Debrott -ex jefe de Estudios de la Superintendencia de Salud- señala que el Superintendente de Salud debe decretar un Régimen Especial de Supervigilancia y Control sobre las isapres, las cuales, debido a las sentencias de la Corte Suprema en su contra, no cumplen con los estándares exigidos por el DFL 1 del Minsal.

Una carta en apoyo del proyecto de Constitución fue firmada por 33 economistas que han ocupado asientos en ministerios y subsecretarías de los gobiernos de Sebastián Piñera, y también en los directorios de la gran empresa.

El rechazo de casi un cuarto de las licencias médicas durante 2022 implicó que los afiliados tuvieran que realizar reclamos formales para exigir el pago de estas. Luego, el porcentaje de licencias rechazadas bajó a 8,7 % en el caso de Isapres, y a 5,8 % en Fonasa. En 2019 los rechazos de las isapres en primera instancia eran el 13,6 %. 

Interferencia conversó con el ex superintendente Sebastián Pavlovic sobre las condiciones de subsistencia de la industria. Señaló que una caída del sistema privado podría perjudicar a los afiliados más débiles, y que la falta de regulación no incentivó a la industria a una mejor gestión de sus costos.

Ángela Vivanco fue el único voto en contra en el fallo de la Corte Suprema que fijó un tope al alza del precio GES de las isapres. Vivanco -que en el pasado hizo informes en derecho para las isapres y criticó los recursos de protección en su contra- argumentó en la sentencia que los reembolsos sólo proceden para quienes demandaron.

Interferencia conversó con David Debrott respecto de la tercera sentencia que pronto debiera emanar de la Corte Suprema sobre las alzas en los precios de la prima GES que han realizado las isapres. “Como el precio GES no está regulado, han ocupado ese precio como una variable de ajuste del precio total”, señala.

El consumidor de medios del país se ha acostumbrado con el tiempo a un periodismo de filtraciones y operaciones interesadas, que benefician a determinados sectores políticos, de la misma manera que perjudican a otros con influencias más acotadas. En esa red de poder e influencia, el poder judicial y los jueces juegan un rol importante.

Las polémicas declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, desataron una avalancha de solicitudes de las isapres al mismo tribunal para aclarar la sentencia que las obliga a pagar millonarias devoluciones a los afiliados. Esto recaerá en la Tercera Sala del máximo tribunal, el que está integrado por la propia Vivanco, quien ya en el pasado, como abogada y académica, defendió a estas aseguradoras privadas de salud.

En 2021 Luciano Cruz-Coke recibió para su campaña senatorial $1 millón de Juan Trucco, parte de la familia que junto a Bethia es dueña de Colmena. En tanto, Francisco Undurraga recibió en 2017 $2 millones de Luis Fernando Mackenna Dörr, director de Colmena que ideó las demandas contra los afiliados que acudieron a la justicia. En tanto, Felipe Kast recibió apoyos de un ex director de Banmédica y Tres Salud en 2017.

Proponen reformar la Constitución para salvar a las isapres, eximiéndolas de pagar el total de los $1,1 billones que deben a sus afiliados por alzas ilegales de planes. En 2017 y 2022, recibieron aportes de ex directivos y cercanos a Banmédica, Vida Tres y Colmena.

[Versión actualizada] Las Isapres insisten, a través de los medios de comunicación, en difundir la idea de que el año pasado no tuvieron ganancias y que corrieron peligro ante la aprobación de una nueva Constitución. La realidad es que llevan años ganando millones de dólares, gastando grandes sumas en pagar a sus directores y gerentes, y perjudicando a sus afiliados con 'la letra chica'

En 2021 las isapres rechazaron en primera instancia el 20,8% de las licencias tramitadas, de manera que los afiliados tuvieron que reclamar para que esa cifra bajara a un 8,4%. En Fonasa se rechazó el 7,8% en primera instancia, para luego bajar a un 5,4%. En años anteriores esa disparidad entre sistemas de salud es similar.

Conforme el análisis de los datos de testeo en hospitales públicos y privados de abril, y la relación de estos con los tipos de paciente según sistema de seguros de salud, es posible afirmar que la política de Jaime Mañalich perjudica a los usuarios de Fonasa, entidad que concentra 78% de la población general y el 85% de los adultos mayores.