Enrique Bassaletti
En un comienzo, la administración de Tomás Vodanovic estuvo centrada en mejorar lo que había dejado el paso de Cathy Barriga por el municipio. Aumentó el presupuesto a SMAPA, disminuyó el déficit municipal, revitalizó la plaza de Maipú y controló el comercio informal. No obstante, a nivel interno, Vodanovic también ha enfrentado críticas por parte de los trabajadores a honorarios.
Interferencia detalla los protagonistas y lo que se juega en 10 comunas del país que podrían representar el sentir nacional. Antofagasta, Concepción, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto, Santiago, Temuco, Valdivia, Valparaíso y Viña del Mar; todas tienen una historia que contar mañana.
El estudio de opinión realizado en las primeras semanas de septiembre indica que, en Santiago, Mario Desbordes se impondría sobre la actual alcaldesa, Irací Hassler. En Ñuñoa, Sebastián Sichel vencería a Emilia Ríos, mientras que en Viña del Mar, Iván Poduje superaría a Macarena Ripamonti. Por otro lado, Claudio Orrego mantendría su cargo como gobernador de la Región Metropolitana, derrotando a Francisco "Pancho" Orrego.
Enrique Bassaletti fue dado de baja en octubre de 2021, en medio de cuestionamientos por su rol en el estallido social y por acusaciones de prestar servicios de seguridad a la compañía Chiletabacos estando en funciones. El ex uniformado es cercano a José Antonio Kast, viajando juntos a Hungría y El Salvador hace unas semanas. Actualmente es asesor de seguridad en La Reina, comuna con alcalde UDI.
Tras su paso por la Conferencia Política de Acción Conservadora (2025) celebrada en Hungría y la visita al muro que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, levantó en la frontera con Serbia, Kast propuso la misma idea para el norte de Chile, que sintoniza con su viaje la mega cárcel de El Salvador como parte de su agenda internacional.
Contraloría determinó que no hay justificación para prestar a una empresa privada estos servicios, registrados entre julio y diciembre de 2020. Más aun cuando en la época hubo rubros que registraron más asaltos que la industria del tabaco.
El ente contralor emitió los resultados de una investigación especial a partir de una denuncia de la ex diputada Cristina Girardi (PPD) realizada en diciembre de 2020 y publicada por INTERFERENCIA. Se confirmó que hubo vigilancia policial a vehículos de la tabacalera, falta de registro de estos seguimientos y cuestionamientos a las razones de priorizar esta industria en desmedro de otras que presentaban mayor amenaza.
Enrique Bassaletti es el nuevo director de Seguridad de la Municipalidad de esta comuna del sector alto de Santiago. Fue dado de baja en octubre, en medio de cuestionamientos por su rol como jefe de Zona Este en la capital durante el estallido social y por acusaciones de prestar servicios de seguridad a Chiletabacos estando en la institución.
Esto podría llevar cuestionar los actos administrativos de ambos altos mandos y sus alzas salariales. Contraloría sugirió sanciones porque los oficiales no tomaron "medidas oportunas" para evitar la crisis de derechos humanos de 2019 y 2020.
El ex general director Mario Rozas firmó un contrato en 2017 por 1 millón 635 mil pesos mensuales para arrendar una vivienda en Madrid, mientras era agregado policial. En tanto, el general Enrique Bassaletti solicitó arrendar una residencia en 2015 por cerca de 3 millones de pesos en Reino Unido, cuando se aprestaba a ejercer la misma labor en el extranjero.
El general director reconoció que recibió una asignación irregular en 2015, pero dijo que no la devuelve porque no ha sido “notificado” por Contraloría. INTERFERENCIA accedió al contrato de arriendo, el cual es parte de las investigaciones que ha realizado el diputado Leonardo Soto (PS) sobre los millonarios pagos a agregados policiales en el exterior.
Son amigos, vacacionan juntos y enfrentaron el estallido social estrechamente con discursos similares. La continuidad que representaría el nuevo general director abre las incógnitas sobre si seguirán las violaciones a derechos humanos como también los casos de corrupción, puesto que los oficiales clave en estas situaciones –incluido Yáñez– siguen firmes en el alto mando.
En agosto el jefe zonal de Santiago Oeste solicitó a los funcionarios realizar labores permanentes de vigilancia y seguimiento de camiones de la tabacalera, entregando incluso una hoja Excel con las rutas y horarios de traslados, mientras un suboficial debe permanecer ocho horas al día en la central de monitoreo de la empresa.
La entidad fiscalizadora confirmó que abrirá una investigación por presuntas irregularidades.
El general Raúl Aburto, encargado de supervisar la relación de Carabineros con servicios y empresas de seguridad privada, nunca hizo sonar alarma alguna. Tampoco la generala Pamela Olivares, esposa del gerente de seguridad de la empresa tabacalera, un coronel en retiro de la policía. El Director General Mario Rozas, compañero de generación de ambos generales y quien los ascendió al alto mando, ha mantenido silencio.
El alto mando habría recibido pagos por realizar labores de seguridad privada en las cuales ocupó a personal activo de Carabineros y autos institucionales para realizar trabajos de escolta, denuncia hecha a Contraloría por la diputada Cristina Girardi.
