Es un comentario reiterado por distintas fuentes del Poder Judicial: la ministra Adelita Ravanales Arriagada, candidata del gobierno a la Corte Suprema y actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, participa en causas donde están involucrados funcionarios de Carabineros. ¿El conflicto? Ravanales hace clases en la escuela de la institución desde los 2000, y por lo mismo, cuando se la ve participando de resoluciones donde hay uniformados activos o en retiro, surge nuevamente la crítica.

Así ha ocurrido en una de las principales aristas del denominado caso Pacogate, uno de los mayores escándalos de corrupción al interior de Carabineros, donde Ravanales ha participado en decisiones que no han ido en favor de los imputados.

Consultados al respecto, y por medio de su equipo de comunicaciones, la Corte de Apelaciones de Santiago indicó que la ministra Ravanales “dejó constancia de su eventual inhabilidad en la causa” el 5 de marzo de 2018, cuatro días después de que se le asignara la revisión del caso. Además, agregaron que “a la ministra Ravanales sólo le correspondió analizar revisiones de medidas cautelares de los numerosos imputados”, sin interferir en resoluciones de fondo y estando en todas aquellas ocasiones “por agravar o mantener las medidas cautelares de los imputados”.

Como ninguna de las partes la recusó con intención de apartarla, siguió viendo este tema. INTERFERENCIA corroboró que Ravanales estuvo por mantener cautelares e incluso solicitar prisión preventiva para los ex uniformados involucrados en malversación de caudales públicos y otros delitos. Sin embargo, un abogado que litiga en este caso dijo desconocer este vínculo de la ministra. “Si hubiera sabido, la inhabilito”, comenta.

Así y todo, existe otra causa que está ligada a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, donde Ravanales intentó no inhabilitarse, a pesar de que se trataba de una investigación judicial cuyos principales sospechosos pertenecían a Carabineros. 

El caso de derechos humanos

Adelita Ravanales fue la carta que eligió el actual gobierno ante el fracaso de Raúl Mera Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sus contactos son estrechos en el máximo tribunal, teniendo una amistad con Juan Eduardo Fuentes, miembro de la Corte Suprema. Este último, tal como lo relató en un artículo anterior INTERFERENCIA, fue padrino de bodas cuando Ravanales contrajo matrimonio en 2002 con Luis Federico Werner Medina, quien también trabaja en el Poder Judicial, hoy en día como administrador del 4° Tribunal de Juicio Oral  en lo Penal (ver artículo Nominación de jueza Ravanales muestra los lazos de amistad y favoritismo en la Corte Suprema).

La cercanía de Ravanales también se da con el Ejército, al que perteneció su marido; sin embargo, sus principales conflictos de intereses se encuentran en Carabineros de Chile, donde ha querido formar parte de causas con imputados de esta institución, siendo apartada mediante resolución de la Corte Suprema a la que en la actualidad postula. Así fue como ocurrió en una causa vinculada a violaciones de derechos humanos en 2016.

En aquella oportunidad, representantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentaron un recurso de recusación para así inhabilitar a la ministra Ravanales de participar de una causa donde se investigó el homicidio de 13 personas a manos de funcionarios de Carabineros.

Adelita Ravanales argumentó que la recusación no correspondía, dado que los imputados eran efectivos policiales ya retirados. “Si bien desempeñamos las funciones docentes en la Escuela de Carabineros de Chile, de lo que se trata en estos autos es de hacer efectiva responsabilidades penales de funcionarios en retiro de dicha institución, razón por la que no se estima estar en presencia de la causal de recusación que se plantea”, argumentó. 

A pesar de lo expuesto, la Corte Suprema declaró la recusación de Ravanales, argumentando que el carácter de funcionario de carabineros en retiro de los imputados no era motivo suficiente para mantener dentro de la causa a la ministra.

No lugar a recurso durante el estallido

Durante el estallido social, un grupo de abogados que se paseaban por calles y visitaban comisarías vigilando que se respetaran los derechos de los detenidos, presentó un recurso de protección indicando que el 12 de noviembre de 2019, carabineros de la Décima Comisaría de La Cisterna les habían impedido tomar contacto con detenidos, y que sólo se les dejó ver un listado parcial de éstos, sin poder tomar fotografías.

En la acción judicial, la institución uniformada indicó que no había obstaculizado la entrega de información de detenidos.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, puesto que determinó que la Corte Suprema, a fines de enero de 2020, instruyó a todos los funcionarios policiales a “respecto de la publicidad irrestricta del registro de detenidos, permitiendo su revisión por cualquier persona que lo pida”. “En consecuencia, habiendo cesado el hecho que quebrantaría el imperio del derecho, como ha sucedido en la especie, el recurso pierde su objeto”, indicaron, y dentro de las ministras que suscribió esta resolución estaba Adelita Ravanales.