La declaración de César Neira indicó que el Ejército estuvo al menos cuatro meses en los alrededores del despacho de Romy Rutherford en 2019, cuando ella investigaba a la institución castrense. El objetivo, según Neira, era “identificar e informar quienes eran las personas que ingresaban al edificio, para establecer o descartar si estaban vinculados al caso de desfalco denominado ‘Milicogate’ y si estas personas se encontraban en el listado de nombre que nosotros manejábamos”.

La determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se basó en una presentación de la Fiscalía Oriente que consideró que la falta estaba consumada, pese a que el ex uniformado aseguró que solo se defendió luego que un transeúnte lo llamara “traidor” y “ladrón” por afirmar que Pinochet era el responsable de los crímenes de la dictadura. La sanción fue suspendida por el tribunal atendido que tiene irreprochable conducta anterior, pero durante los próximos seis meses, no podrá tener problemas con la justicia.

A contar de hoy, la magistrada deja de indagar la causa, pero el 31 de agosto pasado envió al 7º Juzgado de Garantía una resolución de incompetencia acompañada de un informe de la Brigada Anticorrupción de la PDI, que consta de 189 páginas, y que revela Interferencia.

El alto tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado que buscaba mantener a la jueza en el caso por otros seis meses. El CDE argumentaba que aún quedaban 67 órdenes de investigar pendientes, pero el tribunal desestimó la petición. El 4 de septiembre deberá dejar su cargo en el caso por fraude donde ha encausado a 68 uniformados.

La acusación se basa en que el contrato entre Matus y el Ejército no menciona asumir patrocinios, defensas o asesorías en materia penal a militares. Jean Pierre Matus por su parte dijo ante el Senado que era su "deber profesional" defender al general acusado de espiar al periodista Mauricio Weibel, entre otros.

En su declaración ante la Comisión de Defensa de la Cámara, intentó también blindar al ex auditor, general Felipe Cunich, frente a las acusaciones por coimear a otros generales para que se inculparan en este fraude fiscal, de modo que el caso no escalara al alto mando. Ricardo Martínez era el administrador de los recursos del Ejército entre 2016 y 2018, cuando todavía operaba el esquema de desvíos de fondos.

En 2013 Beatriz Hidalgo procesó al teniente coronel Rafael Villarroel Opazo (en la foto) -hijo del ex vicecomandante Rafael Villarroel Carmona– por la venta irregular de tanques como chatarra en Punta Arenas. La Corte Marcial revocó su resolución y poco después fue llamada a retiro. Pero desde mayo Villarroel se encuentra privado de libertad a la espera de una sentencia.

En 1978 el entonces coronel Carlos Martínez Aguirre fue condenado por percibir fondos correspondientes al arrendamiento de maquinarias de la institución, utilizar 25 vigas de madera provenientes de la Comandancia para construir su casa y obtener dinero de cuentas a rendir de la Tesorería para su beneficio personal. A pesar de esto, fue absuelto el mismo año y se le aplicó -sin justificación- la Ley de Amnistía.

Felipe Guevara además fue el primer alcalde en contratar, por casi 80 millones de pesos, los servicios tecnológicos de la empresa Hopin ligada a Cristóbal Piñera Morel, hijo del Presidente.

INTERFERENCIA tuvo acceso a los montos de las pensiones que reciben cuatro de los hermanos del actual comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau. El monto más alto sobrepasa los 250 millones de pesos acumulados durante los últimos nueve años.