Hoy domingo 4 de julio, los jardines del ex Congreso Nacional en Santiago serán testigos de un nuevo momento histórico justo cuando se cumplen 210 años desde su apertura. La ceremonia de inauguración de la Convención Constituyente reunirá por primera vez a los 155 constituyentes que fueron electos en mayo y dará por iniciado un proceso inédito para el país en materia de democracia y soberanía popular.

Con la instalación de la Convención se materializa una de las demandas históricas de los movimientos sociales y que adquirió protagonismo durante el estallido social. Tener una constitución nueva fue una de las demandas más escuchadas durante las masivas protestas que congregaron a millones de chilenos a fines de 2019.

La instancia despierta grandes emociones en amplios sectores de la población que durante años manifestaron la aspiración de cambiar la Carta Magna establecida en 1980 bajo la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet, ideada por el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y redactada por la Comisión Ortúzar, el Consejo del Estado y la Junta Militar autoproclamada tras el golpe de Estado.

Parece existir un consenso generalizado -incluso en sectores más moderados de la derecha- que la nueva carta fundamental tendrá que avanzar hacia un modelo que asegure el acceso universal a la salud, educación, pensiones y viviendas.

Esta nueva etapa política, que se desencadenó con fuerza a partir del estallido, busca ponerle punto final al duro modelo neoliberal que nació de la mano de los economistas de la Universidad de Chicago hace 40 años (ver serie histórica que INTERFERENCIA viene publicando hace varios días). Si bien la creación de una nueva Constitución ha sido duramente resistida por la élite económica y la derecha fiel al legado de Pinochet, esta se vio obligada a ceder tras las manifestaciones que paralizaron al país –que fueron duramente reprimidas por Carabineros, militares y marinos, dejando 33 muertos, sobre 400 heridos oculares y más de 1.000 encarcelados– y que el Acuerdo por la Paz firmado por gran parte de la clase política tradicional el 15 de noviembre de 2019 no logró aplacar.

La oposición generalizada de la población a los partidos políticos, y en especial a la derecha más conservadora, quedó de manifiesto en los resultados del plebiscito de octubre de 2020, donde el 78% de los más de 7 millones de personas que participaron del proceso aprobó realizar una nueva Constitución. El anhelo de una parte importante de la población de realizar cambios profundos al actual sistema de desarrollo chileno se volvió a cristalizar en las elecciones constituyentes y municipales realizadas el 15 y 16 de mayo, donde los partidos de la derecha, y también varios de la ex Concertación, vivieron una dura derrota frente a candidatos independientes, muchos de ellas y ellos surgidos desde organizaciones sociales.

La Convención Constituyente chilena es seguida de cerca por expertos en todo el mundo, ya que para su composición se establecieron inéditos mecanismos de paridad de género y cupos reservados para los pueblos originarios. A diferencia de las cartas fundamentales de 1833, 1925 y 1980 -que fueron redactadas principalmente por expertos y representantes de las elites económicas, sociales y partidistas- esta vez será un grupo diverso de ciudadanos electos en las urnas los que tendrán la tarea de delinear el futuro modelo político, económico y social de Chile.

En los próximos meses los asambleístas tendrán que dilucidar si el país sigue con un fuerte régimen presidencial, pero incorporando mecanismos de descompresión como un referéndum revocatorio; o si buscará un régimen semi presidencial o incluso parlamentario.

Con todo, la asamblea de constituyentes electos que se reunirá hoy por primera vez también genera ansiedad e incluso indiferencia en amplios sectores de la población. Aunque ambas votaciones se realizaron en medio de la pandemia sanitaria, ni el plebiscito de 2020 ni la elección a constituyentes logró aumentar la participación electoral, que bordeó el 50%.

La redacción de la nueva Constitución no será un proceso fácil. Pero ya parece claro que los sectores más conservadores, que durante años se resistieron a cambios mayores al modelo de desarrollo chileno y que en esta convención tienen menos de un tercio de los escaños, saben que tienen que transar en algunos puntos que han sido centrales para ese mismo modelo. Un ejemplo es el de las AFPs, que desde mediados de la década pasada ha sido duramente cuestionado por la población, como lo dejaron de manifiesta las masivas marchas de 2015 y 2016.

Parece existir un consenso generalizado -incluso en sectores más moderados de la derecha- que la nueva carta fundamental tendrá que avanzar hacia un modelo que asegure a toda la población acceso universal y de calidad a servicios públicos como salud, educación, pensiones y viviendas. También existe un consenso de base en la mayoría independiente, indígena y de izquierda de la asamblea que se debe desprivatizar el agua y cambiar las lógicas de aprovechamiento de los recursos naturales. También existe el de avanzar hacia formas de mayor autonomía de los pueblos originarios. Todas estas han sido demandas históricas impulsadas por grandes movilizaciones, en especial durante la década de los años 10.

Hay aspectos importantes sobre los cuáles aún no se sabe en qué dirección irá la Constituyente. Uno de estos es el sistema político. El híper presidencialismo chileno ha hecho crisis precisamente en el actual gobierno de Sebastián Pilera. En los próximos meses los asambleístas tendrán que dilucidar si el país sigue con un fuerte régimen presidencial, pero incorporando mecanismos de descompresión como un referéndum revocatorio; o si, por el contrario, se buscará un régimen semi presidencial o incluso parlamentario.

Si bien es difícil anticipar lo que sucederá en los próximos meses en la discusión constituyente, hay al menos una cosa clara. Este domingo 4 de julio se da inicio a un giro trascendente en la historia política chilena el que, de una u otra forma, pondrá fin al modelo que ha imperado por casi medio siglo.