Eduardo Saavedra (PS) fue concejal y consejero regional del Biobío y, en paralelo, encargado de comunicaciones de la compañía penquista Valmar. Ésta es dirigida por Nicolás Imschenetzky y es una de las mayores inmobiliarias de la región.

En sus dos mandatos Sebastián Piñera totaliza 10 acusaciones en contra de sus ministros y dos en contra de él mismo en el cargo de Presidente de la República. En los 10 meses que lleva la administración de Gabriel Boric, ya suma tres acusaciones constitucionales en contra secretarios de Estado. Desde el retorno a la democracia, solo tres acusaciones constitucionales han prosperado. 

53% de los ex secretarios de Estado ha optado públicamente por rechazar la propuesta constitucional que su sector ha atacado arduamente, pero poco menos de ese guarismo opta por un sepulcral silencio, al igual que Sebastián Piñera. ¿Estrategia para no ponerle rostro al Rechazo? Algunos se sinceraron con INTERFERENCIA, como Cecilia Pérez, María José Zaldívar y Baldo Prokurica, quienes reconocieron -por primera vez- que van por rechazar.

Pese los escasos avances de la Fiscalía de la Araucanía en la investigación, en una ceremonia póstuma al cabo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado vinculó el crimen a la “causa mapuche”. Otro antecedente es que la misma munición de calibre 5,56 fue utilizada tanto en el caso de Eugenio Naim como en el de Camilo Catrillanca.

Conforme al principio de autonomía territorial, los militantes más disciplinados del partido en el Distrito 14 votaron a Renato Pizarro como reemplazante, quien fue asesor de Garín antes de que se postulara a la Convención Constituyente. Sin embargo, la dirección del partido no avaló el procedimiento -el que involucró apenas a una veintena de militantes- y será el Consejo Político Nacional el que definirá el mecanismo de reemplazo.

Longueira fue acusado en julio de 2018 por cohecho pero fue inhabilitado recién en noviembre de 2020 para votar y ser candidato. Distintas fuentes del partido aseguran que esto fue una sofisticada operación contra el ex senador, en la cual incluso habría participado el Tribunal Supremo de la colectividad, y que buscaba que la lista que lideraba María José Hoffmann ganara de forma automática. La maniobra resultó a medias, puesto que una llamada de última hora salvó a Longueira de quedar en ridículo en las oficinas del Servel.

La actualidad de ambos países está marcada por la responsabilidad política en violaciones a DDHH. En Perú la Fiscalía inició la investigación contra el ex presidente Manuel Merino. Pero en Chile, el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, no fue acusado constitucionalmente por el Senado, sumándose así a Gonzalo Blumel a la hora de salir sin castigo político del Congreso.

Rodrigo Delgado, quien vio temas de transportes en la Asociación de Municipalidades de Chile, es dueño del 50% de una sociedad cuya actividad económica declarada ante el SII es el “transporte de carga por carretera”, rubro que fue clave en la salida del anterior ministro del Interior Víctor Pérez. Además, el socio de Delgado en esta empresa había sido contratado en el municipio de Estación Central en 2014, mismo año en que constituyeron la sociedad.

Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y ahora Víctor Pérez. Todos han salido en medio de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros. Pero el general director se mantiene y nadie explica el porqué con claridad. Pero un hecho es que en la derecha y uniformados en retiro, la situación está causando molestia.

La oposición parece estar cuadrada en aprobar hoy martes la acusación constitucional contra el ministro del Interior. En 90 páginas, los diputados de oposición –incluida la Democracia Cristiana–, apuntaron a la violencia de Carabineros y el trato deferente a camioneros y a marchas del rechazo por sobre las manifestaciones contrarias a la ideología del gobierno.

De la decisión de la Segunda Sala del máximo tribunal depende si el machi entra en huelga seca. Los mapuche movilizados piden que Hernán Larraín se siente en una mesa a discutir cómo el Estado de Chile va a aplicar el convenio internacional de la OIT.

INTERFERENCIA accedió a un whatsapp enviado por Patricio Crespo de la Federación de Juntas de Vigilancia de O’Higgins, en el cual detalla todas las acciones recientes que han tomado junto a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Confederación de la Producción y de Comercio (CPC), con tal de defender la propiedad en los derechos de aprovechamiento de aguas. En esta comunicación se señala que cuentan con el respaldo activo de los senadores Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI).