La Contraloría Regional Metropolitana emitió el oficio E332542/2023, en el cual establece objeciones y serios cuestionamientos a la compra que la Municipalidad de Santiago hizo de dos inmuebles correspondientes a la ex Clínica Sierra Bella, y en donde la actual administración de Irací Hassler pretendía implementar una Clínica Municipal para Santiago. 

En sus 32 páginas, el informe de Contraloría establece objeciones principalmente a las tres tasaciones a las que recurrió el Municipio para justificar el precio de $8.200 millones de pesos a la sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA, la cual, además -tal como había publicado Interferencia-, había comprado ambos inmuebles en un precio cuatro veces inferior tan solo unos meses atrás. 

“En las circunstancias que concurren en la especie, es decir, habiéndose constatado diferencias no menores entre el precio pagado sólo unos meses antes por la vendedora Inmobiliaria San Valentino SpA y aquel estipulado a pagar por dicha entidad comunal, y atendidas las inconsistencias y falta de trazabilidad advertidas en las tasaciones antes referidas, no es posible tener por fundamentado el gasto de recursos públicos ascendente a $8.252.873.341, que pretendería efectuar aquel municipio, especialmente, si se consideran los principios de eficiencia, eficacia y economicidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado”, señala el oficio. 

El escrito agrega que “si bien los inmuebles habitualmente tienen un avalúo fiscal menor a su valor comercial, los antecedentes tenidos a la vista no permiten tener por justificado el referido precio que se obligaría a pagar el mencionado Municipio, el que, como se dijo, corresponde a casi cuatro veces el avalúo fiscal de los bienes raíces de que se trata, y también a casi el cuádruple del monto fijado -sólo unos meses antes- en la compraventa en cuya virtud los adquirió la vendedora Inmobiliaria San Valentino SpA”.

Cabe señalar que nuestro medio había publicado en enero de este año precisamente estos datos luego de una revisión de las escrituras en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, lo cual se encuentra detallado en el artículo Municipio de Santiago compró por $8.200 millones inmuebles que en 2022 habían costado $2.200 millones. 

Cabe mencionar que el organismo de control tuvo a la vista lo mencionado por la Asociación de Tasadores de Chile, la cual cuestionó precisamente estas tasaciones en el sentido de que “las tasaciones cuestionadas no se ajustarían a las normas sobre tasación de bienes NCh3658/1 y NCh3658/2, aludiendo, en términos generales, que aquellas no incluirían varios de los ítems definidos por aquellas, careciendo de explicación respecto de los principios que sustentan el valor, confundiendo los preceptos contenidos en ellas, cuando se adiciona al valor del terreno las construcciones existentes, en circunstancias que éstas ya habrían estado consideradas en parte de los referentes utilizados para el cálculo del valor de suelo, entre otras desviaciones de las mismas”, según menciona el oficio.

El ente contralor ordenó a la municipalidad liderada por Irací Hassler (PC) “adoptar todas las medidas que en derecho correspondan para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales, debiendo informar pormenorizadamente al respecto a este Organismo de Control dentro del plazo de 15 días hábiles”. Esto con el objeto de que “se instruya un procedimiento disciplinario destinado a investigar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos expuestos”. 

Además de esto, el oficio de Contraloría ordenó dicho procedimiento disciplinario debido a que “la Municipalidad de Santiago no habría adoptado las medidas suficientes para el efectivo cumplimiento del citado oficio N° E306691, de 2023, permitiendo con ello la realización -con posterioridad a la emisión de dicho oficio- de diligencias destinadas a la ejecución de la aludida compraventa, este Ente de Control procederá a incluir la materia analizada en este acápite en el procedimiento disciplinario que se ha ordenado instruir”. 

Esto en alusión a un pronunciamiento previo de Contraloría del 2 de febrero, cuando el organismo ordenó congelar la compra. 

En otras cuestiones establecidas por este oficio, Contraloría cuestionó la legalidad de implementar una Clínica Municipal en los términos que la administración de Hassler había prometido, argumentando que un municipio sólo puede administrar servicios primarios de salud.

“En atención a lo expuesto, no resulta procedente que, en el ejercicio de las funciones que desarrolla la Municipalidad de Santiago en materia de la salud, a través de un establecimiento asistencial administrado por ella, se otorguen -como habría pretendido y publicitado el municipio en su oportunidad- prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria de salud, en un ámbito en que existiría una política pública ministerial, por lo que dicha entidad edilicia deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para que sus actuaciones se ajusten a derecho, sin que corresponda que se destinen recursos municipales en el desarrollo de labores ajenas a las que la ley le autoriza ejecutar”, señaló el oficio.