La Contraloría General de la República ordenó un sumario administrativo en uno de los Servicios de Salud de la Región Metropolitana, por graves anomalías en el acopio de drogas incautadas tanto por Carabineros como por la PDI. Tal como establece la regulación, son estas instituciones sanitarias las que deben recibir la mercancía ilegal que se incauta en los procedimientos policiales.

De acuerdo con el informe de auditoría que publica Interferencia (lea la audtoría completa), el organismo fiscalizador acreditó diferencias en el peso de distintas drogas entregadas por las policías al servicio de salud para su destrucción. La explicación de todas las instituciones fiscalizadas se debe a que las balanzas están mal calibradas, lo que produce diferencias de peso.

La autoridad sanitaria explicó al respecto que no existe una normativa “que regule u homologue el uso de balanzas en el proceso de pesaje de las drogas decomisadas”, lo que genera cantidades distintas.

No es todo. La CGR descubrió que no existía un funcionario designado especialmente para la unidad de incautaciones en el mencionado Servicio de Salud, que este medio no revela específicamente atendida la falta de medidas de seguridad que podrían implicar la acción de organizaciones criminales. En su respuesta, la autoridad esgrimió que el hecho fue corregido y la CGR levantó la observación.

Sin embargo, la unidad de incautaciones del servicio, recién durante 2025, implementará un sistema informático para mantener ordenado el acopio de drogas.

En la auditoría, la autoridad sanitaria indicó algo igual de grave: no cuentan con recursos para recibir las drogas incautadas los fines de semana. No solo esto: el Servicio de Salud en cuestión, no tiene la capacidad para destruir las sustancias psicotrópicas, por lo que debió contratar una empresa externa. Y como si fuera poco, el organismo fiscalizador detectó que tanto Carabineros como la PDI no entregan en el tiempo legal la droga incautada al Servicio de Salud.

Los plazos

La Ley 20.000 que establece las normas contra el tráfico de drogas entrega parámetros para la transferencia de los estupefacientes al Servicio de Salud en un plazo de 24 horas, salvo que el Ministerio Público, previa resolución del juez de garantía, lo prorrogue fundadamente.

Sin embargo, dichos plazos no son cumplidos ni por la PDI como tampoco Carabineros, detalla la CGR.

De hecho, descubrió la inexistencia de respaldos y cumplimiento de horarios de entrega, al menos sobre dos investigaciones sustanciadas por el Ministerio Público, donde los documentos asociados a la cadena de custodia (o Número Único de Evidencia, NUE) sencillamente no existían.

Sábados y domingos

Otro problema descubierto por la entidad de control, es que el Servicio de Salud solo recibe la droga incautada por las policías, de lunes a viernes en horario hábil.

En la auditoría, tanto Carabineros como la PDI se lamentan, porque dificulta el cumplimiento de la Ley de Drogas, toda vez que deben mantenerlas en unidades policiales.

En su respuesta, la autoridad sanitaria explicó que no cuentan con recursos para implementar la recepción para los fines de semana y para 2025 no existe una partida presupuestaria.

Y más: el Servicio de Salud, carece de instalaciones y el equipamiento para la destrucción de las sustancias psicotrópicas. Para cumplir dicho cometido, debió contratar una empresa externa.

El acuerdo de voluntades con la firma, se realizó vía trato directo, hecho que fue cuestionado por la CGR. En esa línea, recomendó que las causales para ello deben estar debidamente fundadas.