En unas recientes declaraciones, la diputada mapuche, Emilia Nuyado (PS), insistió en la necesidad de que el Gobierno del presidente Gabriel Boric establezca un diálogo con los 11 presos mapuche recluidos en Concepción y que se encuentran en huelga de hambre. 

Esto, con el fin de evitar tensionar aún más la relación entre el Ejecutivo y las comunidades mapuche, sobre todo si se considera que desde mayo del 2022 opera el Estado de Excepción para las provincias de Arauco, Biobío y en la región de La Araucanía. 

En ese sentido, si bien Nuyado advierte que hay decisiones que son competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia, el Gobierno puede dar respuesta a determinadas demandas por medio del Ministerio de Justicia y Gendarmería. 

A raíz de aquello la diputada sostuvo que: "Hay demandas que pueden ser cumplidas porque se ciñen a derechos contenidos en tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile [...] Además existe la preocupación en cuanto a que se ha retrocedido de manera intencional por parte de las autoridades en el trato de las familias de los presos".

En esa línea, familiares de los presos mapuche han denunciado que las autoridades competentes han negado el acceso a su cutura negando el derecho a ejercer su espiritualidad, además de un hostigamiento con tratos racistas por parte de funcionarios de Gendarmería. 

En concreto, se trata de una huelga de hambre que llevan adelante 11 comuneros mapuche. Cuatro de ellos iniciaron una huelga de hambre líquida el 13 de noviembre, mientras que el resto comenzó una huelga de hambre el 11 de diciembre.

- Usted plantea que si bien hay aspectos que competen directamente a los Tribunales de Justicia el Gobierno a través de sus instituciones puede actuar, en particular ¿de qué forma el Gobierno, Ministerio de Justicia y Gendarmería pueden dar respuesta a los 11 presos mapuche en huelga de hambre en Concepción?

- Lo primero que debe hacer el Ministerio de Justicia y Gendarmería es acercarse a los familiares, a los voceros, a las redes de apoyo de quienes hoy día se encuentran en huelga de hambre para iniciar el diálogo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sostenido que hay experiencias donde en otros establecimientos penitenciarios del país se han podido habilitar módulos para personas mapuche con el objeto de resguardar su característica social, cultural y espiritualidad.

Por el desconocimiento existente respecto a los derechos que tienen las personas que están privadas de libertad de acceder a su cultura y ejercer su espiritualidad, es incomprensible al interior de los recintos penitenciarios por el desconocimiento del personal uniformado y no uniformado que trabaja. Lamentablemente se ha tenido que llegar a establecer huelgas de hambre porque no ha funcionado el diálogo ni se ha querido entender ni buscar la forma de dialogar.

También debo señalar que durante el gobierno de la administración anterior se dictó la Resolución Exenta 29 25, dictada por el ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, en la cual se establecía que no existía una normativa penitenciaria y que esta debiera adecuarse al Convenio 169. Por lo tanto, también en esta resolución se señala claramente el trato, la forma de alimentarse respecto a la espiritualidad y también la atención que debieran ser considerados al interior de los recintos penitenciarios para aquellas personas que están privadas de libertad y que son de pueblos originarios.

- Usted también ha hecho público que familiares de los huelguistas han denunciado tratos racistas por parte del personal de Gendarmería, además de la prohibición de acceder a su cultura y la negacición del derecho a ejercer su espiritualidad, ¿se ha manifestado este hostigamiento de otra forma?

- Durante el año 2023 tuve la oportunidad de participar en una comisión investigadora respecto a los beneficios de las personas que están privadas de libertad y que pertenecen al pueblo mapuche. Ahí se estableció claramente, tanto por Gendarmería como por la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, que se deberían llevar a cabo las consultas para adecuar la normativa existente de los recintos penitenciarios al Convenio 169, porque además los propios familiares y las vocerías habían solicitado pronunciamiento a la Corte de Apelaciones de Concepción y esta ordenaba a Gendarmería a que debieran capacitarse en el Convenio 169 de la OIT, para que de esta manera puedan prestar las atenciones, las consideraciones, las definiciones políticas al interior de los recintos penitenciarios.

Por el desconocimiento existente respecto a los derechos que tienen las personas que están privadas de libertad de acceder a su cultura y ejercer su espiritualidad, es incomprensible al interior de los recintos penitenciarios por el desconocimiento del personal uniformado y no uniformado que trabaja. Lamentablemente se ha tenido que llegar a establecer huelgas de hambre porque no ha funcionado el diálogo ni se ha querido entender ni buscar la forma de dialogar. Eso es una situación que ya ha pasado muchas administraciones. Yo entendía que esta administración [sería distinta] con personas que conocen, que han tenido la oportunidad de trabajar en gobiernos anteriores y saben de los procedimientos y el respeto a la cultura y a la espiritualidad de los pueblos.

- En adición, el Gobierno señaló que ingresó un recurso de apelación para revocar la libertad condicional otorgada al machi Celestino Córdova, ¿cómo afectan ese tipo de decisiones al interior de las comunidades, qué interpretan del Gobierno?

- En su momento presenté mi crítica al Gobierno porque si bien era querellante, consideré que era un acto discriminatorio y racista haber ingresado la apelación para revocar la libertad condicional del machi Celestino Córdova, sin entender que el machi es una autoridad espiritual que además había dado cumplimiento a cabalidad teniendo un comportamiento ejemplar. Es un derecho que tienen todos quienes se encuentran privados de libertad. Sin embargo, a la autoridad espiritual del pueblo mapuche se solicita revocar su libertad condicional. Por lo tanto, una vez más se aleja la búsqueda de este diálogo, de este entendimiento, porque esto termina generando desconfianza sobre el actuar que tiene el gobierno con el pueblo mapuche.

No hay confianza en los territorios, porque la mayoría de las comunidades en el Bío Bío y en La Araucanía, ha sido una queja constante que pese a querer dialogar, a querer encontrar el entendimiento, se encuentran con sus territorios militarizados. Esta no sería la forma de encontrar la paz y el entendimiento, porque es imposible dialogar con los militares en el territorio.

- ¿Es posible establecer un diálogo real entre las comunidades mapuche con el Gobierno si se considera que en mayo de este año se cumplirán dos años bajo Estado de Excepción y, además, se avanzó en la denominada Ley de Usurpaciones? ¿Existe la confianza para ello?

- Claro que no hay confianza en los territorios, porque la mayoría de las comunidades en el Bío Bío y en La Araucanía, ha sido una queja constante que pese a querer dialogar, a querer encontrar el entendimiento, se encuentran con sus territorios militarizados. Por lo tanto, también el llamado que nos han hecho de manera permanente a la Comisión para la Paz y que me han hecho llegar de igual manera las propuestas de diversos dirigentes territoriales del territorio Wallmapu, señalando de que no quieren más militarización y que esta no sería la forma de encontrar la paz y el entendimiento, porque es imposible dialogar con los militares en el territorio.

- ¿Cómo evalúa el denominado Plan Buen Vivir? ¿Cree que es posible avanzar considerando las señales y  la forma en que el Gobierno ha actuado con las comunidades los últimos meses?

- Yo considero que este Plan Buen Vivir ha sido un acierto del gobierno para articular a los diversos servicios públicos en los diversos territorios. Por lo tanto, se esperaría que exista más presupuesto para que exista más inversión en infraestructura vial, en energización, en recursos para el desarrollo productivo en los sectores rurales de la Región del Bío Bío y La Araucanía. El año 2023 se ejecutaron recursos e inversiones tanto a través de los municipios con recursos Subdere, como también a través del Ministerio de Obras Públicas. en agua potable rural y en caminos.

Para el año 2024 también se considera la región de los Ríos y de los Lagos. Estos recursos siguen siendo insuficientes porque el Estado durante mucho tiempo no había atendido en estas materias a las comunidades, pero así también ha desatendido a la ruralidad. Este plan atiende no necesariamente a las comunidades mapuche, sino a las inversiones que van para esa comuna determinada, para ese territorio determinado. Y eso significa también que ha habido una deuda con la ruralidad. Y así mucho más compleja ha sido la realidad que viven las comunidades del pueblo mapuche en el territorio Wallmapu, pero no tan solo la realidad del pueblo mapuche, sino que esta es la realidad de todos los pueblos originarios en Chile, donde no hay inversión.

Por lo tanto, esperamos de aquí que exista una evaluación positiva en este segundo año de este programa, que están coordinándose por los diversos territorios y que le permita avanzar en inversión en el gobierno del presidente Gabriel Boric para que las familias puedan tener bienestar, puedan vivir en una mejor situación, pero van a ser muchos años más. Estos cuatro años no son suficientes para responder a la sentida demanda en la cual está el pueblo mapuche, diagnóstico que también hemos podido recibir en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que no ha sido fácil, ha sido compleja. Esta es la realidad que viven las comunidades en los diversos territorios y por lo tanto también serán aquellos antecedentes que colocaremos a disposición una vez que en noviembre tengamos que entregar el informe final a todas las instituciones que la suscribieron y en particular al Presidente Gabriel Boric.