en Chile, a pesar de que la compañía construyó un pequeño museo en que se alojan algunos objetos rescatados.

Osvaldo Garay, contralor interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, detectó y quiso poner atajo a una serie de irregularidades administrativas al interior del plantel durante 2017. En marzo de 2018, la junta directiva de la universidad lo sacó abruptamente del cargo, utilizando como argumento una carta de Ennio Vivaldi, en su calidad de presidente del Consorcio de Universidades del Estado. A la fecha, Contraloría ha emitido informes que respaldan las precauciones de Garay, desoídas por el rector Jaime Espinosa.

El alcalde está siendo acusado por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa. Y pese a que fue absuelto en primera instancia, la demora del fallo en segunda genera creciente inquietud.

Esta asignación fiscal, que incluía chofer, bencina, pago de tag y mantención, estaba vigente en las Fuerzas Armadas y de Orden Público hasta comienzos de este año. Actualmente sólo permanecería en Carabineros. 

Corte de Apelaciones rechazó recurso interpuesto por la entidad que dirige Osvaldo Macías, que se oponía a informar sobre la forma en que las AFP manejan los US$ 200 mil millones ahorrados por los trabajadores y trabajadoras del país. Con ello, será posible conocer en profundidad el destino de las llamadas comisiones fantasmas que se pagan a las AFP con dineros de los fondos de pensiones de los afiliados.

La entidad policial maneja cifras que no coinciden con las observadas por el órgano fiscalizador respecto del polémico beneficio por Asignación de Casa de 2016,. ¿Quién tiene razón?

El órgano fiscalizador está encima de la entidad policial desde el año pasado. Encontraron más de $5 mil millones en asignaciones de casas sin la documentación que justificara el gasto, además de otros montos que no correspondía entregar y que se deben reintegrar a las arcas fiscales. El asunto ahora enfrenta a funcionarios con el Alto Mando de la institución.