Según cifras del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), desde octubre de 2019 a marzo de 2021, se han registrado 295 ataques a la prensa, entre agresiones y detenciones. A ello se suman los diversos episodios que en los últimos meses han dado cuenta de las distintas presiones y apremios que ha vivido el gremio para desarrollar su trabajo en Chile, con espionaje a periodistas de investigación, cuestionamientos a reconocidos medios internacionales, y los llamados desde La Moneda a altos ejecutivos de canales de televisión para quejarse por alguna pauta específica, tal como ocurrió en el caso de La Red y Chilevisión.

Pero este escenario no sólo está dándose a conocer dentro del país, sino también está siendo seguido de cerca por organismos internacionales. INTERFERENCIA conversó con Natalie Southwick, encargada del programa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) para América Latina, sobre la situación de la libertad de prensa en Chile y el registro que ellos han venido acumulando en el constante monitoreo a lo que sucede con los trabajadores de la prensa en suelo nacional. 

El CPJ, organismo con presencia global y con su centro de operaciones en Nueva York, es una organización independiente que defiende los derechos de los periodistas a informar sin enfrentar represalias. “Tenemos programas por varias regiones y es una organización fundada por periodistas, entonces digamos que también hacemos “periodismo para defender para a periodistas” con lo que publicamos en nuestra web. Hacemos documentación de vulneraciones a la libertad de prensa, de casos preocupantes por todo el mundo que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información. También tenemos un equipo que hace apoyo más directo a reporteros en situaciones de riesgo, como periodistas que tienen que salir de sus países o que necesitan apoyo económico para enfrentar procesos judiciales. Y también tenemos relación con organizaciones a nivel internacional y con gobiernos a nivel nacional y local”, explica Southwick.

En cuanto a la situación particular de lo que ocurre en suelo chileno, la encargada del programa para Latinoamérica ve con preocupación lo que ha estado ocurriendo en los últimos años y afirma que el caso de Chile tiene algunas particularidades que han hecho que no se ponga el foco como sí se ha hecho con otros países, lo que explicaría resultados como que el país encabece el último Índice Chapultepec de Libertad de Expresión de Prensa, correspondiente al período de mayo 2019 - abril 2020.

“Yo creo que la situación para los periodistas en Chile está pasando casi desapercibida, y una parte tiene que ver con que existen contextos como México, Honduras, Colombia o Brasil que tienen unos niveles de violencia altísimos, entonces obviamente la atención llega a esos casos más llamativos, pero eso no implica que no existan amenazas, dificultades o censura. Creo que hay una gran diferencia entre Chile y Cuba, por ejemplo, pero si miramos a Cuba vemos que allá tampoco tienen asesinatos a periodistas porque tienen una estructura de censura y control de los medios tan fuerte que no es necesario”, expresó. 

Por ello, sostiene Southwick, “en Chile ya existe una estructura de represión por parte de las fuerzas policiales sobre la población en el contexto de manifestaciones, que está muy presente y atacan a los periodistas que están cubriendo las protestas. Entonces por estar ahí en ese contexto donde ya existe confrontación y esta amenaza por parte de la policía, ya están en peligro. Y además aparte de ese peligro físico, como el patrón de los perdigones que afectó a varios fotoperiodistas, hay una estructura de vigilancia por parte de las fuerzas de orden. Ya sabemos que hay antecedentes de vigilancia y monitoreo de periodistas, y no solo de reporteros, sino también de fuentes, en un intento de silenciar. Es parte de un esfuerzo para controlar la información que se pueda transmitir, que no necesariamente necesita de unas tácticas muy violentas sino otras estrategias un poco más sutiles”. 

En cuanto a las cifras de detenciones y agresiones desde el estallido social de 2019 a la fecha, la encargada del Comité para Latinoamérica describe que “algo que vemos muchas veces en el caso chileno son detenciones de corto plazo. En el CPJ esperamos que una detención ocurra durante 24 horas para sacar una alerta. Y acá vemos muchos casos de arrestos a reporteros que duran sólo un par de horas, donde son retenidos en una comisaría, se les interroga y luego son puestos en libertad. Esto obviamente sirve para varios objetivos: en primer lugar, sacan al periodista del contexto, entonces no puede seguir informando porque ya no está en ese espacio. También funciona como un aviso, no sólo para el periodista detenido sino también para sus colegas, de que esto te puede pasar. En la mayoría de esos casos los periodistas salen sin cargos, entonces se puede entender como una táctica para intimidar y hostigar a esos reporteros en ese momento”.

En esa línea, apunta, “otro patrón que hemos visto en Chile y también se ha replicado en otros países, es el de intentar deslegitimar a los periodistas. De tratarlos como manifestantes, de no respetar el trabajo de reporteros comunitarios, decir que no se identificaron como prensa, que les falta un carnet. En fin, muchas maneras de criminalizar la cobertura. Eso es algo que vimos también en Guatemala, donde registramos como se le imponían cargos criminales principalmente a periodistas comunitarios y periodistas indígenas, y no reconocer su labor de reporteo”. 

Gobiernos al debe

Consultada sobre la responsabilidad política del gobierno de garantizar el libre ejercicio de la prensa, la representante de la CPJ asevera que “también sucede en otros países, esto de que hay una gran diferencia entre lo que existe en las leyes, en el papel y lo que sucede en realidad. Un país puede tener una ley de acceso a la información muy buena, pero si las agencias del Estado no cumplen o sortean esta legislación, efectivamente no sirve. Una cosa es decirle a los gobiernos que tienen una serie de obligaciones con la prensa que deben cumplir a nivel de compromisos internacionales en cuanto a la libertad de prensa y seguridad de periodistas, y otra cosa es hacer el trabajo de documentación para evidenciar lo que está pasando, tipo “estas son las amenazas y estos son los desafíos que están enfrentando en terreno”. En ese momento se nota que a nivel regional no hay un impulso casi de ningún gobierno de Latinoamérica para proteger la libertad de prensa”.

En esa línea, Southwick describe que “hace unos años sí hubo un esfuerzo por parte de algunos países para fortalecer las estructuras y establecer mecanismos de protección para reporteros en países como Colombia, México o Guatemala. Ahora muchos funcionarios quizás quieren culpar a la pandemia de que no hay recursos para destinarlos a proteger la libertad de prensa, pero este problema existía antes del Covid-19”.