La jornada de este jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional ingresada en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS). La Cámara, acogió la cuestión previa invocada por la defensa del secretario de Estado encabezada por Pablo Ruiz-Tagle.
Luego de la defensa de Montes y las palabras de los cinco integrantes de la comisión que revisó la acusación, se procedió a la votación que acabó con 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención, votos suficientes para dar por acogida la cuestión previa y rechazar formalmente el libelo de cinco capítulos presentado por la oposición.
Por tanto, la acusación se entiende por no presentada, pues la Cámara estima que no reúne los fundamentos y condiciones reglamentarias para continuar su tramitación.
Flanqueado por los ministros Manuel Monsalve (s), Álvaro Elizalde (PS), Luis Cordero, Jeannette Jara (PC), Camila Vallejo (PC), Antonia Orellana (CS), Maya Fernández (PS) y la subsecretaria Macarena Lobos, Montes salió airoso de la acusación en su contra que tras la victoria oficialista selló con una selfie junto a parlamentarios de su sector.
En efecto, las acusaciones constitucionales tuvieron un acelerado crecimiento con el segundo mandato del ex presidente Sebastián Piñera (RN). Esto, pues su gabinete ministerial tuvo que enfrentar siete acusaciones constitucionales en contra de secretarios de Estado, sumadas a dos en contra del propio presidente Piñera. En números, se presentaron nueve acusaciones en cuatro años y solo tuvo éxito la presentada en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), en el contexto de estallido social.
No obstante, desde la presentación del libelo la acusación estaba en ascuas y auguraba una nueva derrota para la oposición ya que perdió fuelle en el camino e incluso sectores de centro como la Democracia Cristiana y Demócratas se restaron en darle apoyo.
Oposición: 0 de 5 acusaciones constitucionales
Así, desde el inicio de la administración del presidente Gabriel Boric (CS) la oposición ya se anota cinco derrotas consecutivas en materia de acusaciones constitucionales.
En concreto, respecto a fechas de resolución, la primera acusación constitucional se resolvió el 12 de julio de 2022 en contra de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, la que al igual que sucedió con Montes se tuvo por no presentada, pues se acogió la cuestión previa.
Así, las aguas estuvieron calmas para el gabinete de Boric durante el resto del año en materia de acusaciones, sin embargo, la oposición arremetió en enero de 2023 en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS) y del entonces ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), ambas fueron rechazadas.
La última antes de la Montes se resolvió en julio de 2023 en contra del ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), que también tuvo como resultado el rechazo al libelo.
Asimismo, cabe recordar que, tras el escándalo por el Caso Convenios y el robo de computadores a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, la oposición anunció nuevamente otra acusación en contra de Jackson.
Sin embargo, solo llegó hasta un anuncio y nunca se presentó, aunque tuvo un efecto similar, pues Chile Vamos y en especial el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, presionó para que el ex ministro abandonará el gabinete poniendo en cuestión que la coalición estuviera dispuesta a avanzar en reformas referidas a pensiones, las que de momento, siguen estancadas.
Acusaciones constitucionales: un aumento sostenido con baja efectividad en los últimos años
En esa línea, aún sin cumplirse siquiera dos años desde iniciada la gestión Boric, la actual oposición ya suma cinco acusaciones en contra de titulares de cartera sin éxito, cifra que podría considerarse récord y que constata que cada vez se transforma en un instrumento jurídico sin efectividad.
En efecto, las acusaciones constitucionales tuvieron un acelerado crecimiento con el segundo mandato del ex presidente Sebastián Piñera (RN). Esto, pues su gabinete ministerial tuvo que enfrentar siete acusaciones constitucionales en contra de secretarios de Estado, sumadas a dos en contra del propio presidente Piñera. En números, se presentaron nueve acusaciones en cuatro años y solo tuvo éxito la presentada en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), en el contexto de estallido social.
En esa línea, aún sin cumplirse siquiera dos años desde iniciada la gestión Boric, la actual oposición ya suma cinco acusaciones en contra de titulares de cartera sin éxito, cifra que podría considerarse récord y que constata que cada vez se transforma en un instrumento jurídico sin efectividad.
Asimismo, si se consideran los otros mandatos, durante la segunda presidencia de Michelle Bachelet se presentaron solo dos (ambas se tuvieron por no presentadas); con la primera administración de Piñera se presentaron tres (dos se tuvieron por no presentadas y una acabó con la destitución de Harald Beyer del ministerio de Educación).
Más atrás en el tiempo, en la primera gestión de Bachelet se presentó solo una contra la ministra de Educación, Yasna Provoste (DC), que prosperó y acabó con la destitución de la secretaria de Estado.
En el caso del ex presidente Ricardo Lagos se presentaron dos, ninguna avanzó. Con Eduardo Frei se presentaron dos, ambas sin éxito. Finalmente, con Patricio Aylwin fueron tres, ninguna progresó.
Es así como desde 1991 solo tres de las 27 acusaciones constitucionales presentadas han tenido una consecuencia directa sobre los acusados.
Las críticas al instrumento de la acusación constitucional
Por otra parte, el aumento sostenido del número de acusaciones constitucionales presentadas —además de las que se anuncian como medida de presión, pero no se concretan— han devenido en cuestionamientos sobre el mismo instrumento, pues la Cámara deja de sesionar respecto a otras materias o la oposición de turno las transforma en medidas de presión para lograr puntos políticos.
"Hubo muchas críticas del gobierno anterior a la presentación de acusaciones constitucionales por quienes hoy las presentan activamente", agregó el titular de la Segpres. Este punto, tiene asidero en la realidad, pues el actual oficialismo fue bastante duro respecto a acusaciones durante la administración de Piñera, pero, con estallido social y pandemia mediante.
Con la última acusación en contra de Montes este tipo de declaraciones volvió a ser parte del debate previo a la acusación. "terminan siendo una distracción respecto a lo que realmente importa, porque todo el Congreso se concentra en la acusación, los ministros tienen que defenderse [...] por eso también he señalado que se ha abusado de este instrumento", dijo días antes el ministro Elizalde en entrevista con T13 Radio.
"Hubo muchas críticas del gobierno anterior a la presentación de acusaciones constitucionales por quienes hoy las presentan activamente", agregó el titular de la Segpres. Este punto, tiene asidero en la realidad, pues el actual oficialismo fue bastante duro respecto a acusaciones durante la administración de Piñera, pero, con estallido social y pandemia mediante.
Una línea similar tomo la senadora Yasna Provoste (DC) durante la acusación en contra del ex ministro Ávila. "nos distrae de la preocupación central que tenemos que tener como país que es avanzar a una buena educación", dijo la parlamentaria.
Más duro fue el diputado Daniel Manouchehri (PS) quien indicó que "tuvimos que suspender proyectos de seguridad para discutir un mamarracho de acusación constitucional. Teníamos en tabla proyectos importantes, proyectos además en materia económica que han tenido que ser suspendidos para que dediquemos nuestro a tiempo a discutir un show político de parlamentarios ociosos".
Fuera del oficialismo, el diputado Eric Aedo secundó a sus colegas de la Cámara. "La Democracia Cristiana no está en eso. Estamos centrados en los temas hoy día que le preocupan a la gente en seguridad, desarrollo económico, reforma previsional de salud y no perder el tiempo en acusaciones constitucionales que, francamente, no caminan a ningún lado y le hacen muy mal al país", señaló el jefe de bancada de la DC.
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