Hasta este 20 de diciembre, según consta en un oficio de la Contraloría General de la República (CGR), cinco ex generales directores de Carabineros mantenían a su disposición un vehículo fiscal con chofer, bencina y pago de tag, todo costeado por los impuestos que pagan todos en Chile. La justificación de este beneficio, entregado a funcionarios en retiro, era simplemente haberse desempeñado en su momento como máxima autoridad de la institución.

Gracias a ello, ex autoridades de la policía uniformada como Rodolfo Stange y Bruno Villalobos se pueden mover para todas partes a costa del fisco.

Hasta enero de este año, según documentos obtenidos vía Ley de Transparencia por este periodista, dos instituciones de las Fuerzas Armadas todavía entregaban esta asignación a sus ex comandantes en jefe. La Armada lo otorgaba desde 1998, y según lo informó a comienzos de 2018, “existen cuatro Hyundai Tucson GLS 2.0, año 2017 (…) con su respectivo chofer” a disposición de quienes habían dirigido la institución.

El Ejército, por su parte, contaba con tres personas que se desempeñaban “como conductores de los ex Comandantes en Jefe”, brindando la movilización respectiva, y la Fuerza Aérea (FACH), por último, entregaba la asignación solo “en caso de existir un requerimiento de apoyo de alguno de los ex Comandantes en Jefe (…) según disponibilidad”. Es decir, no se trataba de un recurso permanente.

Antes de que estos antecedentes fueran públicos, la Contraloría no se había manifestado al respecto. Sin embargo, mediante ese oficio de fecha 20 de diciembre, el órgano fiscalizador indicó que esta práctica no procedía.

Sin bitácora

Tanto el Ejército, la FACH y la Armada contestaron a comienzos de año que mantenían vigente este beneficio para sus ex comandantes en jefe. Luego de obtener esa información, se solicitaron las bitácoras de cada vehículo fiscal destinado para este objetivo.

En la FACH se negaron a entregar datos, al igual que en el Ejército. En la Armada y Carabineros, el registro no existía.

A partir de esos antecedentes, el diputado Leonardo Soto (PS) solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, el que fue respondido el 20 de diciembre, y donde se especifica lo siguiente respecto de la asignación:

“Es procedente sólo en cuanto se trate de una medida de protección y seguridad en el sentido que le confiere la normativa contenida en dicho texto normativo (Decreto Nº15, 1998, Ministerio de Defensa), esto es, en el entendido que su carácter sea transitorio y ante evaluaciones que den cuenta de la necesidad de brindarla desde la perspectiva del riesgo, siempre y cuando la respectiva institución cuente con los medios para otorgar tal apoyo”.

Por ende, concluye el texto, “la asignación personalizada y permanente de vehículos fiscales, con conductor y con todos los gastos asociados a ello, no resulta procedente”.

Actualmente, solo sería Carabineros quien mantiene el beneficio.

INTERFERENCIA se contactó con la Contraloría General de la República para consultar si es que, al no proceder la asignación, se solicitará a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y del Orden Público el retorno de los recursos destinados a esta práctica, cuando lo entregaban todas estas instituciones en el pasado.

La CGR contestó que “lo que debe hacer cada institución ahora es ponderar internamente que sus reglamentos internos se ajusten al pronunciamiento de la Contraloría”, y que no aplica que estos antecedentes sean revisados por el Tribunal de Cuentas del órgano fiscalizador, ya que “los dictámenes tienen efecto hacia el futuro, pues si antes no estaba claro para eso se pidió un dictamen”.