En enero de 2019 el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció que cinco universidades formaban parte de un acuerdo para reubicar a los estudiantes de la Universidad del Pacífico (UP) debido al cierre de esa casa de estudios. En el comunicado, el organismo del gobierno señalaba que la División de Educación Superior (Divesup) contactó a diversas instituciones “con el propósito de facilitar la reubicación de sus alumnos y así garantizar su continuidad de estudios”.

Las universidades Autómoma, Central, Del Desarrollo, Mayor y el Duoc-UC componen la lista que se comprometía a ofrecer alrededor de 1.300 cupos en 40 carreras para los ex alumnos de la UP que quedaron a la deriva.

Sin embargo, tanto el Mineduc como las casas de estudios privadas mencionadas, se estaban adelantando a lo que establece la Ley 20.800 de Administración Provisional y de Administración de Cierre de Instituciones de Educación Superior, en cuanto a los procesos de reubicación de alumnos, pues estos dependen de un convenio que el administrador de cierre debe realizar "preferentemente" con una entidad del Estado. Esto, dado que los procesos de reubicación cuenta con becas estatales a la matrícula y al arancel de referencia de cada alumno, en modo voucher, por lo que se quería evitar que las universidades privadas se beneficen con recursos públicos de la quiebra de otras universidades privadas. En este caso, 1.300 vouchers, con costos variables, según las carreras y los aranceles de referencia.

En este fin de semestre académico y dado que todas las universidades del acuerdo con el Mineduc son privadas, INTERFERENCIA consultó a la autoridad para pedir los alcances de dicho acuerdo. La solicitud generó cierto revuelo en el Departamento de Comunicaciones del Mineduc.

Al principio los funcionarios del organismo señalaron que el acuerdo estaba en poder del administrador de cierre de la UP, Roberto Nahum. Sin embargo, este abogado, ex decano de Derecho de la Universidad de Chile, negó tener en su poder dicho acuerdo ni conocer sus términos. Según señaló a INTERFERENCIA, su labor actual está concentrada en reconstruir los registros académicos de los estudiantes, dado que la administración original perdió información valiosa para conocer los grados de avance de los estudiantes en sus planes y programas. "Sin esa información no se puede avanzar mucho en materia de convalidación, pues si el alumno queda corto en su avance en la malla, tendrá que cursar más ramos y pagar más, y si queda largo, no se va a haber formado adecuadamente y en algún momento la información fehaciente puede aparecer y generarle un problema", dice Nahum. 

Ante esta respuesta del administrador de cierre que este medio comunicó al Mineduc, los funcionarios públicos hicieron la distinción entre el acuerdo al que llegaron con las cinco universidades privadas, del convenio, que manda la ley, el que no ha sido negociado aún por Nahum, dado el problema de información que enfrenta. Sin embargo, al pedírsele al Mineduc la documentación que fundamenta el acuerdo, esta no fue entregada. En cambio, se aseguró que no tiene un carácter legal y que responde a la "buena voluntad" de las universidades privadas para resolver el problema de los alumnos perjudicados por el cierre.

Respecto del problema de las convalidaciones, en el Mineduc aseguraron que su labor solo consistió en dar facilidades a los ex alumnos de la UP para que pudiesen convalidar las asignaturas, pero que la decisión de una nueva matrícula “es responsabilidad de cada estudiante”. 

Hablan los estudiantes

Para Sofía Sepúlveda, coordinadora de los estudiantes de la UP de la sede Las Condes, los acuerdos de palabra fueron una “solución a medias". Esto, pues "había tanta desesperación por parte de los alumnos al haber quedado a la deriva que se necesitaba una solución lo antes posible, pero vendieron estos acuerdos como convenios oficiales a los estudiantes, en los que no les aseguran nada y los vendían a otras universidades privadas, respecto de las cuales ni siquiera ellos como Ministerio pueden asegurar que no cerraran por problemas financieros, con lo que quedaremos en la misma situación”.

Si bien no existen los datos oficiales, aproximadamente de los 2.700 estudiantes de la UP, según los estudiantes, entre 1.000 y 1.600 están en nuevas universidades, y muchos arrepentidos, queriendo esperar el convenio. 

Por su parte, Carolina Carrasco, coordinadora de la sede de Melipilla, señala que los acuerdos hechos por el Ministerio con las universidades privadas “no velan por el bienestar de los estudiantes”. Además, el factor geográfico afecta en mayor medida a los estudiantes de dicha sede, pues implica un costo económico que las familias no pueden asumir.

“Los estudiantes no quedan protegidos por un convenio, sino que dependen de las universidad en las que se matricularon. Muchos de ellos aún no logran obtener su certificado de concentración de notas, por ende, su convalidaciones de ramos aún no son efectivas. Estamos a mitad de año y estos alumnos siguen a la deriva. El acuerdo del Mineduc con estas universidades me parece irresponsable porque los estudiantes que vivimos estas situaciones de cierre, la gran mayoría pasa por un estado de vulnerabilidad importante”, agrega Carrasco.