La defensa del general en retiro de Inteligencia, Gonzalo Blu, junto con la del mayor en retiro Patricio Marín, solicitaron al Juzgado de Garantía de Temuco el sobreseimiento temporal de sus representados en el marco del Caso Huracán, el cual tiene fijada su audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 11 de agosto.

La medida fue tomada por los abogados el pasado lunes y si bien el Juzgado de Garantía de Temuco rechazó la petición, los representantes de los carabineros insistirán a través de una reposición, puesto que consideran que sus clientes están siendo perjudicados en el proceso judicial.

En concreto, el conflicto es con el Ministerio Público y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien está a cargo de la causa. El sábado recién pasado se cumplía el plazo para que la Fiscalía entregara de manera íntegra todos los antecedentes que fueron incautados en enero de 2018 durante el allanamiento a la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (Uioe) de Carabineros, pero según los abogados, esto no ocurrió, lo cual va en contra de los principios de un proceso penal en el cual todas las partes tienen que tener a la vista los mismos antecedentes.

“La solicitud de sobreseimiento se funda en el incumplimiento manifiesto del Ministerio Público de su obligación legal de poner a disposición de las defensas los antecedentes de la investigación y, en particular, de entregar copias de todos aquellos antecedentes que consisten en documentos, ya sea que los tengan en papel o en versión digital. Esta obligación de entregar copia de la información documental, ha sido ordenada por el tribunal de garantía en dos oportunidades por sendas resoluciones que se encuentran firmes, por lo que solo cabe que sean cumplidas”, dijo a INTERFERENCIA el abogado Claudio Pavlic, quien representa a Gonzalo Blu.

El Ministerio Público argumentó el lunes que ellos sí entregaron estos antecedentes, pero según dijeron los abogados a nuestro medio, sólo dispusieron de una nube en la cual todavía no terminan de subir toda la información. Además, la orden del tribunal también indicaba que debían compartirse copias físicas a todas las partes, lo que no ocurrió.

“La Fiscalía hizo una presentación en que pretende haber dado cumplimiento a su obligación, lo que no es efectivo y por ese motivo no se fijó audiencia para debatir el sobreseimiento. Por ello, haremos uso de los recursos que establece la ley procesal y en los que basaremos nuestra insistencia para que se sobresea esta causa, como lo dispone la ley, en tanto no se nos entregue toda la información que el propio Ministerio Público ha manifestado tener en audiencias ante el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones de Temuco”, agregó Pavlic.

En tanto, Javier Jara, quien representa a Patricio Marín, dijo a INTERFERENCIA que en dos oportunidades, el 4 de mayo y 7 de julio, resolvió que el Ministerio Público debía entregar estos antecedentes, pero que en cambio el organismo persecutor “ha pretendido falsear la información, entregar antecedentes falsos para que se tenga por cumplida esta obligación”.

“Esperamos que el Juzgado de Garantía logre comprender que el Ministerio Público una vez más ha incumplido y ha entregado información falaz, que no es efectiva. Es grave, porque el ente persecutor está jugando con la buena fe de los intervinientes y la buena fe del tribunal”, dijo el abogado.

Jara afirmó que como no existió cumplimiento no puede continuar el juicio, por lo que correspondería, según él, el sobreseimiento, ya sea temporal o definitivo. Además, añadió que es el tiempo es muy poco para acceder a toda la información.

“Es imposible que 91 teras de información se puedan grabar en un pendrive, es imposible que si el Ministerio Público dijo en reiteradas audiencias que esa información se grababa en discos duros en aproximadamente 721 días, nosotros la podamos bajar en 15 días. La audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el 11 de agosto y vamos a demostrarle al tribunal que la nube no funciona como correspondería a un elemento tecnológico de libre acceso y que necesitaríamos cinco años para cumplir”, dijo.

El abogado finalizó señalado que esto a la larga podría llevar a la anulación del juicio si es que el tribunal decide llevarlo a cabo de todas formas sin que ellos hayan podido tener copia de todos los antecedentes.