Finalmente el país conoció una estrategia nacional para la industria del litio, que busca maximizar la renta económica del recurso, preservando su sustentabilidad. La carta de navegación en este nuevo océano de oportunidades de desarrollo para Chile dejó a los empresarios “descolocados”, según dijo el Presidente de la CPC, Ricardo Mewes y  causó “decepción” al Presidente de la Sofofa, Richard Von Appen, porque la decisión de preservar el control público de la actividad “no se condice con la necesaria confianza que requiere la colaboración público-privada”. 

Los máximos líderes empresariales no emitieron ni un solo juicio acerca de los contenidos de la estrategia nacional del litio en materia de agregación de valor, formación de capital humano, financiamiento de investigación y desarrollo o armonización de la industria con los ecosistemas de los salares y con las comunidades atacameñas. Lo único que concitó su atención fue la regla del control estatal sobre la actividad, a través de Codelco y Enami,  porque lo consideran un acto de desconfianza, pese a que la estrategia se basa en la activa participación privada. 

Es difícil descifrar el significado que estos dirigentes gremiales le dan a la palabra confianza, porque al reclamar contra la posición mayoritaria del sector público en este negocio no hacen otra cosa que desconfiar del Estado. La colaboración público-privada consiste justamente en la buena fe entre ambos sectores, tras el común propósito de obtener la máxima rentabilidad posible, pues cada uno se beneficiará en justa proporción a su aporte, sea este mayoritario o minoritario.  

Lo único que concitó su atención fue la regla del control estatal sobre la actividad, a través de Codelco y Enami,  porque lo consideran un acto de desconfianza, pese a que la estrategia se basa en la activa participación privada. 

Pero el concepto de confianza se volvió aun más confuso al escuchar al presidente de la Sonami, Cristián Argandoña, decir que “no es compatible la coexistencia de actores privados y públicos en la administración de una empresa, por cuanto los criterios de una empresa privada no responden a intereses políticos sino técnicos de mayor eficiencia y productividad”. ¿Habrá un acto más desconfiado que atribuir intereses políticos a la gestión empresarial del sector público sobre un recurso natural de todos los chilenos? 

Si las empresas mineras realmente pensaran que “no es posible la coexistencia” pública y privada en la gestión empresarial, no existirían proyectos mineros como El Abra, donde Codelco participa con el 49%, o Los Bronces, donde la estatal mantiene el 20%. Este último, controlado por Anglo American, acaba de recibir la aprobación ambiental del consejo de ministros para prolongar su proyecto minero en la zona cordillerana de Lo Barnechea. 

Cuando los comportamientos y las creencias de una persona no concuerdan, los psicólogos hablan de disonancia cognitiva. La misma contradicción que existe entre la conducta de empresas como Anglo American y Cyprus, asociadas a Codelco con grandes resultados, mientras el presidente de su gremio profesa una creencia opuesta, al sostener que no es posible esa coexistencia.  

La psicología también advierte sobre otra patología del entendimiento que se llama “ideologismo”. Este padecimiento puede llevar a una persona a negar la realidad porque se siente capaz de crear una nueva. Parecido a lo que evidencia el presidente de la CPC cuando considera que el control público del litio constituye un “desincentivo” para los privados, pues los obligaría a asociarse con una empresa como Codelco que “carece de musculatura” para involucrarse en esta actividad.

Ricardo Mewes no puede concebir que en enero pasado la cuprífera estatal emprendió una exitosa colocación de bonos en Nueva York, por US$ 900 millones a 10 años plazo, que impulsó una frenética carrera de más de 400 inversionistas internacionales interesados en sus nuevos proyectos.  

Es difícil soslayar el ideologismo que hay detrás de estas realidades paralelas: el metaverso de Mewes, que percibe la debilidad de Codelco para emprender nuevos proyectos, versus la evidencia empírica de una robusta empresa que ha contribuido con el 11% de los ingresos fiscales totales en los últimos 20 años y tiene una demostrada capacidad de apalancar recursos.

Si las empresas mineras realmente pensaran que “no es posible la coexistencia” pública y privada en la gestión empresarial, no existirían proyectos mineros como El Abra, donde Codelco participa con el 49%, o Los Bronces, donde la estatal mantiene el 20%.

Afortunadamente la ortodoxia ideológica que subyace al gran empresariado nacional no es contagiosa, porque los inversionistas internacionales recibieron con alto entusiasmo el anuncio de la estrategia nacional del litio.

“Creemos firmemente que esta iniciativa abre la puerta a que el desarrollo de la industria del litio genere

miles de nuevos empleos, transferencias tecnológicas, capacitación de capital humano y encadenamientos productivos en el país”, expresó Paula Estévez, gerenta general dela red de empresas estadounidenses AmCham Chile.

El anuncio “va en la dirección correcta, sobre todo por la gran relevancia que le está dando este gobierno a la tecnología de extracción directa y la reinyección de la salmuera, la que ya existe a nivel de producción industrial y está lista para operar en Chile”  expresó la empresa Sorcia Minerals, que tiene intenciones de ingresar al mercado local.

En febrero de este año la gigante tecnológica Tesla envió una delegación a Chile para plantearle al Gobierno su “interés por conocer los planes de desarrollo de Corfo en la industria del mineral blanco e I+D, así como las oportunidades de colaboración con Tesla y Albemarle", según indica el acta de una reunión de los ejecutivos estadounidenses con vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Los empresarios internacionales saben que los incentivos y las certeza jurídica no tienen nada que ver con el control estatal o privado de un negocio, sino con los pactos de accionistas que cada empresa interesada pueda negociar con la contraparte. Chile representa una oportunidad superior a cualquier otra reserva de Litio, porque los costos de producción basados en la salmuera y no en mineral de roca son sustantivamente menores y esa ventaja radica en el territorio, no en el socio controlador.

Afortunadamente la ortodoxia ideológica que subyace al gran empresariado nacional no es contagiosa, porque los inversionistas internacionales recibieron con alto entusiasmo el anuncio de la estrategia nacional del litio.

La derecha política no se ha quedado atrás de los dirigentes del gran empresariado en sus recriminaciones, pese a que durante la administración del Presidente Sebastián Piñera se guardó  en el cajón un informe de la Comisión Nacional del Litio creada en 2014 con 20 especialistas multidisciplinarios del sector público y privado que formularon varias propuestas para el desarrollo de la industria. La única iniciativa de ese gobierno se tomó a tres meses de culminar el mandato y fue rechazada por la Corte Suprema al dejar sin efecto una opaca licitación de contratos de operaciones para extraer 400 mil toneladas en distintas cuotas hasta 2050, cuyas bases ni siquiera demarcaban zonas geográficas. 

La trascendencia de esta estrategia de desarrollo para uno de los recursos naturales  más relevantes de la transición energética mundial debiera alentar debates de mayor altura, sofisticación y creatividad acerca de la articulación público-privada. Pero los dirigentes empresariales locales optaron por centrar la discusión en su cuota de propiedad en lugar de pensar en cómo atraer nuevos actores, desarrollar tecnología y expandir la industria. Es la diferencia entre empresarios para el desarrollo y empresarios subdesarrollados; los primeros agrandan la torta y los segundos solo miran el pedazo que les toca.