“El mecanismo de control preventivo a través del cual la Contraloría General [CGR] revisa la constitucionalidad y legalidad de los decretos y resoluciones que deben tramitarse ante ella”. Así define la propia entidad la toma de razón, ejercicio que desde hace casi un año no se realiza para dos altos mando en Carabineros.
Se trata del subdirector de la institución, general Mauricio Rodríguez, y el director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, quienes no cuentan con la toma de razón por parte de la CGR para sus cargos actuales, asumidos el 19 de noviembre de 2020.
Las implicancias de esta situación, según una fuente conocedora del caso en Contraloría, son que se pueda poner en duda “la validez de actos administrativos” dictados por los generales en cuestión, así como también podrían surgir “cuestionamientos a las remuneraciones” de estos, las que aumentaron con el ascenso del año pasado, sin ser ratificadas por la unidad de control estatal.
Otra fuente, esta vez al interior de Carabineros, aseguró que “este es un tema más político que administrativo”, por lo que no existen consecuencias prácticas inmediatas para que Rodríguez y Bassaletti ejerzan el mando.
Para entender el motivo detrás de que Rodríguez y Bassaletti no hayan pasado por revisión constitucional y legal desde Contraloría, hay que remontarse al estallido social, específicamente, al resultado de la investigación realizada por la propia CGR en torno al accionar de Carabineros durante las manifestaciones.
Para entender el motivo detrás de que Rodríguez y Bassaletti no hayan pasado por revisión constitucional y legal desde Contraloría, hay que remontarse al estallido social, específicamente, al resultado de la investigación sumaria realizada por la propia CGR en torno al accionar de Carabineros durante las manifestaciones iniciadas aquel 18 de octubre de 2019.
En aquel sumario, Contraloría determinó sancionar tanto a Rodríguez –quien se desempeñaba para la revuelta del 2018 como jefe de la Zona Metropolitana– como a Bassaletti –entonces jefe de la Zona Santiago Este– con 60 y 30 días de suspensión, respectivamente. La justificación detrás de la sanción –una de las más altas para funcionarios policiales– fue que Carabineros infringió sus propias normas en materia de uso de gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios, sin que ambos generales tomaran “medidas oportunas” para corregir la situación; conclusión fundamentada en 23 tomos y 18 mil fojas de investigación.
Sin embargo, la sanción de Contraloría cuenta con un gran obstáculo: la institución no cuenta con facultades para sancionar a uniformados, por lo que queda en manos del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el aplicar o desestimar la suspensión para dos de sus altos mandos.
Esa decisión, a la fecha, no se ha tomado; desatando lo que en prensa se ha descrito como un “feroz gallito” entre el contralor Jorge Bermúdez y el general Yáñez. Por un lado, el director de Carabineros no da curso al sumario administrativo realizado por Contraloría y aplica –o no– las sanciones sugeridas, y por otro, la propia CGR acusa estar impedida de realizar la toma de razón para el ascenso de Rodríguez y Bassaletti por existir un procedimiento administrativo en curso.
Desde Carabineros indicaron que “la instancia de resolución [para la sanción de la CGR] es del general director, la que actualmente, se encuentra suspendida debido a que en el juicio de nulidad de derecho público, presentado directamente por los generales, se decretó la suspensión del sumario, en cualquiera de sus instancias”.
Consultados por esta situación, desde Carabineros indicaron que “la instancia de resolución [para la sanción de la CGR] es del general director, la que actualmente, se encuentra suspendida debido a que en el juicio de nulidad de derecho público, presentado directamente por los generales, se decretó la suspensión del sumario, en cualquiera de sus instancias”.
La sanción propuesta por Contraloría se encuentra judicializada, existiendo recursos de protección interpuestos por los generales, cuyo trámite se encuentra en curso y podría durar años. “No corresponde resolver la propuesta de Contraloría, toda vez que se incurriría en desacato de la resolución judicial”, explicaron.
INTERFERENCIA consultó a comunicaciones de Carabineros si el ejercer los cargos de subdirector de la institución y director general de Apoyo a las Operaciones Especiales podía traer cuestionamientos a los actos administrativos y de servicio emanados de los generales Rodríguez y Bassaletti, pregunta que no fue respondida directamente. En su lugar, explicaron que “por necesidades del servicio, y de acuerdo con la norma legal pertinente, los generales asumieron sus cargos coetáneamente con la expedición del decreto que los nombra y asciende, respectivamente, sin necesidad de esperar a que dichos decretos queden totalmente tramitados”, evitando referirse a posibles consecuencias de esta situación.
Una fuente al interior del Ministerio Público aseguró que se trata de un “incordio complejo”, donde la falta de toma de razón supone que “los nombramientos no se materializan, es decir, no pueden asumir esos cargos”, aunque sí pueden ejercerlos considerando que sí se cursó la baja o el ascenso de los generales que servían el cargo antes
Esta redacción también contactó a una fuente al interior del Ministerio Público, quien a la luz de los antecedentes aseguró que se trata de un “incordio complejo”, donde la falta de toma de razón supone que “los nombramientos no se materializan, es decir, no pueden asumir esos cargos”, aunque sí pueden ejercerlos considerando que sí se cursó la baja o el ascenso de los generales que servían el cargo antes de Rodríguez y Bassaletti. “El tener un sumario y sanción pendiente impide la Toma de Razón”, explica, aunque “la CGR no cuenta con atribuciones para imponer una sanción”.
Por otro lado, esta fuente explicó que la Contraloría no se rige por las reglas del “silencio administrativo”, donde el no pronunciamiento en una materia puede llevar a que esta se apruebe automáticamente con el correr del tiempo, por lo que “no puede ser forzada a la Toma de Razón”.
Comentarios
Creo q la Contraloría debería
Estimado sr, lea la ley
1) Los hechos/ Apreciación de
Contraloría debería tener más
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