Juan Miguel Fuente-Alba
Como parte del sustento que respalda el recurso, fiscalía invocó la causal de imparcialidad del tribunal argumentando que "las señoras juezas dictaron un veredicto para un juicio de 161 días en 45 minutos. Lo que significa que por cada día de juicio las magistradas ocuparon 3,3 minutos para analizar los antecedentes en la deliberación privada".
La declaración de César Neira indicó que el Ejército estuvo al menos cuatro meses en los alrededores del despacho de Romy Rutherford en 2019, cuando ella investigaba a la institución castrense. El objetivo, según Neira, era “identificar e informar quienes eran las personas que ingresaban al edificio, para establecer o descartar si estaban vinculados al caso de desfalco denominado ‘Milicogate’ y si estas personas se encontraban en el listado de nombre que nosotros manejábamos”.
La Justicia Civil absolvió al ex comandante en jefe por lavado de activos, pero estableció malversación de caudales públicos, un delito que investiga la Justicia Militar. Se acreditó el uso de $10 millones mensuales para su casa, $6 millones al mes para uso personal, viáticos improcedentes de hasta US$3.000 y un maletín con $120 millones en efectivo cuando dejó su cargo.
El alto tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado que buscaba mantener a la jueza en el caso por otros seis meses. El CDE argumentaba que aún quedaban 67 órdenes de investigar pendientes, pero el tribunal desestimó la petición. El 4 de septiembre deberá dejar su cargo en el caso por fraude donde ha encausado a 68 uniformados.
De no mediar su renuncia, Ricardo Martínez habría sido el único comandante en jefe activo inculpado en el Milicogate y eventualmente detenido en esa condición. El general tuvo que renunciar a días del cambio de mando de la Comandancia en Jefe del Ejército, y a horas de declarar como imputado ante la ministra Romy Rutherford.
Según oficio de fiscalía del año 2018, la investigación realizada demuestra que se desviaron ilegalmente los dineros hacia los afectados por el fraude del FAM. Esto ocurrió entre los años 2008 y 2016, lo cual involucra a los tres comandantes en jefe de ese período: Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Óscar Izurieta, cuyo caso ya se conocía.
Ayer se realizó en La Moneda la primera reunión de un grupo “transversal” para abordar reformas a la policía uniformada. Uno de los integrantes es el actual alcalde de Lo Barnechea, investigado por la fiscalía por su participación en el llamado fraude del Ejército.
El comandante en Jefe del Ejército no solo eludió todos los escasos controles del poder civil para enriquecerse, sino que además llevó un estilo de vida de privilegios -y con capacidad de repartir prebendas a sus cercanos- imposible de ser ocultado.
La institución castrense aportó, entre 2010 y 2017., un total de 1.260 millones de pesos a distintas fundaciones y corporaciones. La fundación Señoras del Ejército, fundada por Lucía Hiriart, fue por lejos la más beneficiada.
