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Jueves, 3 de diciembre de 2020
Ciper reveló caso hace 10 días

Director de Conadi mantiene silencio respecto de compra de tierras mapuche por parte del hijo de Pablo Longueira

Maximiliano Alarcón (Desde Villarrica)

El mismo día en que INTERFERENCIA reveló que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, había adquirido tierras indígenas, el director subrogante de la Conadi, Fernando Sáenz, declaró que la compra era legal. Pero en el caso Juan Pablo Longueira ha guardado silencio. ¿Por qué?

Fernando Sáenz, director de la Conadi, vive días agobiantes trabajando en dicha corporación. Sin siquiera ser el titular del servicio, pese a que lleva siete meses en la subrogancia, puesto que el cargo aún está en concurso de Alta Dirección Pública, le ha tocado defender institucionalmente a las autoridades que han comprado tierras indígenas sin pertenecer a un pueblo originario.

Cuando INTERFERENCIA publicó el 4 de marzo pasado los primeros antecedentes de la compra irregular de tierras indígenas realizada por Rodrigo Ubilla, Sáenz, tardó sólo algunas horas en defenderlo públicamente a través de los medios de comunicación.

"Revisados los antecedentes por Conadi, señalamos claramente que este asunto fue una compra legal, es un compra entre particulares, que son los antecedentes que a nosotros nos llegaron. Fue una subdivisión que se realizó, se establecieron dos lotes, los que fueron debidamente inscritos en el registro público de tierra de Conadi", dijo Sáenz en un punto de prensa el mismo día en que nuestro medio informó sobre las compras de Ubilla.

En cambio, Sáenz ha tenido una actitud muy distinta después de que Ciper revelara que Juan Pablo Longueira, ex jefe de gabinete de Alfredo Moreno en el Ministerio de Desarrollo Social, también compró tierras en una comunidad mapuche saltándose la prohibición que exige la Ley Indígena. A diez días de conocerse estos hechos, Sáenz se ha quedado en silencio y no ha emitido opinión jurídica sobre los actos de Longueira. Una dilación que crispa los ánimos de quienes le piden definiciones, las que lo complican a todo evento, sea frente a los indígenas o frente a sus colegas de gobierno, según lo que vaya a resolver.

Ubilla vs. Longueira

El pasado 6 de junio Ciper informó que Longueira, ahora jefe de gabinete de Alfredo Moreno en el Ministerio de Obras Públicas, adquirió 25,5 hectáreas al interior de la comunidad mapuche Ignacio Yevilao ubicada en Villarrica. Al igual que con Ubilla, las compras del hijo del histórico de la UDI, Pablo Longueira, pasaron por encima de la Ley Indígena (Ley 19.253).

Sin embargo, hay una diferencia entre los casos del subsecretario del Interior y el del jefe de gabinete de Moreno.

En el primero, la defensa de Ubilla, impulsada por el director de Conadi, es que las tierras fueron compradas a la chilena Guadalupe Moris luego de que estas pasaran a su poder tras una separación de bienes con su entonces esposo mapuche Jorge Painequir, dueño original de los predios. En esta liquidación de la sociedad conyugal y posterior traspaso de los predios a Moris, según ha estampado Sáenz incluso en un informe solicitado por Ubilla, los terrenos dejan de ser indígenas. Eso, pese a que la Ley Indígena dice expresamente que se comprenderá como indígena a quienes tengan vínculos filiales con miembros de alguno de los pueblos reconocidos como tales, y Moris seguía casada con Painequir.

En cambio, en el caso de Longueira, la situación ilegal es aún más clara, pues éste compró directamente dos parcelas en 2015 a la mapuche Orfelina Pichún y tres hectáreas este año al también mapuche Godofredo Cotrena, según los antecedentes publicados por Ciper. Entonces, compró tierras indígenas directamente a miembros de pueblos originarios, sin que haya el subterfugio que presenta el caso de Ubilla.

Pero, la defensa planteada por el jefe de gabinete de Moreno a Ciper es que sus parcelas no están en el registro de tierras indígenas de la Conadi. Si bien esto es un hecho, el mismo medio expuso el título de merced de 1914 que le da el carácter indígena a estos predios, según lo señalado en el artículo 12 de la ley, por lo que la tierra puede ser indígena aún cuando no esté todavía registrada.

Un silencio incómodo

Volviendo al director de la Conadi, éste ha tenido varias oportunidades de referirse al caso o actuar, pero no lo ha hecho.

El 7 de junio, un día después de la publicación de Ciper, el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, todavía jefe de Longueira en Obras Públicas, señaló públicamente que pediría un informe a Conadi. Este aún no existe.

Tres días después, un grupo de dirigentes mapuche de Villarrica, entre ellos el consejero de la Conadi, Marcial Colin, enviaron una carta a Sáenz a la cual accedió nuestro medio.

En ella piden explicaciones y señalan que “la investigación periodística publicada por Ciper es bien contundente y muy clara. Es una abierta vulneración a la Ley 19.253 y pone de manifiesto una práctica que lleva muchos años y en la cual existen muchos cómplices”. Además, exigen al director que anule la compra-venta en la que participó Juan Pablo Longueira, según lo estipulado en el artículo 22 de la Ley Indígena.

En tanto, el pasado miércoles 12 de junio, Fernando Sáenz asistió a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga las compras irregulares de tierras indígenas, pero no se le consultó directamente por situación de Longueira ni Sáenz se refirió a ello.

INTERFERENCIA contactó a Fernando Sáenz pero no quiso dar declaraciones.

Posteriormente, su equipo de comunicaciones se contactó con nuestro medio e indicó que el informe solicitado por Alfredo Moreno se está desarrollando, pero que es “más complejo que el caso de Ubilla”. En tanto, respecto de la carta enviada por los dirigentes mapuche, señalaron que durante la semana que viene será respondida.

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