Bajo la dirección de Jair Bolsonaro, el gobierno brasileño ha certificado sistemáticamente fincas en Tierras Indígenas (TI) en la Amazonía. Desde el inicio de la gestión en 2019, 42 fincas han sido certificadas de manera irregular, contrariamente a protecciones planificadas desde 2012 por la Fundación Nacional del Indio (Funai, por sus siglas en portugués) - para tierras demarcadas, igual que para tierras en espera de demarcación.
Luego, a partir del 22 de abril, cuando Funai publicó una normativa para autorizar la certificación de tierras privadas en áreas indígenas no homologadas, el número se disparó. Hubo 72 nuevas certificaciones en menos de un mes, un promedio de más de dos por día. Las Tierras Indígenas no homologadas son áreas que esperan el decreto presidencial, la última fase del proceso de demarcación antes del registro definitivo. Hasta la fecha, el gobierno de Bolsonaro no ha homologado ninguna Tierra Indígena.
Las conclusiones forman parte de una investigación inédita de Agencia Pública, que muestra que en el actual gobierno ya hay 114 fincas con la certificación aprobada en el sistema de ordenamiento territorial (Sigef, por sus siglas en portugués) y que ingresan a tramos de áreas indígenas no homologadas. En conjunto, estas fincas ocupan más de 250 mil hectáreas de áreas indígenas.
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En Brasil, los propietarios de tierras están obligados por ley a registrar sus propiedades en el sistema [Sigef] del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Sin certificación, no es posible registrar la tierra en la oficina de registro, solicitar financiamiento de forma legal o que se autoricen obras, tales como centrales hidroeléctricas y otras actividades, como pedidos para actividades mineras.
Con la nueva instrucción normativa publicada por Funai, todas las 235 Tierras Indígenas en proceso de demarcación en el país ya no tienen un obstáculo para el registro de estas propiedades. También se pierde la protección a las áreas reclamadas formalmente por grupos indígenas, aquellas con ordenanzas de uso restringido, las de referencia de indígenas aislados y las asignadas para el usufructo indígena.
La investigación muestra otra situación más preocupante. Hay más de 2.000 propiedades privadas autodeclaradas en el Sistema Nacional de Registro Ambiental Rural (CAR/Sicar, por sus siglas en portugués) que afectan áreas indígenas en siete estados de la Amazonía. Quinientos de estas se encuentran en territorios donde viven indígenas aislados.
Según fuentes consultadas por el informe, las autodeclaraciones realizadas en este sistema pueden ser reguladas por proyecto de ley presentado en mayo de este año pero aún no sometido a votación en el Congreso que desea "ampliar el alcance de la regularización de tierras".
Según el criterio de la abogada Juliana de Paula Batista, del Instituto Socioambiental (ISA), la declaración obtenida en Funai, al proyecto de ley, puede facilitar la regularización de tierras "griladas" - ocupadas de forma ilegal con documentos falsos.
Elegido con la promesa de no demarcar ningún centímetro de tierra indígena, el gobierno de Bolsonaro también presentó en el inicio del año un Proyecto de Ley que tiene como objetivo regularizar la minería en Tierras Indígenas.
Las fincas certificadas llegan a 12 Tierras Indígenas y 10 pueblos indígenas
Las más de 100 propiedades privadas con certificación autorizada en los últimos dos años afectan a 12 Tierras Indígenas en los estados de Pará, Mato Grosso y Maranhão. En estas viven 10 etnias diferentes. Para tener una idea, el promedio de años anteriores fue de tres fincas certificadas irregularmente en áreas indígenas.
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La mayoría de las fincas certificadas se concentran en el área de Amazonía en el estado de Maranhão y la situación más crítica es aquella de tres territorios indígenas vecinos, que registran conflictos y asesinatos de los pueblos indígenas: las tierras de Bacurizinho, Kanela Memortumré y Porquinhos dos Canela-Apãnjekra. El área de las tres comenzó a ser reducida por 74 fincas certificadas, entre 2019 y 2020, la mayoría de las cuales fueron aprobadas por el gobierno antes de que Funai publicara la norma que autorizaba la certificación de terrenos privados en áreas no homologada.
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Los propietarios de tierras codician el 87 % de las TI no homologadas en la Amazonía, incluidos los territorios de los pueblos indígenas aislados
Además de las fincas certificadas por Incra en áreas indígenas, 42 de las 48 TI no homologadas en la Amazonía tienen alguna parte del territorio invadida por registros de tierras autodeclarados en el Registro Ambiental Rural (CAR, por sus siglas en portugués), bajo la responsabilidad del Servicio Forestal Brasileño del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).
En total, 2.165 propiedades rurales autoregistradas en el sistema incluyen Tierras Indígenas en los estados de Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins y Maranhão. La mayoría de estos registros están pendientes de análisis, pero hay siete de ellos con análisis finalizados, es decir, sin asuntos pendiente - aunque, de acuerdo con las reglas de Funai, cuando afecta a tierras indígenas, el registro no pueda ser publicado.
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Una de estas propiedades privadas analizadas sin pendientes corta el territorio Menkü, del pueblo myky, en Mato Grosso. La Tierra Indígena está invadida casi en su totalidad por otras declaraciones de terratenientes que están en análisis.
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Para el líder los Myky, las medidas como la instrucción normativa de Funai son “anti-indígenas” y fortalecerán a los agricultores que disputan la tierra con su gente. “Esta decisión de Funai y, sobre todo, las declaraciones que el presidente Bolsonaro siempre hace pueden alentar a los terratenientes a ingresar a esta tierra. “Si hacemos algo con los indígenas, saldremos limpios”, dicen los líderes de los myky.
Siete zonas donde viven indígenas aislados están sujetas a CAR por parte de los propietarios, seis de ellas con uso restringido garantizado por Funai
La investigación muestra que se han registrado más de 500 propiedades rurales en Sicar, el sistema en línea de CAR, en áreas en donde viven grupos aislados.
La tierra más afectada es Ituna/Itatá, en el estado de Pará, que está cubierta casi en su totalidad por registros privados. El territorio fue el campeón en deforestación en 2019, según datos del Instituto nacional de investigación espacial (INPE).
Para los líderes indígenas, la decisión de Funai aumentará los conflictos en el campo.
La regla de Funai que permitía la certificación de fincas en tierras no homologadas fue promulgada por el secretario de asuntos agrarios del Gobierno Federal, Nabhan García. El expresidente de la Unión Democrática Rural (UDR) apareció en un video junto al presidente de Funai, Marcelo Augusto Xavier, para conmemorar la medida y afirmar que las TI no homologadas eran consideradas Tierras Indígenas por “una cuestión ideológica” y de manera “ ilegal".
Según la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), la norma ataca los derechos indígenas y provocará un aumento de los conflictos por la tierra. "Hay una política genocida en curso y las medidas administrativas agravarán los conflictos de tipos socioambiental, étnico-cultural, de los pueblos indígenas y de estos invasores que intentan a toda costa usurpar nuestros territorios para diferentes fines”, dice Dinamam Tuxá, vicecoordinador de Apib.
“Esta medida [de Funai] beneficia a quienes ya invadieron la tierra, que ya están dentro del territorio. Esto debilita a los indígenas y fortalece la agroindustria y las empresas madereras que ya han invadido nuestros territorios”, dice la indígena arapium, Auricélia Fonseca. Ella es subcoordinadora del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), que representa a 13 etnias de 18 territorios de la región del Baixo Tapajós, en Pará.
Según una investigación de Pública, las tierras de los maró, cobra grande, bragança-marituba y mundukuru-taquara, que se encuentran en la región, tienen el 100 % del territorio codiciado por las declaraciones de los terratenientes.
En el territorio de los maró, por ejemplo, las amenazas de muerte provocaron que uno de los jefes fuera escoltado, ya que el pueblo logró recuperar parte de su territorio de los madereros, según Auricélia.
El la région del Medio Tapajós, el Sawré Muybu, el territorio indígena más grande no homologado, es el objetivo de seis tierras privadas que se han autodeclarado con respecto a algún tramo del área indígena. Allí, los indígenas también están tratando de frenar el interés de los mineros: esta tierra ha sido la campeona en solicitudes de minería en las TI en la última década. Hay 97 procesos, que representan más del 14 % de todos los pedidos en la Amazonía, como fue revelado por Pública.
"¿Funai va a existir para matarnos más, cómo lo están haciendo?", pregunta Alessandra Munduruku, una de las principales mujeres líderes indígenas en el país. “Para nosotros lo que cuenta es la tierra. Si el indio no tiene su territorio, se enferma, y eso es lo que está haciendo Funai. Solo ellos olvidaron que hemos aguantado más de 520 años. Vamos a luchar para que nuestras tierras sean demarcadas, ya sea con este gobierno o con otro. Porque los gobiernos pasan, pero nuestras tierras no”, dice.
Según informó Incra en respuesta a Pública, Funai es responsable de adoptar medidas para la rectificación o cancelación de certificaciones de tierras que afecten de manera irregular a territorios indígenas. Después de solicitar su opinión, Funai no respondió hasta la fecha de publicación.
Desde la publicación de la medida Funai, el organismo indigenista y miembros del Ministerio Público Federal (MPF) de varios estados del país se han involucrado en disputas legales para mantener o suspender los efectos de la instrucción normativa.
El informe se incluye en el proyecto de Agencia Pública denominado Amazonía sin ley, que investiga la violencia relacionada con la regularización territorial, la demarcación de tierras y la reforma agraria en la Amazonía Legal.
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