Ya son tres las querellas presentadas contra el presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga por su responsabilidad en el manejo de la crisis sanitaria y las muertes resultantes de ésta. A los escritos interpuestos por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) y por la concejala de Conchalí, Grace Arcos (PC) se suma la acusación presentada por la concejala de Santiago, Irací Hassler (PC), a la que este medio tuvo acceso.

La querella apunta “a los mismos delitos y contra los mismos imputados, con la diferencia es que esta querella dice relación con víctimas de la comuna de Santiago y contiene relatos que dejan en evidencia la negligencia tanto de las autoridades centrales como las de salud a nivel de atención”, explica Ramón Sepúlveda, el abogado representante de Hassler y que también participa de las querellas de Arcos y Jadue.

Además, Sepúlveda agrega que esta acción contiene un factor, para él, determinante: “En la comuna de Santiago subieron los contagios cuando se presentó el protocolo del gobierno de regreso al trabajo presencial para los funcionarios públicos”.

“Mi padre estuvo 1 mes y 2 semanas más o menos en su domicilio por el riesgo etario (69 años) que tenía”, relata la hija de F.P., funcionario de la Municipalidad de Santiago cuyo caso fue incluido en la querella. A raíz de la instrucción presentada por el presidente Piñera el 17 de abril, donde dictó a los funcionarios públicos retornar al trabajo presencial en medio de la pandemia, F.P. fue llamado a asistir a su trabajo como inspector de aseo, donde se contagió de Covid—19.

El inspector de aseo estuvo internado en el Hospital de la Asociación Chilena de Seguridad durante un mes y cuatro días, falleciendo luego de una neumonía gatillada por el virus.

El escrito busca establecer la responsabilidad de tanto el presidente como sus tres principales autoridades en materia de salud para los delitos de cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino.

Un elemento importante que gatilló la instancia judicial presentada por la concejala de Santiago es la exclusión de la municipalidad dentro de la estrategia sanitaria del gobierno para hacer frente a la pandemia. Para Irací Hassler, no incluir a los municipios constituyó un error grave a la hora de salvar vidas ya que “son los espacios de mayor cercanía a la realidad de las personas y que cuentan con equipos en los territorios para trabajar con la comunidad”.

“Un elemento clave de esta exclusión, es la falta de información de personas contagiadas y fallecidas. ¿Cómo se puede apoyar a las personas y sus familias si no se sabe quiénes son? Los municipios podrían haber hecho el seguimiento a las personas contagiadas y sus familias; corroborar su salud y derivar oportunamente cuando correspondiese, asegurando su atención, cosa que no sucedió”, explica a INTERFERENCIA la concejala.

Testimonio de lo último es el caso de J.V., relatado en la querella. Según explica su vecina y amiga, “llamaron a la ambulancia un día antes [de que falleciera] y les dijeron que no estaban hospitalizando, sino sólo por Covid”. J.V. no se había realizado el test – a pesar de contar con síntomas claros y avanzados de padecer la enfermedad – pero su esposa sí, a quién le informaron a las pocas horas que su prueba había dado positiva. La familia volvió a llamar para solicitar atención, recibiendo desde la Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI) la instrucción de quedarse en la casa y hacer cuarentena.

“Contactaron a la concejala Hassler, quien gestionó a través de la Dirección de Salud Municipal la asistencia de una ambulancia”. Ambos fueron trasladados por el gobierno comunal a la Posta Central, donde al cabo de algunas horas J.V. falleció, mientras que su esposa fue finalmente derivada a una residencia sanitaria.

Según lo expresado en la querella, además de la falta de coordinación con las municipalidades e instrucciones constitutivas de delito, se suman reiteradas declaraciones de las autoridades de salud que darían cuenta de un manejo, a lo menos, negligente.

Las polémicas frases que complican a las autoridades

“El esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que se contagien las personas. La única forma de protegernos de esto es que las personas se contagien, pero de manera lenta. Medidas para que nadie se enferme, serían un error”. La frase, dicha el 3 de abril durante entrevista con Canal 13, corresponde al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y hace alusión a la estrategia bautizada como ‘Inmunidad de rebaño’.

Según lo indicado en la querella, esta estrategia fue empleada a pesar de que “era contraria lo que indicaban todos los organismos técnicos y que tuvo un rotundo fracaso, como es de público conocimiento”.

Los dichos de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también son parte de la argumentación presente en la acusación. El 20 de abril, Daza señaló que “probablemente podríamos tomarnos un café” en locales comerciales, a lo que Mañalich indicó que “no tan sólo un café, sino una cerveza o una empanada”.

Aquel día, Chile registraba – según el reporte diario entregado por el gobierno – 139 fallecidos por el virus y 10.507 contagiados. Hoy, a tres meses de que la subsecretaria Daza y el ex ministro Mañalich indicaran que se podría tomar un café o una cerveza en los próximos días, Chile lamenta 8.503 fallecidos oficiales – o 10.159 muertos, según lo que informó el Departamento de Estadísticas e Información del Minsal – y 330.930 casos confirmados.

La querella también destaca un cambio en el manejo de la pandemia luego de la designación de Enrique Paris como ministro de Salud, algo que evidenciaría el negativo desempeño de Mañalich. Con “la designación de Enrique Paris como el nuevo jefe de esta cartera, la estrategia del Gobierno en el manejo de la crisis sanitaria ha tenido una serie de cambios que dejan en evidencia el actuar negligente, errado y grave desde el mes de marzo hasta la fecha de salida del cargo del ex Ministro de Salud”, reza el escrito.