Luego de excusarse en dos oportunidades de asistir a la Comisión Especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que investiga el Caso Convenios, Miguel Crispi (RD), jefe de Asesores del presidente Gabriel Boric, compareció ante la instancia para responder una de las dudas que persiste sobre el caso: cuándo se enteró el mandatario de las transferencias millonarias a la fundación Democracia Viva. 

La declaración de Crispi, lejos de liberar la tensión sobre un asunto al que La Moneda ya se había referido a tropezones en el pasado, despertó más dudas sobre cuándo oficialmente se había tomado conocimiento de los hechos que ocurrían en Antofagasta. "Como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio", dijo Crispi en la Comisión. 

Crispi afirmó en la comisión que el presidente se había enterado nueve días después, precisamente con la publicación de Timeline que destapó el caso. "Como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio [...] El Presidente de la República [Gabriel Boric] se enteró el día 16 de junio, como es de público conocimiento", sostuvo Crispi. 

Sobre esa fecha dos claves serían importantes, la primera de ellas radica en que se refiere a que tomó conocimiento en la investidura de su cargo (jefe de Asesores) y, segundo, que lo hizo el día 7 de junio, mismo día en que la diputada Yovana Ahumada (ACh) ofició a la seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, encabezada en ese entonces por Carlos Contreras, ex militante de Revolución Democrática y ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (ex RD). 

Por otra parte, Crispi afirmó en la comisión que el presidente se había enterado nueve días después, precisamente con la publicación de Timeline que destapó el caso. "El Presidente de la República [Gabriel Boric] se enteró el día 16 de junio, como es de público conocimiento", sostuvo Crispi. 

Asimismo, el jefe del Segundo Piso declaró sobre su rol que: "Mi principal responsabilidad es con el Presidente de la República, hay un espacio que yo debo cuidar con quién es mi jefe de mantener cierta reserva, pero, por otro lado, también hay un bien público que tiene que ver con despejar ciertas dudas, porque acá ha habido un caso que de alguna manera ha generado un nivel de indignación y molestia a nivel nacional". 

Crispi enreda a La Moneda

El problema de la declaración entregada por el jefe de Asesores es que es contradictoria con una declaración del propio Boric del 5 de julio donde declara que: "Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio -el conocimiento de que había una investigación- que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior", y agregó que "apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda".

En ese entonces las confusas declaraciones de Boric requirieron que, al día siguiente, la minista Camila Vallejo (PC), explicara a qué se había referido el presidente cuando se refirió a 'nosotros' en sus palabras. "El Gobierno son todas las autoridades de Gobierno, entiendo la confusión que se pueda generar [...] lo que pasa es que él habla en nombre del Gobierno completo, de una institución, y efectivamente al Gobierno le llega un oficio, al seremi de gobierno de la región (de Antofagasta), antes incluso había llegado esta denuncia de funcionarios y funcionarias", dijo Vallejo en una entrevista en Canal 13. 

Las dudas persistieron y Vallejo tuvo que referirse al tema nuevamente durante la tarde de ese mismo día. "El presidente responde de manera muy clara y transparente, el Gobierno es una institución, es el Poder Ejecutivo y efectivamente el Ejecutivo tuvo conocimiento de un oficio de fiscalización de una parlamentaria [...] y ahí hubo un conocimiento de la autoridad de Gobierno de la región. Otra cosa muy distinta es cuando la gravedad del hecho y la información llega a nivel central", afirmó Vallejo. 

El problema de la declaración entregada por el jefe de Asesores es que es contradictoria con una declaración del propio Boric del 5 de julio donde declara que: "Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio -el conocimiento de que había una investigación- que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior".

El tema incluso ya había sido abordado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien suele tomar la posta cuando el escenario toma ribetes más complejos y requiere de alguien que controle la situación. "El presidente responde de manera muy clara y transparente, el Gobierno es una institución, es el Poder Ejecutivo y efectivamente el Ejecutivo tuvo conocimiento de un oficio de fiscalización de una parlamentaria [...] y ahí hubo un conocimiento de la autoridad de Gobierno de la región. Otra cosa muy distinta es cuando la gravedad del hecho y la información llega a nivel central", señaló Cordero. 

Todas estas declaraciones que datan entre el 5 de julio y el 7 de julio, parecieran entrar en contradicción con lo que sostuvo Crispi en la comisión, pues si el presidente no se entera hasta el mismo día de la publicación, la declaración que dio en el pasado o fue mal interpretada como sostuvieron los ministros o bien, falsa. 

Las otras fechas claves que complican la declaración de Crispi

En primer lugar, Crispi pone la fecha ancla como el 7 de junio día en que el oficio es publicado. Asimismo, según señaló el propio Latorre, el día antes del oficio, el 6 de junio, él en su calidad de presidente de RD se reunió telemáticamente con Daniel Andrade (ex RD) entonces representante legal de Democracia Viva y Carlos Contreras (ex RD) en su calidad de seremi de Vivienda y Urbanismo. 

En dicha reunión, Andrade y Contreras desestimaron que existiera algún tipo de irregularidad en los traspasos, situación que parece haber convencido a Latorre en ese entonces. Sin embargo, la declaración de Latorre abrió un nuevo flanco, pues quedaban dudas sobre si al haber sido puesto sobre aviso había hablado con otra persona al respecto. 

Consultado sobre aquello Latorre enredó aún más el asunto, pues indicó que "nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes". Luego, la pregunta fue en específico sobre si a alguna autoridad de gobierno le habían informado, Latorre insistió en el punto "ni al ministro Jackson ni al ministro Montes", dijo. 

Ante la evasiva de Latorre la pregunta fue cada vez más precisa y sobre si había informado a Crispi sostuvo que "yo no voy a responder preguntas relacionadas con eso", una declaración confusa y que instaló las dudas sobre a quién había informado. 

"El Gobierno son todas las autoridades de Gobierno, entiendo la confusión que se pueda generar [...] lo que pasa es que él habla en nombre del Gobierno completo, de una institución, y efectivamente al Gobierno le llega un oficio, al seremi de gobierno de la región (de Antofagasta), antes incluso había llegado esta denuncia de funcionarios y funcionarias", dijo Vallejo en una entrevista en Canal 13. 

Tres horas después, en un comunicado de Revolución Democrática, se señaló que: "Hoy manifesté que la información parcial que recibí no había sido enviada ni al ministro Montes ni el ministro Jackson. Frente a las dudas que surgieron, quiero aclarar que ni ministros, ni miembros del Segundo Piso, ni ninguna autoridad de gobierno recibió aquella información parcial que se nos dio en aquella reunión". 

De hecho, aquella torpeza comunicacional fue una de las razones que acabó involucrando a Crispi en el caso y sembrando las dudas sobre si había tenido algún rol sobre la información en el cargo de jefe de Asesores que hoy lo llevó hasta la Comisión Investigadora. 

Otra de las fechas importantes a considerar es que Crispi señaló en la comisión que una vez se enteró del rumor se puso en contacto vía telefónica con Tatiana Rojas (RD), entonces subsecretaria de Vivienda bajo el ministerio que dirige Carlos Montes. "Le dije [a la subsecretaria] que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde", señaló Crispi. 

Pero, según la propia Rojas, ella fue alertada del caso el día 2 de mayo, al menos un mes antes desde que Crispi indica haberse enterado. De hecho, Rojas también indicó que no le comentó el caso a Montes, pues esperaba recopilar más información al respecto. 

Con todo, las declaraciones son disímiles entre sí, lo que supondría una mala comunicación entre todos los militantes de RD involucrados de manera directa o indirectamente o bien, la intención fue mantener alejado al presidente de la información hasta que la presión se hizo pública y estalló el caso.