Carlos Palma
Mensajes de agradecimiento del supremo Jean Pierre Matus al abogado Luis Hermosilla, los exclusivos departamentos del Poder Judicial en Vitacura, un "autoregalo" que los propios magistrados aprobaron, la remoción de Ángela Vivanco y la trama de Sergio Muñoz con el máximo tribunal, son algunos de los hechos que sacudieron a la institución en el 2024.
La acción legal apunta al creador de Procultura, Alberto Larraín, y da cuenta de cinco convenios firmados por casi $405 millones entre 2021 y 2023. En un correo, Larraín aseguró que no podrán justificar el desarrollo de los proyectos y dejó en libertad de acción a la firma para que adopte las medidas que estime pertinentes.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
El agradecimiento de Matus a Hermosilla después de su nombramiento; la solicitud de apoyo de Ángela Vivanco al abogado para allanar su nominación a la Corte Suprema que se sumó al ofrecimiento que la pareja de la ministra, Gonzalo Migueles, realizó al fiscal Carlos Palma; la denuncia por entrega de información privilegiada de Sergio Muñoz a su hija y la polémica en el nombramiento de María Teresa Letelier que involucró a Mario Desbordes son algunos de los conflictos del máximo tribunal.
El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.
La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.
En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.
A meses de iniciada la investigación en contra de esta fundación, que cerró en noviembre de 2023 y una de las aristas más emblemáticas del caso convenios, todavía no hay una fecha concreta para la audiencia de formalización y, en efecto, tampoco actores formalizados.
Ciper reveló un chat en que Gonzalo Migueles, pareja de la actual ministra de la Corte Suprema, realiza los ofrecimientos a Palma mientras estaba en la quina para fiscal nacional con la intención de que apoyara a cierto candidato. La conversación luego fue enviada por Palma a Luis Hermosilla “para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes” por parte de personas “cercanas a él”.
El actual fiscal nacional subrogante dirigió la investigación del caso Sename, caso que archivó tras dos años a la espera de nuevos antecedentes. En tanto, Erika Maira, gerenta de atención de víctimas del Ministerio Público, otra de las candidatas, fue acusada hace algunos años por organizaciones feministas de revictimizar y relativizar la violencia de género.
“Lo único que te digo es que pienses en el bien de la institución y de don Jorge (Abbott)”, le dijo Mansilla al fiscal Sergio Moya, pocas horas antes de acusar a su jefe Emiliano Arias por corrupción, acusaciones descartadas por la justicia. Además, la fiscal de Ñuble dio luz verde a una infructuosa y costosa investigación por el robo de seis cápsulas de café dentro de dependencias del Ministerio Público.
La quina elaborada por la Corte Suprema no convence a La Moneda, que se ve en la disyuntiva de escoger un ‘mal menor’.
En agosto la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó sobreseer al fiscal Palma y a un agente de la PDI en una querella por obstrucción a la justicia. De llegar a encabezar el Ministerio Público podría ser 'juez y parte’, puesto que dirigiría el organismo responsable de decidir si lo formalizan o no por el supuesto delito.
Tres son considerados detractores de la gestión de Abbott y los otros dos parte de la ‘familia permanente’ de ese poder del Estado. Sólo hay una mujer, sindicada como cercana a la actual directiva. Ahora será La Moneda quien nombrará a un candidato de esa lista que tendrá que ser ratificado por el Senado.
En conversaciones informales entre ambos poderes del Estado, los senadores comunicaron que verían con buenos ojos candidatos no ligados a Jorge Abbott, y que ojalá enfaticen una persecución penal más eficiente y sean ajenos a la institución, aunque conocedores del sistema penal. El criterio de género, si es mujer u hombre, no es relevante para el Senado.
Los abogados señalan que el Ministerio Público no ha entregado copia de toda la documentación de la causa, lo que afecta el debido proceso e incluso abriría la puerta a la anulación del juicio en caso de llevarse a cabo en las condiciones actuales.
En 2017 el ex General Director entregó $21,5 millones de sus gastos reservados para adquirir el programa que permite manipular información de un teléfono sin dejar rastro. En su última rendición a Contraloría, Villalobos no entregó los detalles que exige la ley y el Contralor rechazó su rendición.
