El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, apuesta por la reelección en las próximas municipales a llevarse a cabo el 11 de abril.

Ayer presidió su último Concejo Municipal, uno que no estuvo exento de polémica. Ahí el edil de Renovación Nacional fue interpelado por los concejales de oposición luego de que INTERFERENCIA revelara la creación de una red de delación a través de un grupo de WhatsApp donde funcionarios municipales y carabineros presionaban por información de estudiantes a profesores del Internado Nacional Barros Arana. (Revise acá el artículo de esta redacción). 

Sin embargo, Alessandri se desmarcó de los hechos. 

A pesar de que el grupo fue creado por funcionarios de la Dirección de Educación del Municipio que dirige Alessandri y de que en el mismo chat un funcionario de su confianza entregara órdenes directas suyas, el alcalde aseguró desconocer la existencia de la red de delaciones.

“Yo no soy parte del WhatsApp así que no tengo los antecedentes, y vuelvo a decir, si es que es efectivo lo que usted leyó, no me consta”, afirmó la autoridad municipal ante la interpelación por parte de la concejala Irací Hassler (PC) y candidata a alcaldesa de la misma comuna. 

Durante la mañana de ayer 10 de marzo de 2021, la concejala presentó los antecedentes en Contraloría y en la tarde, durante el desarrollo del Concejo Municipal, manifestó que “aquí ha habido una persecución a las comunidades educativas (…) el alcalde ha criminalizado a las comunidades educativas, es fundamental que dé explicaciones”. 

La concejala además solicitó un voto político al Concejo para rechazar el episodio, afirmando que en otras ocasiones se había decidido de forma unánime en la misma instancia rechazar, por ejemplo, el uso de la violencia. “Aquí hay una vulneración directa de menores de edad que fueron grabados con drones, necesito que nos diga si está en contra del espionaje (…) usted ha criminalizado a la juventud”, espetó al alcalde.  

En la misma línea, la concejala Rosario Carvajal (independiente) le insistió al alcalde que entregue explicaciones sobre si mandató o no a la Dirección de Educación para este espionaje. Alessandri reiteró que “lo que yo he hecho es cumplir la ley. (...) Aquí no hay una asociación que busque perjudicar. (...) El sostenedor, o sea yo, tengo la obligación de asegurar la continuidad del servicio educativo. Y cuando alguien por la fuerza interrumpe, yo tengo la obligación de asegurar el servicio, y frente a eso están las instancias legales. Yo me rijo por la legalidad. Y bueno, vamos a esperar su requerimiento, tomamos nota y recabando los antecedentes, vamos a responderle dentro de los plazos establecidos por la ley”. 

Por su parte, los concejales Alfredo Morgado (PPD), Natalia Contreras (independiente) y Verónica Castro (DC) hicieron ver su posición al alcalde respecto a la necesidad de aclarar esta situación y esclarecer una eventual participación del municipio en ordenar el espionaje a los alumnos del establecimiento. 

Reacciones durante la jornada

“Ante los graves hechos que se denuncian, como profesores de aula y docentes en funciones técnicas y de orientación del Internado Nacional Barros Arana, tenemos el deber de aclarar que desconocíamos la existencia de este WhatsApp”, reza un comunicado publicado ayer por la comunidad de profesores del INBA. “Como formadores, repudiamos este tipo de prácticas deleznables ‘propias de una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente’”, continúa el escrito.

La preocupación no se limitó a los docentes del internado. 

La concejala Hassler -quien recibió inicialmente la denuncia de uno de los profesores del internado incluído en el grupo de WhatsApp- junto al diputado Giorgio Jackson (RD), la ex presidenta de la Fech y candidata a constituyente por el D10, Emilia Schneider, la candidata a concejal por Santiago, Dafne Concha (PC) y el centro de padres del INBA presentaron durante la mañana de ayer una denuncia ante Contraloría por el caso. 

Al respecto, Jackson indicó a nuestro medio que “la situación que se ha develado en el INBA es gravísima, porque constituye una red de espionaje ilegal a menores de edad. En Chile sólo pueden generar acciones de espionaje determinadas personas y autoridades con una autorización explícita de los tribunales. Por lo tanto, lo que ha generado el alcalde Alessandri [..] es algo que debe ser revisado no sólo por Contraloría, sino eventualmente por querellas. Y el alcalde Alessandri debe responder no sólo por esta acción en particular, sino por el clima de desconfianza en las comunidades educativas que se ha instalado durante toda su gestión”. 

Comunicaciones de Carabineros, por su parte, luego de ser consultados por INTERFERENCIA, indicó que la Jefatura de la Zona Oeste de la institución ordenó una investigación administrativa para esclarecer los hechos. 

En tanto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que “me parece adecuado que la Contraloría, atendiendo a ese reclamo, haga la averiguación que corresponda y decida lo que el derecho procede”. 

En el Congreso Nacional, las parlamentarias Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (PC), Maya Fernández (PS) y Natalia Castillo (RD) junto al diputado Gonzalo Winter (CS) -todos representantes del Distrito 10- solicitaron una investigación y fiscalización al respecto. 

"La información revelada es de una gravedad máxima, obviamente hay que esperar que se confirme, pero hay que tener en cuenta que la Ley Aula Segura, que tuvo como principal objetivo quitarle garantías constitucionales a los estudiantes, acelerando expulsiones y vulnerando la presunción de inocencia, también buscaba criminalizar a la juventud”, afirmó Winter, quien solicitó que se oficie a distintos organismos para que se investiguen sobre los hechos expuestos y se entregue información de si además esta práctica se extendió a otros establecimientos de la comuna. 

Consultados por nuestro medio, desde la Corporación 4 de Agosto -encargada de representar a algunos estudiantes afectados por medidas en el contexto de Aula Segura en liceos emblemáticos de Santiago- aseguraron que “esta evidencia se relaciona directamente con la aplicación extendida de la Ley Aula Segura sobre los establecimientos educacionales de la Comuna de Santiago Centro, con resultados de agresión y maltrato hacia jóvenes y familias de esas Comunidades, como parte de una política de criminalización hacia el movimiento estudiantil”, tal como señaló el abogado Javier Pineda.

“Así lo constatamos en dos casos de expulsión indebida por motivos políticos, en el Instituto Nacional e Internado Nacional Barros Arana, cuyas características idénticas, mecánicas y repetitivas mostraban la aplicación de un sistema de procesamientos escolares a partir de detenciones arbitrarias. En esos dos juicios, los tribunales superiores reconocieron la total falta de fundamentos de tales expulsiones sumarias. Sin embargo, la gran mayoría de expulsiones se ejecutaron sin ninguna resistencia judicial o administrativa”, expresaron desde la Corporación. 

Por su parte, desde la Defensoría de la Niñez indicaron a INTERFERENCIA que durante este jueves se reunirán con la concejala Hassler y con el Centro de Apoderados del INBA, con el fin de recopilar la mayor cantidad de antecedentes y ver las acciones a seguir.