La declaración de Tatiana Rojas puso en entredicho la gestión de Carlos Montes tras señalar que había informado del caso de Democracia Viva antes de que fuera público contradiciendo al titular de Vivienda. Se suma que Contraloría auditó a fundaciones en 15 de 16 regiones y el allanamiento a las oficinas del Ministerio. Desde el primer libelo contra Izkia Siches las fuerzas opositoras no han prosperado en ninguna y el escenario vuelve a ser difuso. 

Tras no asistir en dos ocasiones ante la comisión del Congreso, ayer finalmente Miguel Crispi aseguró a esa instancia que le informó al presidente Boric del caso el 16 de junio, nueve días después de haber sabido del caso por un 'rumor'. Otros personeros de RD, como Juan Ignacio Latorre, lo sabían al menos desde el 6 de junio, mientras que Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, se enteró el 2 de mayo. 

La Fiscalía Nacional nombró a la fiscal Tania Sironvalle a cargo de investigar todos los robos en reparticiones públicas, justo cuando Carabineros confirmó que el ladrón de computadores en el Ministerio de las Culturas fue el mismo de Desarrollo Social. 

Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.

Interferencia conversó con la familia del propietario del inmueble, quien confirmó que desde 2019 la diputada RD arrienda la casa. Vecinos aseguran que la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez, también vivió en esa dirección, y que la casa funcionó como un centro de reuniones políticas durante la campaña presidencial de Boric.

La gran diferencia entre la izquierda tradicional y la nueva generación radica en la vilipendiada ideología. Sin ella, los partidos están más expuestos a la fragilidad ética; bien lo sabe la vieja Concertación. Pero se puede madurar y aprender de los errores del pasado, para no repetir la impunidad del financiamiento ilegal de la política.

Se trata de tres investigaciones abiertas por el Ministerio Público, el congelamiento de la toma de razón de contratos con fundaciones por parte de Contraloría y una nueva investigación del Servel a Aprueba por Chile. En tanto, Gonzalo Winter (CS) afirmó que "ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo", mientras que la derecha pide la renuncia de los ministros Carlos Montes (PS) y Giorgio Jackson (RD).

Alcaldes contra Catalina Pérez, ella contra sus cercanos, todos RD. Viejos socialistas contra jóvenes frenteamplistas en el Gobierno y las directivas partidarias. Pugnas de 'lotes' de Convergencia Social y Revolución Democrática por una fusión que se hace más compleja. Golpes van, golpes vienen.

Dos semanas atrás la diputada Ahumada (ex PDG) ofició al seremi de Vivienda de Antofagasta, un ex asesor de Pérez en Revolución Democrática, por un trato directo por $426 millones con la Fundación de la pareja de la también ex presidenta del partido. "No sabemos si va a terminar aquí", dice Ahumada a Interferencia.