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Sábado, 31 de octubre de 2020
Estallido social

Contraloría descarta irregularidad en entrega de polémico informe Big Data y omite el rol del Grupo Luksic

Maximiliano Alarcón G.

Jorge Bermúdez señaló que el documento fue entregado de manera gratuita por la empresa Alto Data Analytics a la Agencia Nacional, por lo que no se afectó la ley de compras públicas. Además, el organismo aseguró que no se afectó la ley de lobby en estos hechos ni tampoco menciona el rol que tuvo Quiñenco en esta trama, hecho revelado por INTERFERENCIA en enero de este año.

La Contraloría General de la República determinó que el polémico “informe Big Data” dado a conocer por el Ministerio del Interior y recordado por señalar al K-Pop (pop de Corea del Sur) como instigador del Estallido Social, fue entregado gratuitamente al gobierno por la empresa española Alto Data Analytics y que no afectó la ley de lobby.

En enero de este año, INTERFERENCIA reveló detalles de esta transacción, dando a conocer que el nexo entre dicha compañía y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fue el grupo Quiñenco –perteneciente a la familia Luksic–, el cual había solicitado originalmente el informe en cuestión. Estos hechos ocurrieron en una reunión secreta realizada en dependencias de dicho organismo dependiente de Interior, y en la cual participaron el alto ejecutivo de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter; personal de Alto Data Analytics; el entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel; representantes de las Fuerzas Armadas, entre otros.

El dictamen de Contraloría fue emanado el pasado 23 de septiembre y firmado por el cabecilla del organismo, Jorge Bermúdez. En dos páginas, el organismo entrega la conclusión de la pesquisa que realizaron después de que el senador Pedro Araya (cercano al PPD) presentara un oficio después de los antecedentes publicados por nuestro medio.

“El Ministerio del Interior y Seguridad Pública manifestó, en síntesis, que el documento a que alude la presentación del rubro fue entregado por la empresa Alto Data Analytics a la Agencia Nacional de Inteligencia, la que, a su vez, lo puso a disposición de esa Cartera de Estado”. 

El dictamen de Bermúdez señala que al ser gratuito, no estaba sujeto a la ley de compras públicas. Además agregó que esto no pasó a llevar la ley de lobby, puesto que la información fue entregada entre organismos públicos, específicamente, desde la ANI a esta cartera. Respecto del organismo de inteligencia del Gobierno de Chile, Contraloría indica que ésta por ley puede mantener en secreto sus fuentes de información, por lo que se apega a lo señalado por Interior.

“Respecto de la forma en que la Agencia Nacional de Inteligencia accedió a dicho informe, cabe señalar que este le fue proporcionado por la empresa Alto Data Analytics, en calidad de muestra, sin mediar costo -según indica el singularizado Ministerio-, a fin de mostrar posibles productos a entregar para generar inteligencia”, dice el dictamen.

La entidad fiscalizadora no menciona en ningún momento el rol que tuvo Quiñenco en la entrega del cuestionado informe y no considera que Alto Data Analytics entregó el informe en la misma reunión en que estaba el grupo Quiñenco, la ANI y el Ministerio del Interior, por lo que el traspaso de estos antecedentes no fue entre organismos públicos, sino que en paralelo.

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