El gobierno de José Antonio Kast celebró este martes la aprobación de su megarreforma en el Congreso. Sin embargo, el proyecto aún enfrenta incertidumbre debido a la ofensiva que prepara la oposición ante el Tribunal Constitucional, una acción que podría retrasar tanto la tramitación final de la iniciativa como su promulgación.

Con este resultado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sumaron una nueva victoria legislativa. Aunque la propuesta fue duramente cuestionada por la oposición durante su discusión, la mayoría con la que cuenta el oficialismo en el Congreso permitió un trámite considerablemente más expedito.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó precisamente a la decisión del Ejecutivo de mantener la tramitación de la reforma en medio del sistema frontal que afectó a gran parte del país. En el momento más crítico de la emergencia, diez regiones permanecían bajo distintos niveles de alerta, mientras el Gobierno insistía en avanzar con la votación.

Más allá del contenido de la iniciativa, la oportunidad política de su discusión se transformó en uno de los principales ejes del debate. Pese a las críticas y a los intentos de la oposición por postergar la votación, el Ejecutivo mantuvo su decisión de sacar adelante el proyecto, conocido por sus detractores como la "reforma de Quiroz".

Las críticas no provinieron únicamente desde el Congreso. Alcaldes de comunas afectadas por el sistema frontal, especialmente en el norte del país, cuestionaron la lentitud de la respuesta inicial del Gobierno y la demora en decretar el Estado de Catástrofe para desplegar a las Fuerzas Armadas en las zonas más golpeadas.

En ese contexto, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la decisión del Ejecutivo de mantener la agenda legislativa. "Nuestra prioridad es la emergencia, pero tenemos que seguir también en los otros ámbitos de acción del Gobierno y uno de esos es el ámbito legislativo", sostuvo.

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó postergar la votación. "No tenemos contemplado que se aplace. Sabemos que estamos viviendo una emergencia. La emergencia es muy importante y debemos enfrentarla con todos los medios disponibles, pero el Gobierno está desplegado en todas las regiones afectadas y eso no impide, en consecuencia, que los parlamentarios asistan mañana a votar la ley de Reconstrucción, en lo que esperamos sea su último trámite", afirmó.

Desde la oposición, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), sostuvo que "la urgencia hoy no está en la megarreforma, está en la catástrofe, y parece ser que para el Gobierno es más importante aprobar, por dos, tres o cuatro votos, la reforma mañana que poner todo el esfuerzo en solucionar los problemas que está viviendo la ciudadanía".

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, también criticó la decisión del Ejecutivo. "Ese es el llamado que hacemos hoy día a la autoridad, al Presidente de la República: que deje el capricho y la obstinación de sacar adelante la reforma de Quiroz y ponga en el centro a las familias trabajadoras de nuestro país", señaló.

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic (PS) cuestionó la actitud del Gobierno frente a la emergencia. "Me preocupa un poco el tono complaciente del Gobierno, de bajar un poco el perfil. Más allá de las declaraciones desafortunadas de algunos ministros, o de la ausencia del ministro de Defensa, que me parece del todo inexplicable", afirmó.

Las críticas de Vodanovic apuntaban, precisamente, al despliegue del gabinete durante la emergencia. Mientras algunos ministros concentraban sus esfuerzos en terreno, otros mantuvieron sus agendas habituales o participaron en actividades ajenas al manejo de la crisis.

Uno de los casos más cuestionados fue el del ministro de Defensa, quien se encontraba en Hawái participando en el ejercicio militar internacional RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise), las maniobras navales multinacionales más grandes del mundo, organizadas cada dos años por la Armada de Estados Unidos y en las que participan diversas fuerzas armadas del Pacífico.

Sobre ese punto, Vodanovic añadió: "Entendiendo la importancia de los ejercicios internacionales, creo que efectivamente él estaba trabajando, pero frente a una catástrofe de esta naturaleza se justificaba plenamente el retorno del ministro de Defensa para darle conducción política a las Fuerzas Armadas".

Desde el oficialismo también surgieron voces que pidieron concentrar los esfuerzos en la emergencia. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que "sería bueno que durante esta semana todos nuestros esfuerzos como país estuvieran centrados en la emergencia. Lo que está haciendo el Gobierno, al seguir avanzando a como dé lugar con este proyecto de ley, va precisamente en el sentido contrario".

El contraste entre la celeridad parlamentaria y la lentitud de la ayuda en terreno queda como la imagen que resume esta emergencia. Como graficó el alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, “del gobierno no hemos recibido ayuda, (…) el gobierno no ha estado presente y no ha movido un saco de arena en la comuna de Salamanca”, mientras el prometido apoyo militar tampoco llegó a la hora.

En La Serena, la alcaldesa Daniela Norambuena apuntó directo a Senapred, señalando que “es impresentable que teniendo los recursos, hoy día no lleguen a los municipios”.

Ese desfase es lo que, en el fondo, resumió el alcalde de Illapel, Denis Cortés: “lo que el gobierno hizo bien fue alertar. El problema es que se quedó en la alerta, pero no preparó la estructura del Estado para enfrentarlo”. Una lectura que comparte el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, cuando señala que “indudablemente los pillaron en un momentos en que sus ojos estaban puestos en la agenda legislativa”, pese a que “veníamos gritando lo que se venía para acá hace mucho tiempo”. 

Evelyn Matthei coincidió en el diagnóstico de los alcaldes: “se demoró demasiado en que en Santiago se dieran cuenta de que la situación allá era gravísima. La gente que no ha vivido una lluvia en el norte no entiende lo grave que es”.

Las críticas más duras, sin embargo, vienen del ámbito político. La diputada Nathalie Castillo (PC) fue tajante: “no descartamos una comisión especial investigadora después de la emergencia (…) tampoco una acusación constitucional por poner vidas en riesgo conociendo los pronósticos”. Una advertencia que deja al gobierno con un frente abierto que trasciende la emergencia climática, el de tener que responder, en algún momento, por sus prioridades durante estos días de sistema frontal.