El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, mientras era diputado, estuvo años legislando en materia educacional sin transparentar un conflicto de intereses relevante: él junto con su familia eran dueños de un privilegiado colegio particular pagado.

Recién el pasado 10 de septiembre, después que Interferencia revelara los antecedentes, se supo públicamente que el aludido es propietario desde 1998 y hasta la fecha del Colegio Campanario de Buin.

Esto a través de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Padua, la cual también integra su esposa, María Pía Adriasola, quien es parte del directorio del establecimiento que en 2021 tuvo utilidades por $180 millones.

Kast fue diputado entre 2002 y 2018, período en el cual participó en la legislación de temas educacionales en reiteradas ocasiones: 14 mociones (dos terminaron en ley), 5 indicaciones, 14 proyectos de acuerdo, 1 proyecto de resolución, 45 intervenciones, 63 peticiones de oficios.

Asimismo, fue parte de numerosas votaciones (cuyo número exacto no fue posible determinar por errores de la web de la Cámara de Diputados) en temas relevantes que afectaron al sistema escolar en general, tanto al privado como a la competencia de su negocio, la educación pública.

La Ley General de Educación

Un hito fue después de la Revolución Pingüina de los estudiantes secundarios en 2006, cuando el primer gobierno de Michelle Bachelet se comprometió a derogar la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (Loce), la cual había sido creada en la dictadura de Augusto Pinochet.

Para reemplazar ésta, antes de la discusión misma en el Congreso, el Ejecutivo negoció previamente con la oposición –en ese entonces la UDI y Renovación Nacional–, el proyecto a presentarse en el parlamento, lo cual quedó históricamente retratado en una fotografía con representantes de ambos sectores tomados de las manos en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Así nació la Ley General de Educación (LGE), ingresada al Congreso en 2007.

De acuerdo a un reportaje de El Mostrador del año 2013, quienes participaron de la negociación previa de la iniciativa, por la UDI estuvieron Andrés Chadwick, Marcela Cubillos, Hernán Larraín y José Antonio Kast.

Durante la tramitación de la LGE, José Antonio Kast fue integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por lo que fue uno de los activos fiscalizadores de que el proyecto final cumpliera con los intereses de la derecha y los colegios privados.

Durante la tramitación de la LGE, José Antonio Kast fue integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por lo que fue uno de los activos fiscalizadores de que el proyecto final cumpliera con los intereses de la derecha y los colegios privados.

Después de dos años de discusión, en 2009 se promulgó la Ley General de Educación. 

Y si bien se derogó la Loce, la nueva legislación no cumplió con las expectativas de los estudiantes y profesores que impulsaron las manifestaciones, donde el objetivo principal era que la educación de cualquier chileno no dependiera de los recursos económicos que poseía, sino que se garantizara la misma calidad para todos. Esto a través de medidas como el fin de la municipalización, el fin del lucro en instituciones privadas, el término de la selección, entre otras.

Sin embargo, dicha ley finalmente consolidó lo que ya planteaba la Loce: la educación chilena es un sistema mixto, donde hay colegios públicos, particulares subvencionados por el Estado y particulares pagados.

Acusación constitucional contra Yasna Provoste

En 2008, mientras todavía se discutía la LGE, la derecha encabezó una ofensiva en contra de uno de los rostros más importantes del gobierno de Bachelet en ese entonces: la ministra de Educación, Yasna Provoste.

Todo comenzó cuando la Contraloría emitió en 2008 un informe que detectó irregularidades de $262 mil millones en las subvenciones entregadas a colegios entre 2004 y 2006, lo que llevó a la oposición –entonces llamada Alianza por Chile–, a presentar una acusación constitucional en contra de Provoste por no haber fiscalizado la situación.

La acción fue liderada por José Antonio Kast y finalmente fue aprobada, significando la destitución de la ministra, la inhabilidad para que ejerciera cargos públicos durante cinco años, además de un duro golpe al gobierno de Bachelet.

La acción fue liderada por José Antonio Kast y finalmente fue aprobada, significando la destitución de la ministra, la inhabilidad para que ejerciera cargos públicos durante cinco años, además de un duro golpe al gobierno de Bachelet.

Los semáforos de Lavín

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, una de las polémicas en materia de educación tuvo que ver con los ‘semáforos Simce’ implementados por el entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín.

Estos buscaban clasificar a los establecimientos de acuerdo a sus resultados en la prueba de conocimientos que se aplica a los estudiantes, fijando en verde a los colegios que superaran el promedio, en amarillo a los que estuvieran en el promedio y rojo los que estuvieran por debajo.

En la Cámara de Diputados, en medio del conflicto por este tema, Kast defendió la medida del gobierno de Piñera:

“Se dice que los niños serán estigmatizados. ¿Será por los colores? A mi juicio, los niños salen estigmatizados de las escuelas cuando se enfrentan a la realidad, cuando han salido con nota 6 ó 7 y deben enfrentar la PSU, prueba que también fue un invento de algunos ministros que se empecinaron en cambiar la Prueba de Aptitud Académica, que medía las habilidades, por una prueba de conocimiento. ¿Y cuál es la realidad? Cuando los niños se enfrentan a la PSU sacan muy bajo puntaje. Ahí es donde quedan estigmatizados, donde se les mata la ilusión y la esperanza a los padres”, dijo.

La Ley de Inclusión

Pasaron los años, Michelle Bachelet volvió en 2014 con un segundo gobierno y un nuevo intento por impulsar una reforma educacional que enmendara parte de lo que no pudo conseguir con la LGE.

Uno de los proyectos clave en esto fue la Ley de Inclusión Escolar, la que tenía por objetivo poner fin al lucro en la educación, establecer la gratuidad de los establecimientos y terminar con la selección.

En una entrevista con CNN Chile en 2014, Kast se opuso abiertamente a la idea de terminar con el lucro:

“Si quedan 3 millones de excedentes y el sostenedor, sacando un sueldo de 2 millones, dice ‘bueno, me quedaron 3 millones adicionales y no los quiero reinvertir (en el colegio) o tengo una dificultad personal, yo creo que legítimamente, si está dando una buena calidad de educación, se los puede llevar”, dijo.

En la misma entrevista rechazó el fin a la selección:

“Hay procesos de admisión donde yo doy una prueba de conocimientos, hoy ya no se va a poder, no va a poder medirse con una prueba qué alumno es mejor que otro para entrar a ese colegio, porque el nuevo proceso de selección es una plataforma digital, se habla de una tómbola”, agregó.

Durante la tramitación de este proyecto, José Antonio Kast también fue parte de la Comisión de Educación y en paralelo animaba las protestas de los particulares subvencionados en contra de la reforma.

Durante la tramitación de este proyecto, José Antonio Kast también fue parte de la Comisión de Educación y en paralelo animaba las protestas de los particulares subvencionados en contra de la reforma.

Sin embargo, la iniciativa finalmente fue aprobada, con su voto en contra.

Aunque Kast pudo salvar un par de puntos, por ejemplo, fue uno de los que rechazó que se penara con cárcel a quienes lucraran con recursos públicos, como también, permitir que el colegio entreviste a los apoderados de un niño una vez que esté matriculado.

Actualmente, en su programa de gobierno, el candidato propone eliminar el Sistema de Admisión Escolar y volver a permitir la selección.