El máximo tribunal emitió dos sentencias contra la empresa de Alfredo Moreno y Félix de Vicente, que confirmaron que la extensión del permiso de edificación provisorio otorgado por la Dirección de Obras de Huechuraba es ilegal. El alcalde Luksic aseguró el inicio un sumario interno y De Vicente, el fin de las operaciones del helipuerto.

A las controversias de la gestión del ahora exdirector de Parquemet, Carlos Ponce, como un auditoría al reparto de entradas de Lollapalooza y los ascensos de la tía de Crispi en el organismo, hoy se suma una denuncia que apunta al traspaso de $350 millones para solventar trabajos inconclusos de la empresa Siglo Verde, cuyo representante legal se encuentra formalizado por cohecho.

Aunque, según información en su Linkedin, Serrano inició su carrera en Parquemet en 2014 tras un paso por el Ministerio de Vivienda con la entonces ministra Paulina Saball. Bajo el actual gobierno, ascendió a directora de comunicaciones y posteriormente a jefa de gabinete, llegando a ganar $4.600.000. 

En abril de 2024 el ente contralor solicitó antecedentes a Parquemet para aclarar la asignación de entradas que bordean un total de $160 millones tras una denuncia que apuntaba como beneficiados, por más del límite permitido, a funcionarios y familiares del servicio. Parquemet respondió a los requerimientos y la CGR aún evalúa la información.

En marzo, la Dirección de Obras de Huechuraba y la Seremi Minvu extendieron por segunda vez el permiso provisorio de Helipuerto Santiago, del empresario Juan Riesco y los ex ministros Alfredo Moreno y Félix De Vicente. Sin embargo, una circular emitida el mes pasado por la Seremi determinó que la segunda prórroga al permiso provisorio es ilegal. Se inició un proceso de invalidación.

De las 27 acusaciones constitucionales presentadas desde 1991, solo tres han tenido éxito: Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick. Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, se interpusieron nueve en contra autoridades gubernamentales en un lapso de cuatro años. La administración de Gabriel Boric ya ha enfrentado cinco en menos de dos años de gestión.

La declaración de Tatiana Rojas puso en entredicho la gestión de Carlos Montes tras señalar que había informado del caso de Democracia Viva antes de que fuera público contradiciendo al titular de Vivienda. Se suma que Contraloría auditó a fundaciones en 15 de 16 regiones y el allanamiento a las oficinas del Ministerio. Desde el primer libelo contra Izkia Siches las fuerzas opositoras no han prosperado en ninguna y el escenario vuelve a ser difuso. 

La declaración judicial de la ex subsecretaria de Vivienda ante la Fiscalía contradice lo afirmado por el ministro Carlos Montes y pone en entredicho lo declarado por Miguel Crispi ante la comisión investigadora del Congreso, acorralando a La Moneda.

Vecinos de Santiago Centro agrupados en el comité de vivienda 'Por un Santiago Multicolor' piden desde 2018 levantar un proyecto de más de 300 departamentos en un terreno cedido a la Armada en 1977 a un costado de la Quinta Normal, de propiedad de Bienes Nacionales. Desde esa cartera y desde Defensa les han indicado que la Armada hace "un buen uso" del terreno, donde sólo hay un helipuerto, cabañas y un quincho.

Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.

De acuerdo al gobierno el déficit habitacional llega a 650 mil nuevas viviendas, una cifra superior al dato de 1996; 564 mil, que fue la primera vez que se midió. En tanto, el Ministerio de Vivienda informó que durante 2022 la entrega de viviendas solo fue de 39 mil en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, con otras 136 mil en ejecución, y con una meta de 260 mil para todo el periodo de Gabriel Boric.

El consejo consultivo está en receso desde marzo y no se sabe cuándo retomará labores ni quién lo liderará tras la salida del arquitecto Sergio Baeriswyl. Esto en medio de un plan del gobierno para construir 260 mil viviendas en cuatro años.

Este miércoles diez convencionales de Independientes RN-Evópoli, del Colectivo Socialista e independientes presentaron esta propuesta bajo la premisa de que busca solucionar un problema social histórico y transversal.

En noviembre de 2020 cerca de 150 vecinos de la Pincoya y el Barrero optaron por tomarse las laderas de los cerros para terminar con el hacinamiento en que viven. Para el Registro Social de Hogares, buena parte de estas personas se encuentra en los tramos de menor vulnerabilidad por sus sueldos y estudios, por lo que no califican para las ayudas. Pero, tampoco pueden acceder a los créditos hipotecarios. 

En pleno estallido social la hija del Presidente recibió la autorización para edificar una residencia de descanso de 180 m2 y dos pisos. Algunos vecinos están preocupados, porque esta construcción, así como numerosas otras en este balneario exclusivo, pueden ser un foco para expandir el contagio de coronavirus.

La iniciativa permitiría ignorar los planes reguladores municipales y metropolitanos en casos de proyectos llamados de "integración social". El ministro de Vivienda Cristián Monckeberg, ante las críticas ciudadanas y académicas, lo había retirado en diciembre, pero en tiempo de pandemia lo repuso sin hacerle mayores cambios, como prometió. 

El terreno está ubicado en área de preservación ecológica, está calificado como sitio eriazo y desde que el empresario del fútbol lo adquirió en 2005 no se han cancelado el pago de este impuesto asociado a los bienes inmuebles.

Este empresario del fútbol dividió su terreno en Vitacura en 43 parcelas, antes de un proceso de invalidación de 2017. En este escenario, cedió a un asesor 4 lotes por $638 millones lo que permitió argumentar derechos adquiridos, pero luego de que la anulación de la subdivisión no prosperó, el precio cambió a $165 millones.

El arquitecto Aldo Ramaciotti certificó en 2015 cuestionadas subdivisiones prediales y luego no las anuló cuando la Contraloría le ordenó iniciar los procesos de invalidación. Esto beneficia potencialmente a iniciativas en Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Pirque, Til-Til y San José de Maipo.

El lunes 30 de septiembre los dos principales diarios del país coincidieron en que su artículo más importante del día es el Decreto del Ministerio de la Vivienda que iba a ser publicada ese mismo día en el Diario Oficial, en la cual supuestamente se refuerzan las certezas jurídicas de las inmobiliarias frente a la Contraloría, en lo relativo a las decisiones de las direcciones de obras municipales. Sin embargo, para varios expertos se trata sólo de un acto simbólico que no tiene mayor trascendencia ni efecto práctico.